La falta del presupuesto 2002, clave del endurecimiento del FMI

La vorágine exaltada de la crisis, cuando nadie termina de digerir un conflicto antes de que se produzca otro de mayor magnitud, ha escondido datos relevantes. Una de esas referencias encubrió, por ejemplo, la responsabilidad de los dirigentes políticos argentinos en el endurecimiento del Fondo Monetario Internacional: ellos no estaban dispuestos, ni en el oficialismo ni en la oposición, a sancionar un presupuesto para el año próximo.

Hasta hace tres o cuatro semanas, el gobierno de Fernando de la Rúa también se había resignado a esa triste regresión.

No se podría explicar en ningún lugar civilizado del mundo que una nación que declaró, como lo anunció Domingo Cavallo, la convocatoria de acreedores y que incumplió los últimos compromisos con el FMI se presente ahora ante ellos sin un programa razonable de ingresos y de gastos.

Debe reconocerse que el único hombre del oficialismo que nunca dejó de hablar del presupuesto como una necesidad imperiosa para enfrentar a los organismos multilaterales, y a los propios acreedores, fue el viceministro de Economía, Daniel Marx. "Sin el presupuesto no nos irá bien", repitió ante oídos sordos de la administración y de la oposición.

Su función específica, secretario de Finanzas, lo obliga a conocer las normas y los reglamentos que orientan el mundo de las finanzas. En ese universo, como casi en todos los órdenes de la vida, no se puede cometer un error, pedir perdón y, al mismo tiempo, esconder la forma de enmendarlo. En tal caso, el resultado más probable es que el perdón sea negado, como sucedió, efectivamente, con el FMI, donde la Argentina es, además, el primer deudor.

Esta condición coloca una lupa especial sobre el país, porque cualquier decisión del FMI podría convertirse en un precedente para otras naciones endeudadas.

La historia del presupuesto del año próximo está teñida de pobres intereses. El Gobierno estaba obligado por mandato constitucional a enviar ese proyecto de ley al Congreso antes del primer día de octubre, pero dos semanas después debían realizarse las elecciones nacionales legislativas. Para que los necesarios recortes presupuestarios no influyeran en los resultados electorales, la administración mandó al Parlamento un borrador general e impreciso, cuyo tratamiento era inviable de antemano. Temía también que la oposición hiciera de esos ajustes una herramienta de campaña y los disimuló.

Concluido el acto electoral, lo que prevaleció, frente a un gobierno fuertemente debilitado, fueron las declaraciones anticipatorias de sustanciales modificaciones o de su directo rechazo. Tales amenazas estuvieron en boca de peronistas, de radicales y de frepasistas y ninguno de ellos desconocía -ni desconoce- la profundidad de la crisis y el agravamiento que podía significar un "no" del Fondo.

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El Gobierno, que podría haber apelado a la opinión pública (siempre más sensata que sus dirigentes) para imponer el debate sobre un racional programa de gastos públicos, prefirió no hablar más del tema -ni hacer nada- en la confianza de que siempre hay un Dios bueno para arreglar lo que los hombres arruinan.

Cuando el Fondo decidió enviar una delegación a la Argentina hizo también un gesto de buena voluntad, porque el país había incumplido todos los acuerdos políticos y económicos del blindaje de diciembre de 2000, tratado en el que debían inscribirse los desembolsos que se requerían. Fue un gesto político tan notorio que lo consiguió De la Rúa en un diálogo telefónico directo con el propio presidente del organismo, Horst Kšhler.

Por esos días, el presidente del gobierno español, José María Aznar, anticipó, luego de una reunión con George W. Bush en la que trataron durante 20 minutos el caso argentino, el decurso de la historia: "La Argentina tiene que hacer los deberes internos. Eso no lo puede hacer el exterior", disparó, y trazó a la vez la línea política de Washington y del Fondo que se desplegó en las jornadas siguientes.

Los funcionarios del Fondo llegaron a la Argentina y los deberes no estaban hechos: no había presupuesto ni una ley definitiva y realista de coparticipación federal. Al cabo de una semana, el jefe de la delegación, Tomás Reichmann, adelantó su regreso a Washington; fue el prenuncio casi corporal del "no".

En una última reunión con De la Rúa, en Olivos, minutos antes de que despegara su avión, Reichmann no le mintió al Presidente sobre el resultado final de su gestión ni dejó de mostrar signos evidentes de su propia conmoción personal ante el informe que se aprestaba a firmar. Fueron instantes de intensa emoción entre los poquísimos protagonistas del encuentro.

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La clase dirigente no absorbió aún lo cerca que se estuvo del colapso y las declaraciones públicas siguen siendo de una asombrosa superficialidad, enmarcadas además por un caso tan patético como el protagonizado por el senador Carlos Verna y un grupo de adeptos en un restaurante, donde depredaron y agredieron, tal como lo reveló LA NACION. Verna era, junto con Augusto Alasino y Ricardo Branda, miembro del triunvirato que dominaba el viejo sistema del Senado. Ahora ha vuelto por obra y gracia del gobernador de La Pampa, Rubén Marín.

El momento actual no es menos dramático que el que precedió al rechazo del FMI. Se han escrito en los últimos días muchas evaluaciones sobre la posición del organismo, pero ésta -según fuentes inmejorables de Washington- podría sintetizarse de esta manera: o la Argentina define un presupuesto de déficit cero creíble para el año próximo o deberá devaluar su moneda.

En términos de poder dentro de la Argentina, la opción es otra: o la política cumple con su función y elimina sus gastos abiertos y encubiertos o llegará al escándalo político y social más pronto de lo que cree.

Escenario crítico

• “Sin el presupuesto no nos irá bien”, es el mensaje que repite, ante oídos sordos de la administración aliancista y de la oposición, el viceministro de Economía, Daniel Marx.

• La historia del presupuesto del año próximo está teñida de pobres intereses. El Gobierno estaba obligado por mandato constitucional a enviar ese proyecto de ley al Congreso antes del primer día de octubre último, pero dos semanas después debían realizarse las elecciones nacionales legislativas.

• Concluido el acto electoral, lo que prevaleció, frente a un gobierno fuertemente debilitado, fueron las declaraciones anticipatorias de sustanciales modificaciones en el proyecto de presupuesto 2002 o de su directo rechazo.