La fiscalía pidió la indagatoria de Jaime por enriquecimiento ilícito

La causa que investiga por enriquecimiento ilícito a Ricardo Jaime vuelve a avanzar: el fiscal federal Carlos Rívolo pidió ayer la indagatoria del ex funcionario, que está acusado de un fabuloso crecimiento patrimonial durante los seis años en que fue secretario de Transporte.

En los próximos días, el juez Sebastián Casanello resolverá este pedido, que no sólo incluye la citación de Jaime sino también la de sus presuntos testaferros más cercanos: su hermano, sus hijas, su ex pareja, las hijas de ésta y su ex suegra. También, la de dos abogados que participaron de la compra de un barco de un millón de dólares que los investigadores sospechan que integra el patrimonio oculto de Jaime.

Según el ex secretario, no hay pruebas válidas que permitan ligarlo al buque, un crucero Altamar 64. Así lo sostuvo hace dos semanas, cuando fue intimado para que justificara cómo lo había adquirido. Entonces, dijo que no era suyo y pidió la nulidad del requerimiento.

Ayer, Casanello rechazó su planteo: sostuvo que el pedido de nulidad era "evidentemente improcedente" y que se trataba de una maniobra dilatoria de la defensa; por eso le impuso las costas; es decir, los gastos del proceso.

Además, Jaime había vuelto a pedir la inconstitucionalidad de toda la causa, en un escrito en el que cuestionó la validez del delito de "enriquecimiento ilícito", que obliga al funcionario sospechado a explicar cómo hizo su fortuna. Casanello también rechazó ese planteo.

En este expediente, que ya cumplió cuatro años, Jaime todavía no fue citado. Rívolo lo pidió cinco veces, pero Norberto Oyarbide, juez anterior de la causa, había pospuesto el llamado hasta que estuviera listo un amplio peritaje que había ordenado. Ese estudio ya se terminó y mostró un enorme crecimiento en los bienes de los parientes de Jaime, aparentes prestanombres.

Una moto y una casa

Todo lo que Jaime admitió tener cuando dejó su cargo fue una moto y una vieja casa en Santa Cruz, pero los investigadores creen que esconde un patrimonio multimillonario. Por eso, hace más de tres años, Oyarbide le trabó un embargo por $ 40 millones, que sigue vigente.

Le adjudicó entonces ocho inmuebles: cuatro en Córdoba, dos en Santa Cruz y dos en Florianópolis; un avión, una sociedad fantasma creada para esconder propiedades, y el yate Altamar 64.

El delito de enriquecimiento ilícito castiga a aquel funcionario que "al ser debidamente requerido no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo". Por eso, la Justicia debe, en primer lugar, darle la posibilidad de que explique cómo hizo crecer su patrimonio.

Jaime ya había sido requerido por todos sus supuestos bienes, pero faltaba que se lo intimara por el buque. Fue en respuesta a ese requerimiento que había planteado la nulidad rechazada ayer. Con todos los trámites cumplidos, Rívolo presentó su nuevo pedido de indagatoria.

En su escrito sostuvo que la defensa de Jaime "no se expresó respecto de la mayoría de las constancias recabadas" y "se restringió a desconocer toda vinculación con la embarcación"; lo mismo que hizo, afirmó Rívolo, "con varios otros bienes que se le atribuyen".

Además, Jaime había argumentado que Rívolo usó como prueba un mail que formaba parte del conjunto de correos descubiertos en las computadoras de un asesor del ex funcionario que fueron declarados nulos por Oyarbide, en un fallo confirmado por la Sala I de la Cámara. Rívolo alegó que tenía pruebas independientes que lo ligaban al buque. El juez le dio la razón.

En las últimas semanas, Jaime logró superar con éxito serios inconvenientes judiciales. Se suspendió el que iba a ser su primer juicio oral (por la supuesta sustracción de una prueba) y, después de pasar siete días en la clandestinidad, consiguió que la Sala I fallara en su favor en un caso por estafa. Se garantizó así que, al menos por el momento, no irá a la cárcel.