La fiscalía pidió una batería de medidas en la denuncia contra la gestión kirchnerista del PAMI compra de medicamentos oncológicos

La fiscalía pidió realizar una batería de medidas de prueba en la denuncia contra la gestión del PAMI del kirchnerismo por la compra de medicamento oncológicos con supuestos sobreprecios de hasta 16 veces su valor, que denunció la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

El fiscal federal Ramiro Gonzalez pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti que el Ministerio de Salud y el PAMI informen sobre los mecanismos de contratación de 34 medicamentos que la denuncia menciona que se pagaron muy por encima del valor de mercado, según su dictamen al que accedió La Nacion.

Se trata de una serie de remedios comprados en 2023 por el PAMI mediante un mecanismo conocido como “Convenio PAMI-Industria”. Dijo Carrió que algunas drogas se pagaron entre dos y 16 veces más caras que las adquiridas vía licitación pública, donde hay una competencia de precios entre distintos oferentes.

La principal denunciada por Carrió y Hernán Reyes, es Luana Volnovich, extitular del PAMI, la agencia de colaboración empresaria Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales y las firmas Elea Phoenix SA., GP Pharm SA., Laboratorio Kemex SA., Biosidus SAU. y Laboratorios Raffo SA.

Volnovich rechazó en X la denuncia, dijo que era “una operación” y “una completa estupidez“, y mencionó que se compra por licitación y por convenio. Se acude a este mecanismo cuando el laboratorio no cumple, explicó. Dijo que en las compras ”por convenio” se factura “a precio de convenio (que suele ser más alto que el de la licitación) y chan chan chan…se le DESCUENTA al laboratorio que no proveyó la licitación el 100% del valor que pagó PAMI por convenio”. Dijo que no hay perjuicio para el paciente ni para el PAMI.

Ahora el fiscal Gonzalez le pidió a la jueza Capuchetti que pida el “Convenio Marco de Adhesión PAMI” mediante el cual se adquirieron esos remedios.

Solicitó además que se pida al Ministerio de Salud y al PAMI como se contraron los principios activos Abemaciclib; Afatinib; Alectinib; Anastrozol; Apalutamida; Atezolizumab; Bevacizumab; Brigatinib; Cabazitaxel; Ceritinib; Cetuximab; Ciclofosfamida; Crizotinib; Darolutamida; Docetaxel; Enzalutamida; Erlotinib; Exemestano; Fluorouracilo; Gefitinib; Irinotecan; Letrozol; Nivolumab; Osimertinib; Palbociclib; Pembrolizumab; Pertuzumab; Ribociclib; Rituximab; Trastuzumab; Trastuzumab emtansina; Vincristina entre 2018 y 2024.

El fiscal también pidió conocer el rol que desempeña la Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales, con relación a los contratos o convenios de suministro de estos medicamentos. Y solicitó que se indique -desde el 2018 a la fecha- la evolución de precios trimestrales de cada unidad de estos medicamentos explicando cómo fueron adquiridos.

González quiere saber qué procedimientos de negociación existieron y qué participación tuvo la Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales en esas conversaciones.

La fiscalía quiere saber si se han empleado mecanismos tendientes a la verificación de la estructura de costos y del precio de salida de laboratorio, si se usaron precios de referencia y si existe algún acto administrativo para comprar estos medicamentos mediante una licitación internacional.

El PAMI tiene más de cinco millones de afiliados y es el principal comprador de remedios del país porque representa más del 40% del mercado. El 50 % de los pacientes oncológicos los atiende PAMI, dijo Volnovich. La Coalició Cívica basó su denuncia en pedidos de información pública dopnde compararon el valor de compra del mismo medicamento, provisto por el mismo laboratorio y en un mismo período en una y otra modalidad de contratación.

“Se fijaron precios diferenciados de manera alevosa respecto de los mismos medicamentos en uno y otro procedimiento de contratación”, señaló la denuncia. “A través del Convenio Marco se han establecido precios que exceden considerablemente los montos que luego han sido contratados mediante licitaciones”, dice la denuncia,

El PAMI opera históricamente con dos mecanismos de compra de medicamentos: el Convenio PAMI-Industria o “convenio marco” con las cámaras nacionales e internacionales de laboratorios, y las licitaciones, donde hay compulsa de precios.

Para hacer la comparación de precios, Carrió y Reyes hicieron pedidos de información pública sobre un corpus de ocho principios activos destinados a tratamientos oncológicos: anastrozol, ciclofosfamida, letrozol, docetaxel, bevacizumab, rituximab, enzalutamida, y erlotinib.

A partir de ahí, se detectaron los siguientes casos:

• En el Convenio Marco, el laboratorio GP-Pharm colocó 1098 unidades de anastrozol de 1 mg en 28 comprimidos durante el cuarto trimestre de 2023, por $13.192 la unidad. El mismo producto, por el mismo oferente y en el mismo trimestre, fue adquirido a $924 la unidad (14 veces menos) por un total de 358 unidades en la Licitación LP N° 44/22.
• PAMI le compró al mismo laboratorio 869 unidades de ciclofosfamida de 1000 mg en el tercer trimestre de 2023 por $5.312. En el trimestre inmediatamente anterior se adquirieron 4.231 unidades por $1.200 cada una (cuatro veces menos) con la Licitación LP N°79/22.
• GP-Pharm también logró diferencias llamativas para la adquisición de letrozol 2,5 mg en comprimidos de 30. En el cuarto trimestre de 2023, por Convenio Marco se adquirieron 2.632 unidades a $16.923 cada una. El mismo producto, en la misma época, fue adquirido por 288 unidades al precio de $1.080 cada una a través de la Licitación LP N° 44/22. “Esto significa que la administración pagó 16 veces más a través del convenio marco pese a haber obtenido el mismo medicamento a un precio mucho menor en la licitación”, dice la denuncia.
• En el caso del docetaxel de 20 mg se adquirieron a GP-Pharm 59 unidades a $19.012 cada una en el cuarto trimestre de 2023 vía convenio mientras el mismo se obtenía a $1.213 (15 veces menos) por la Licitación LP N° 44/22.
• Laboratorio Kemex, por su parte, comercializó cinco unidades de erlotinib de 150 mg en 30 comprimidos por $295.792 por convenio marco en el cuarto trimestre de 2023. En el mismo período se adquirieron 34 unidades por $20.242 cada una (14 veces menos) a través de la licitación N° 44/22.

LA NACION intentó contactarse con el laboratorio GP Pharm y con la cámara que lo nuclea peor no hubo respuesta al igual que Kemex.

La denuncia también abarca casos con grandes laboratorios:

-El laboratorio Elea Phoenix vendió 589 unidades de bevacizumab 100 mg en el cuarto trimestre de 2023 por $91.121 cada una a través del convenio marco mientras que por la licitación N° 44/22 vendió 379 unidades de ese mismo medicamento a $17.000 cada una (cinco veces menos). En la dosificación de 400 mg se adquirieron 554 unidades por convenio marco a $330.061, mientras que por licitación, ese laboratorio vendió 468 unidades a $68.000 (también, cinco veces menos).

Según pudo reconstruir LA NACION para este caso, la licitación N° 44/22 fue convocada en junio de 2022 y las entregas de los medicamentos se iniciaron en octubre de ese año. El contrato preveía la provisión del bevacizumab por un año con cláusula de prórroga por otros seis meses con redeterminación de precios. En la licitación resultaron ganadores los laboratorios Amgen Biotecnología de Argentina (con el 70% de la provisión) y Elea Phoenix (con el 30% restante). Al momento de la prórroga, en octubre de 2023, solo Elea Phoenix tenía disposición para seguir entregando de forma inmediata y PAMI le compró el bevacizumab -vía convenio marco- para los últimos tres meses del año indexando el precio por inflación y con menores descuentos. Eso explicaría, presuntamente, la diferencia de precios entre ambos mecanismos.

Otros dos casos denunciados por la CC corresponden al laboratorio Raffo y a Biosidus, ambos encuadrados dentro de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa).

-El laboratorio Raffo vendió, en el primer trimestre de 2023, una presentación de 120 capsulás blandas de enzalutamida de 40 gramos por $375.646 vía convenio marco y 204 presentaciones a $183.500 cada una (la mitad) vía licitación (LP N°79/22) adquiridas en el primer trimestre de 2023.

-Biosidus vendió dos unidades de rituximab de 500 mg por $124.801 la unidad vía convenio marco en el cuarto trimestre de 2023, mientras que en el segundo trimestre de ese mismo año vendió 2.283 unidades de ese mismo medicamento por Licitación N°79/22 a $53.520 cada una (un 58% más barato).

Consultados por este medio, fuentes del sector justificaron que “toda comparación debe contemplar que PAMI tiene distintos mecanismos de compra, con regímenes legales, volúmenes y precios distintos, afectados además por el contexto económico”.

Y especificaron que “en 2022 y 2023 algunas licitaciones de PAMI se mantuvieron con precios congelados por hasta dos años y generaron fuertes perjuicios al sector farmacéutico en un contexto de alta inflación, control de precios y control de cambios. Por otro lado, cada régimen de contratación es diferente: en un caso se trataría de precios fijados por cantidad y exclusividad derivada de licitaciones, mientras en el convenio se trataría de cantidades mínimas vendidas con un descuento sobre el precio de venta al público. Las licitaciones de PAMI tienen tiempos administrativos que pueden generar solapamientos entre un sistema y el otro. Las licitaciones suelen hacer una previsión de cantidades que a veces puede verse superada mínimamente durante el plazo de la licitación y requieren utilizar el sistema del convenio marco”.

Consultados por LA NACION, cerca de Luana Volnovich señalaron: “Entre 2020 y fines de 2023 logramos mantener los precios de los medicamentos siempre por debajo de la inflación. El aumento del convenio de medicamentos fue de 332,5% y el IPC acumulado fue 499%. Las licitaciones siempre fueron un mecanismo complejo dada la histórica capacidad del sector para cartelizarse. Sin embargo, nuestros gestión fue la que más licitaciones exitosas tuvo”.

Y agregaron que “en caso que algún producto licitado no pudiera ser provisto por la empresa adjudicataria como el fin supremo es garantizar en tiempo y forma los tratamientos oncológicos, el protocolo indica que ese producto sin stock se adquiera a través del convenio marco”.

“En esos casos, para evitar un perjuicio al organismo, se generan débitos a la empresa que no proveyó por licitación el medicamento correspondiente. Es decir: se le cobra a la empresa que incumplió con la licitación el valor total del medicamento comprado. A diferencia de la gestión de Cambiemos, nosotros nunca condonamos ninguna deuda por débitos a ningún laboratorio”.

En 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, PAMI sacó del esquema a Farmalink, una empresa privada intermediaria que se encargaba de validar, procesar y auditar las recetas de los medicamentos encuadrados en los convenios marco.

Farmalink era controlada por las cámaras del sector. El fin de la intermediación se presentó como un paso para dar mayor “transparencia”, alcanzó a los medicamentos para la diabetes y la hemofilia, entre otras patologías. La medida no implicó a los medicamentos oncológicos que conservaron la intermediación de la Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales (ACE Oncología) como mandataria a cargo.

La gestión actual de PAMI prorrogó los acuerdos marco para la compra de medicamentos. Y, en agosto del 2024, repuso a Farmalink para implementar mecanismos de control de dispensa y auditoría.

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