La fiscalía pidió cuatro años de cárcel para Julio De Vido y ocho para Ricardo Jaime

La fiscal federal Gabriela Baigún pidió condenar al exministro de Planificación Federal Julio De Vido a la pena de cuatro años de prisión por haber defraudado al Estado con la compra de trenes chatarra a España y Portugal. También solicitó que al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime se le aplique una pena de ocho años de cárcel y una multa de 15.860.336 pesos por ese fraude, por enriquecimiento ilícito y por otra defraudación vinculada con el tren Belgrano Cargas.

De Vido ya está condenado a cinco años y ocho meses de prisión por la tragedia de Once, pero como ese fallo no está firme -está en la Corte para su revisión-, está excarcelado, en su casa, desde donde siguió por Zoom el juicio, vestido de sport, con una remera deportiva azul.

Jaime, en cambio, está preso y condenado a ocho años de cárcel, por lo que una eventual condena en esta causa se deberá calcular teniendo en cuenta este castigo que ya cumple. La decisión será de los jueces José Martínez Sobrino, Fernando Canero y Julio Panelo, a cargo del juicio oral.

En su alegato de hoy, Baigún pidió ocho años de pena para Jaime, que no participó de la audiencia por problemas de salud. Además de por la compra de los trenes chatarra, lo acusó de enriquecimiento ilícito. Sostuvo que reunió un patrimonio injustificado que incluyó un yate de un millón de dólares, un avión de casi cinco millones de dólares, autos, casas, hoteles, departamentos, terrenos, motos y autos, imposibles de adquirir con sus ingresos legales. Para el resto de los participantes en este delito, como testaferros de Jaime, incluidos sus familiares e hijos, la fiscalía ya había pedido penas de entre dos y tres años de prisión.

Además, por los trenes chatarra la fiscal entendió que Jaime cobró un soborno de casi un millón de dólares, mediante servicios simulados por una consultora de su testaferro Manuel Vázquez.

Para Vázquez, la fiscalía solicitó una pena de cinco años y ocho meses de prisión, y una multa de casi once millones de pesos.

La fiscal entendió que De Vido y Jaime eran autores paralelos del delito, sin necesidad de que uno supiera lo que estaba haciendo el otro.

La fiscalía sostuvo que son agravantes para condenar a Jaime y a De Vido sus cargos, encumbrados; su nivel de instrucción y la reiteración de episodios. En cambio, como atenuantes valoró el tiempo que llevan sometidos a proceso sin certezas.

El 6 de diciembre próximo alegará la defensa de Jaime; después será el turno del resto de los acusados y el veredicto se conocerá en febrero, luego dela feria judicial de enero.

Baigún rechazó el argumento de la defensa de Jaime sobre su supuesta falta de facultades en materia de transporte ferroviario y enumeró las incumbencias que tenía el funcionario para hacer las compras indicadas en un plan de modernización ferroviaria dispuesto por decreto, que incluía adquisiciones internacionales.

Quién debía arreglar los trenes

Negó la fiscal que fueran las empresas concesionarias las que debían arreglar los trenes chatarra comprados a España y Portugal con fondos del Estado Nacional, ya que las empresas nunca fueron consultadas sobre lo que necesitaban antes de efectuar las compras y cuando la Argentina recibió ese material rodante, en algunos casos, no era compatible con sus vías. “Todo esto generó un elevado perjuicio económico para la arcas públicas”, dijo la fiscal.

Según Baigún, De Vido fue la máxima autoridad encargada de los contratos con España y Portugal. Citó en ese sentido la declaración del hombre de confianza de De Vido, Rafael Llorens, quien estaba a cargo del área jurídica del ministerio, que dijo que el ministro era quien revisaba en última instancia todo lo que era llevado a su conocimiento.

Dijo al fiscal que era su responsabilidad ejecutar el plan ferroviario dispuesto por un decreto presidencial de Néstor Kirchner luego de la firma de una acuerdo con el reino de España. El ministerio presentó el plan de obras, mediante la secretaría de Jaime.

Baigún afirmó que incluso el propio De Vido suscribió dos de los contratos que “obligaron al Estado” a cambio de material que “resultó inservible en importante porcentaje”.

“De Vido ejerció un rol activo en la maniobra, mínimamente mediante la firma del contrato”, dijo. Uno de esos contratos, con Caminos de Ferro de Portugal, fue por la compra de 17 unidades turbodiesel de las cuales doce no fueron utilizadas.

La fiscalía dijo que su firma no fue protocolar. “No pudo desconocer la deficitaria implementación del acuerdo”, sostuvo Baigún sobre De Vido. Y argumentó que cambió el modo de implementar la política ferroviaria porque lo que venía haciendo Jaime “no cumplió con su objetivo y con su política pública”.

Según Baigún, De Vido siempre tuvo a su alcance la reparación de las formaciones y “le esta asignada por ley la función de supervisar el sistema ferroviario del país”.

La fiscal enumeró la señales que recibió De Vido de las irregularidades y el “tono peculiar y forma de trabajo” de Jaime. “Era ostensiblemente ilegal el obrar de Jaime y no puede defenderse alegando que estaba amparado por el principio de confianza, que cede cuando se da la defraudación de expectativas”, dijo Baigún.

Una prueba en la que se apoyó la fiscal es que la mitad de los trenes comprados (54% -o 94% según la AGN-) nunca se usó. “Es demasiado ostensible y notorio, y no le pudo haber pasado desapercibido [a De Vido] -dijo la fiscal-. Es evidente que De Vido sabía de las irregularidades de estas compras y no actuó. Recibió al menos 20 informes de la AGN sobre las gestiones de Jaime y de Juan Pablo Schiavi.”

Baigun pidió en cambio la absolución de los integrantes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Ricardo Domingo Testuri y Carlos Retuerto Castaño, porque dijo que cumplieron con sus funciones técnicas.

En cuanto a Jaime, Baigún resaltó su falta de experiencia en temas de trenes y transportes, su estilo individual para tomar decisiones, sin consultar con nadie, ni con el área técnica, y señaló que sus allegados tampoco sabían nada del tema ya que eran sus compañeros del equipo de fútbol.

Jaime era competente para hacer las compras, dijo la fiscal, que insistió en que no era cierto que el material rodante debiera ser reparado por las concesionarias de trenes con fondos nacionales. “No puede pretenderse que una empresa a la que se le asignó material rodante que no pidió y no era compatible, tuviera iniciativa para repararlo”, dijo.

Jaime tomaba las decisiones de manera personal, en consulta con Manuel Vázquez -afirmó Baigún-, sin perjuicio de tener allí personal técnico calificado.

“Jaime recibió sumas de dinero, como surge de los contratos con la firma Expansión Exterior y la consultora de Manuel Vazquez, Caesa”, que actuó como testaferro, dijo la fiscal. Baigún consideró que Jaime nunca quiso que salieran a la luz esos contratos porque ponían a disposición de Expansión Exterior el canal para recibir su beneficio económico. “Es la manera en que Jaime cobró retornos por las contrataciones por 913.000 euros, casi un millón de dólares”, dijo la fiscal.

Jaime alegó que los medios de comunicación instalaron que se habían comprado trenes chatarra, pero que eso no era así, sino que estaba previsto que las formaciones se repararan a nuevo y que fue la gestión de Néstor Kirchner la que negoció para que esos arreglos se efectuaran en la Argentina con trabajo nacional. “Fue un logro de la gestión de Néstor Kirchner”, dijo. Señaló que luego los trenes fueron dejados abandonados, al termino de su gestión.

La fiscalía respondió que era una pena que Jaime no hubiera asistido al juicio para ver lo abrumadora que era la prueba en su contra. “No es una decisión política, sino las irregularidades que rodearon la política publica”, enfatizó Baigún.

El 6 de diciembre próximo alegará la defensa de Jaime; después será el turno del resto de los acusados.

Por Hernán Cappiello

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