La industria tabacalera: batallas legales, internas políticas y el rol del “Señor Tabaco” y el juez Lijo

La eliminación del capítulo tabacalero de la ley Bases enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso reavivó las internas de una industria marcada por mutuas acusaciones de lobby entre sus jugadores más pesados, en la que se cruzan los intereses de la política y que tiene, incluso, derivaciones judiciales que incluyen al juez federal postulado por el gobierno para la Corte Suprema, Ariel Lijo.

Son tres los jugadores de peso en el mercado local y que concentran casi el 90% del negocio: Massalin Particulares (filial de Phillip Morris Argentina), Tabacalera Sarandí (del empresario Pablo Otero), y British American Tobacco (ex-Nobleza Piccardo). La disputa principal se da entre Massalin Particulares y Sarandí, aunque esta última es señalada por la totalidad de las empresas del sector tabacalero por la desigualdad de condiciones tributarias que le permitieron crecer de manera exponencial.

La venta de cigarrillos tiene una presión tributaria que ronda el 80%, dado que se encuentra gravada con cinco impuestos: el Fondo de Asistencia Social (FAS), el Fondo Especial del Tabaco (FET), los impuestos internos, el IVA e Ingresos Brutos, cuya recaudación alcanza, según fuentes del sector, los $650.000 millones anuales, que se distribuyen entre el Tesoro Nacional, los gobiernos provinciales, las provincias tabacaleras y la Anses.

La disputa tiene que ver, en principio, con que la empresa Sarandí creció exponencialmente gracias a una aceitada estrategia judicial que le permitió no pagar el impuesto interno mínimo, un tributo que se lleva cerca de la mitad del precio de venta de cada paquete de cigarrillos. Amparada por fallos judiciales, Sarandí logra vender desde hace siete años muy por debajo de los precios de sus competidores y pasó de tener el 5% del mercado, al 30%.

Las grandes multinacionales, pero también las empresas agrupadas en la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras (Canet), denuncian una competencia desleal, dado que la empresa de Pablo Otero –a quien Javier Milei bautizó “Señor Tabaco”– está eximida del pago de ese impuesto por una serie de medidas cautelares.

La intención del Gobierno era, a través de un capítulo incluido en el proyecto de ley Bases, eliminar el impuesto mínimo y subir de 70% a 73% la alícuota del impuesto interno. De esa manera, se intentaba, como dijeron fuentes oficiales en su momento, poner en pie igualdad a toda la industria y hacer que todas las empresas paguen lo mismo. Quienes desde las filas de la empresa Sarandí objetaban esa iniciativa la llamaban “Ley Massalin”, igual que como calificaron la ley incluida en la reforma tributaria promovida por el gobierno de Mauricio Macri en 2017.

“Si Sarandí planteó durante años que el [impuesto] mínimo era inconstitucional, ¿por qué no apoyaba la eliminación del impuesto?”, planteó en diálogo con este medio el representante de una tabacalera nacional que tiene estructura mediana. Al respecto de esa inquietud y sobre las disputas del sector, LA NACION consultó a la empresa Sarandí para esta nota, pero sus funcionarios optaron por no hacer declaraciones. Sin embargo, un viejo operador afín a la empresa dijo a este medio que, por el contrario a lo que se dice, existe un “poderoso lobby” de las multinacionales para promover las modificaciones que, por ahora, no prosperaron.

Casi la totalidad del sector tabacalero apuntó, por lo bajo, a un conjunto diputados nacionales de hacer lobby a favor de Sarandí para lograr la eliminación del capítulo tabacalero de la ley Bases. Uno de los señalados –incluso desde las filas de una multinacional del sector– es Cristian Ritondo, y también aparecen mencionados Diego Santilli (ambos de Pro), Carlos Castagneto (Unión por la Patria) y Carlos Zapata (ex-Ahora Patria y actualmente La Libertad Avanza), quien había presentado un proyecto alternativo.

Ritondo y Santilli negaron las gestiones para bajar el capítulo de la ley. “La posición de Pro es ni Massalin Particulares ni Sarandí. Proponemos un proyecto que replica lo que funciona en el mundo: altos impuestos para que el precio del tabaco sea más caro; fijar un precio mínimo salud; eliminar el impuesto mínimo, que generó todas las distorsiones; buscar un mecanismo para buscar la evasión fiscal y suprimir la estructura de controladores que planteaba el Gobierno”, aseguró Santilli a LA NACION.

Castagneto fue titular de la AFIP durante el gobierno anterior y las grandes tabacaleras señalan que, en el período entre que salió el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la cautelar que beneficiaba a Sarandí y que esta empresa logró una nueva cautelar de la Justicia, la AFIP no se inquietó por cobrar la deuda impositiva que tenía la tabacalera nacional por no tributar el impuesto mínimo.

Pero también hay quienes incluyen a José Luis Espert, que conduce la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de haber querido favorecer a Sarandí. Espert se refirió recientemente a la ley, en diálogo con LN+, como “ley Massalin”, que es la etiqueta utilizada por quienes defendían los intereses de Sarandí en esta disputa.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se mostró furioso tras el retiro del capítulo tabacalero de la ley Bases. El interés de las provincias del norte, donde se produce el tabaco, se basa en que los impuestos internos a los cigarrillos son coparticipables, con lo cual afecta directamente a las cuentas provinciales. Los tabacaleros del norte del país suelen quejarse de que el dinero recaudado por el FET es menor por las empresas que no pagan los impuestos que deberían. El economista Lucas Llach, muy cercano a Federico Sturzenegger, también fue muy crítico al respecto y se hizo eco de los dichos de Sáenz con un retuit.

El negocio del tabaco también tiene impacto en su arista gremial. En lo que respecta a los gremios, se trata de un botín de cientos de millones de pesos anuales que se reparten entre la Obra Social del Personal del Tabaco (41%); Osprera, de la Uatre (31%), y la Obra Social de Empleados del Tabaco (28%).

El capítulo judicial

Tabacalera Sarandí no tributa el impuesto mínimo gracias a una serie de medidas cautelares que obtuvo de la justicia en lo contencioso administrativo. El juez de ese fuero que llevó el planteo es Enrique Lavié Pico. Primero rechazó una medida cautelar solicitada por la empresa, pero su decisión fue revertida luego de un fallo la Cámara en lo Contencioso Administrativo Incluso, por decisión de los jueces Marcelo Daniel Duffy y Jorge Eduardo Morán.

El caso llegó a la Corte Suprema por una queja de la AFIP. Cuando el caso llegó al máximo tribunal, Tabacalera Sarandí recusó al juez Carlos Rosenkrantz por considerar que existía un “conflicto de intereses” que le impedía ser imparcial a la hora de resolver el conflicto. La empresa denunció que la hija del juez trabajaba, o había trabajado, en un estudio jurídico que atendió durante años a las tabacaleras. El magistrado se abstuvo de votar. El máximo tribunal falló en contra del planteo de la tabacalera en 2021.

Pero aún así Sarandí logró sortear el pago del impuesto cuando hubo un pronunciamiento a su favor sobre el fondo de la cuestión y se dictó una nueva cautelar. La Corte todavía debe pronunciarse sobre ese fallo. El argumento presentado por la firma ante la Justicia para no pagar el impuesto, en principio, era que el impuesto es inconstitucional y que por ser una pyme nacional no debía afrontarlo.

Pero Sarandí no solamente jugó su partido en el fuero contencioso administrativo. También inició denuncias en el fuero penal, donde acusó a la AFIP y a Phillip Morris, en distintos planteos judiciales, de actuar de manera conjunta para perjudicarla. El juez que avanzó en la dirección que planteó la firma Sarandí –patrocinada por el abogado Maximiliano Rusconi–, es nada menos que Ariel Lijo, postulado para la Corte Suprema por el gobierno nacional.

Desde 2022, Lijo avanzó contra los directivos de Massalin y contra exfuncionarios de la AFIP en un expediente por defraudación al Estado, cohecho, enriquecimiento ilícito y estafa procesal. El caso sigue abierto y, cuando se conoció el primer proyecto de ley ómnibus, que incluía modificaciones en los tributos de las tabacaleras, Sarandí presentó una nueva denuncia que también está en manos de Lijo, con una particularidad extra: apunta penalmente al cerebro del mega DNU y de las reformas promovidas por el Gobierno, Federico Sturzenegger. Lijo todavía no había sido oficialmente postulado por el Gobierno y habilitó la feria judicial para dar tratamiento a la denuncia. El abogado de la Tabacalera que auspicia sus demandas es Maximiliano Rusconi.

Tabacalera Sarandí no solo avanzó por la vía penal contra sus contrincantes del sector, sino que también buscó avanzar contra los periodistas que escriben sobre sus estrategias tributarias mediante la vía de cartas documento.

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