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La Inspección General de Justicia pidió que se designen veedores oficiales en la AFA para revisar los balances
El organismo de control solicitó al Ministerio de Justicia la designación de representantes para verificar la información contable que la entidad que preside Claudio Tapia no presentó; buscan conocer el destino de 450 millones de dólares
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LA NACIONCecilia Devanna
La Inspección General de Justicia (IGJ) pidió que se designen veedores oficiales en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La presentación fue hecha ante el Ministerio de Justicia de la Nación, horas después de que la AFA incumpliera con un plazo que le había impuesto desde el organismo de control para la presentación de una ampliación documental.
Según confirmaron a LA NACION fuentes del organismo dependiente del Poder Ejecutivo nacional, el pedido de veedores es para acceder a información contable que la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia no presentó a tiempo.
La presentación de la IGJ, que llevó la firma de Daniel Vítolo, titular del organismo, es para establecer una veeduría que apunte a los estados contables cerrados a mediados del año pasado, la creación de la universidad dependiente de la AFA y el análisis de relaciones comerciales de la institución futbolística con diversas personas.
La de la IGJ es una de las dos vías por las que el Gobierno avanza sobre la AFA y sus posibles desmanejos. La otra es la denuncia que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizó a fines del año pasado, con una denuncia en el fuero penal económico, en la que tanto Tapia como Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, fueron citados a indagatoria como sospechosos de evasión fiscal. De acuerdo a la denuncia, el eventual delito denunciado por la ARCA es por $7.593.903.512.
Vítolo pidió la designación de los veedores con el objetivo de que “procedan a obtener, recabar y compulsar la documentación y/o información solicitada y negada por la entidad a ese Organismo, así como verificar la existencia de otros actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto o los reglamentos de la entidad a cuyo fin”.
Vítolo aclaró, en declaraciones a los medios, que: “La intervención solicitada en grado de veeduría no implica sanción ni prejuzgamiento alguno, sino el ejercicio regular de las funciones de fiscalización previstas por la ley, y no es ninguna interferencia en el manejo y administración de la AFA en ninguno de sus campos de decisión ni actuación. La única finalidad es contar con información completa y verificable para determinar si corresponde adoptar medidas adicionales”.
En un comunicado, el Ministerio de Justicia informó en un comunicado que “la IGJ avanza con la solicitud de veedores en la AFA debido a la gravedad de las irregularidades”.
De acuerdo a la documentación a la que accedió LA NACION, entre las funciones que se solicita se asignen a los veedores están la presentación de un informe detallado respecto del contenido de los estados contables y financieros de la AFA cerrados al 30 de junio de 2025.
“La AFA ha resistido, con sus cuentas y partidas detalladas y abiertas, incluyendo su opinión fundada respecto del cumplimiento de la obligación de depósito de impuestos, aportes y contribuciones previsionales durante ese ejercicio auditar todos aquellos documentos relacionados con la creación, puesta en marcha, y equipamiento de la Universidad de la AFA “UNAFA”, y de todas aquellas operaciones patrimoniales y financieras, adquisiciones de inmuebles, bienes muebles, derechos y contrataciones de personal, directivos y autoridades, y de los convenios celebrados por y en relación con dicha Universidad con otras universidades y/o cualquier otro tercero", dice la presentación de la IGJ.
También pide auditar e informar respecto de toda la relación comercial, financiera o de cualquier otra naturaleza y de las operaciones existentes, concertadas y ejecutadas entre “la AFA y la firma TourProdEnter LLC y/o los Sres. Javier Faroni y/o Erica Gillette, y entre la AFA y Sur Finanzas S.A., sus sociedades controladas, controlantes, y vinculadas, así como con el resto de las sociedades integrantes del denominado Grupo Sur Finanzas, y/o con el Sr. Ariel Vallejo”.
De acuerdo a la verificación, a la que accedió LA NACION, el informe deberá incluir el análisis de los montos percibidos por TourProdEnter “en su carácter de comercializador de derechos de la AFA, a lo largo del desarrollo del contrato desde su celebración hasta la fecha del informe, indicando las rendiciones de cuentas de las operaciones concertadas y/o realizadas en los ejercicios en los cuales esa entidad hubiera actuado, señalando e identificando las remesas enviadas, recibidas y percibidas por la AFA en el exterior y/o remesadas al país; y revisar y se expedirse respecto de toda otra información o documentación que resulte necesaria compulsar y conocer a efectos de ejercer el contralor que le impone la ley a la IGJ”.
Para eso, los veedores deberán tener facultades para revisar los libros, documentos contables, soportes documentales de las operaciones registradas, y documentos vinculados con lo que se les pida.
Tras conocerse la decisión, Vítolo recordó que la IGJ “rechazó recientemente la pretensión de inscribir un cambio de domicilio a la provincia de Buenos Aires por considerar irregular la mudanza invocada”, ya que el intento de traslado “no respetó las formalidades legales exigidas”. Además, dijo que se declaró “una sede social falsa, en un espacio físico y territorial en el cual se ha verificado de modo incontrastable que allí la AFA no está, no se encuentra, no tiene instalación alguna ni funciona en ese predio la administración y gobierno de la entidad”. Y agregó: “La realidad es la única verdad, y la AFA no ha mudado en realidad su domicilio a la Provincia de Buenos Aires y mantiene hoy su sede social en la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de modo que la AFA sigue actualmente bajo la jurisdicción de la IGJ”.
La IGJ intimó por primera vez a la cabeza del fútbol local, en diciembre pasado. Ese plazo venció el 20 de enero pasado y la institución, como la Superliga, presentaron lo que le era requerido.
Luego de eso, la IGJ pidió más precisiones sobre el destino de 450 millones de dólares que figuran en sus balances y en los de la Superliga, desde 2017 a 2024. Les dio para eso un plazo de 10 días hábiles a la AFA para que envíe la información.
El organismo les pidió esas ampliatorias sobre lo que consideraban insuficiente. “Tenemos que seguir preguntando porque la función nuestra como organismo es seguir fiscalizando y les fuimos preguntando por todo lo que fue apareciendo”, había dicho Vítolo a LA NACION en la antesala de la decisión conocida hoy.
La IGJ tiene dudas respecto al destino de 111 millones de dólares de la AFA y otros 348 millones de dólares de la Superliga. Por eso pidió información sobre la composición de deudas, inversiones realizadas en el predio de la AFA, el recupero de varias actividades, entre otros conceptos.
El plazo para esa presentación venció ayer, pero solo la Superliga hizo su presentación. Por lo que, pasadas las primeras horas de este miércoles, el organismo dirigido por Vítolo empezó a elaborar la decisión a tomar a partir del incumplimiento de le AFA.
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