La Justicia amplió la medida cautelar de Clarín y frustró los planes para el 7D

En una decisión que conmocionó al Gobierno, la Cámara Civil y Comercial Federal extendió ayer la medida cautelar que protege al Grupo Clarín y le impidió así al Poder Ejecutivo obligarlo a desinvertir de inmediato.

Faltaban sólo horas para el 7-D cuando la Casa Rosada recibió la noticia que temía. Clarín no podrá ser obligado a desprenderse de licencias, al menos, "hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa", declaró la Cámara. Es decir que la ley de medios, en lo que afecta a las licencias de Clarín, queda suspendida por lo menos hasta que el juez de primera instancia Alfonso resuelva el pedido del grupo de declarar inconstitucionales dos de sus artículos.

El fallo de ayer lo firmaron dos camaristas, hasta ahora casi desconocidos fuera del mundo de los tribunales, a quienes el Gobierno había intentado apartar del caso: Susana Najurieta y Francisco de las Carreras, denunciado además ante la justicia penal por supuestas "dádivas" de Clarín.

Ellos sostuvieron que el levantamiento de la cautelar "causaría un perjuicio irreparable" para el multimedios en este momento, que juzgaron "crítico", porque –sostuvieron– la sentencia de primera instancia está casi en condiciones de ser dictada. Pero, además, le advirtieron al Gobierno que desconocer los efectos de la medida cautelar podría ser considerado por el tribunal "como desobediencia", y llamaron la atención de una de sus abogadas por "conductas reñidas con la buena fe".

El párrafo central del fallo dice: "Corresponde admitir lo solicitado prorrogando la vigencia de la medida cautelar hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa, a fin de no alterar significativamente las circunstancias y asegurar la utilidad, oportunidad y eficacia del fallo que habrá de recaer en los autos principales".

Para llegar a esta resolución, los camaristas deliberaron todo el día. La decisión de darle la razón a Clarín ya estaba tomada, pero no tenían definido hasta cuándo extender la cautelar; si hasta la sentencia, como lo hicieron, o por un plazo determinado, que hubiera podido resultar menor, relató un funcionario que conoció de cerca los entretelones de la jornada.

Mientras afuera diluviaba, en la planta baja del Palacio de los Tribunales los camaristas iban y venían por los pasillos; entraban y salían de reuniones que duraron todo el día. Estaban serios. Anteayer, el ministro de Justicia, Julio Alak, les había advertido públicamente que fallar en favor de Clarín sería un "alzamiento". Pasado el mediodía, como escrito para ellos, llegó el comunicado de la Comisión de Protección de Independencia Judicial de la Corte (del que se informa por separado).

Para decidir la extensión de la cautelar, los camaristas debían resolver antes qué hacer con las nuevas recusaciones presentadas por el Gobierno, que anteayer, en una jugada inesperada, volvió a pedir el apartamiento de todos los jueces de la Cámara.

Si seguían los trámites habituales y le daban curso a esta presentación, debían derivar el tema a magistrados de otro fuero. De ese modo, no hubiera sido posible un fallo antes de hoy. Pero la Cámara tomó otro camino: rechazó in limine todos los planteos, en una resolución de dos páginas que se conoció junto con la ampliación de la cautelar.

En ese breve escrito, le llamó la atención con dureza a la abogada de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), por haber "presentado pretensiones que se consideran obstructivas, meramente dilatorias y reñidas con la buena fe procesal". Además, le recordó que su conducta iba en contra de lo señalado por la Corte, que había pedido resolver los planteos pendientes con celeridad.

Las nuevas recusaciones las resolvieron De las Carreras y Graciela Medina, la jueza a la que el Gobierno cuestionó por estar casada con un abogado que había asesorado al Grupo Clarín. Habían sido presentadas por la Afsca, que se incorporó al proceso esta semana y replicó las recusaciones de la Jefatura de Gabinete, que ya habían sido desestimadas.

Sólo una era nueva, la de Najurieta, que hasta ahora no había sido cuestionada, pero esta semana rechazó las recusaciones de sus pares, cosa que cayó muy mal en el Gobierno. A ella la recusaron "sin causa". Según la Cámara, este planteo fue "manifiestamente improcedente" porque el Estado nacional ya había usado su derecho a recusar sin causa (que se puede utilizar una sola vez) para correr del expediente a Martín Farrell, que luego renunció.

La Cámara también rechazó por "manifiestamente inadmisibles" los pedidos para que se revieran y se anularan los rechazos de las recusaciones originales.

Ahora, el Gobierno apuesta a estrenar con éxito el per saltum y que la Corte le abra un camino para revertir cuanto antes el fallo de ayer.

Del editor: qué significa.