La Justicia cree que podría haber más funcionarios involucrados en la trama de los seguros del Estado con comisiones millonarias

Tras la imputación de dos exfuncionarios de Nación Seguros, el juez Julián Ercolini rechazó la presentación como querella de la Anses y del Ministerio de Capital Humano, que habían solicitado ocupar ese rol en la causa en la que se investiga la contratación de pólizas de seguros por parte del Estado durante la gestión de Alberto Fernández.

El motivo del rechazo de Ercolini es que, en esta instancia del proceso, el fiscal consideró que podrían haber más funcionarios actuales implicados en los vínculos entre los brokers que intermediaron seguros y aquellos que los designaron en las distintas áreas. Para que los productores cobren comisiones se requería la designación de los mismos a través de un documento con firma de un funcionario público cuyo rango jerárquico no estaba claro. Por eso ocurrió que las cartas dirigidas a Nación Seguros tenían como remitentes a presidentes de entidades, como fue el caso de la Casa de la Moneda hasta subsecretarios, como sucedió con las contrataciones en el Ministerio de Seguridad.

El Gobierno no ha logrado aún llenar todos los casilleros del Estado con perfiles propios y hay espacios de áreas, como PAMI o la Anses, entre otros, en las que continúan en sus cargos o en otros más altos funcionarios de la gestión anterior. En la Justicia consideran que no se puede determinar todavía que no hayan empleados o asesores de confianza de los posibles involucrados que podrían entorpecer los avances judiciales, según reconstruyó LA NACION.

En la causa de los seguros, se le dio vista al fiscal Carlos Rívolo -con quien el juez Ercolini compartió el criterio-, que se opuso a aceptar como querella a la Anses y Capital Humano por considerar que en el futuro podría repetirse una situación similar a la de Mauro Tanos y Federico Eufemio, despedidos de Nación Seguros luego de ser imputados y allanados el viernes pasado. Sin embargo, de acuerdo a fuentes judiciales, podría revertirse la decisión en el futuro y habilitar la querella de los organismos públicos. Esta figura le daría la posibilidad al Ministerio de Capital Humano de formar parte y dar impulso al proceso como damnificados.

Tanos ejerció, hasta este sábado, el cargo de gerente General de Nación Seguros. Previamente, hasta diciembre, fue gerente comercial del sector público. Conocía el entramado alrededor de las intermediaciones, a lo que se sumaron los vínculos con los brokers que empezaron a dilucidarse a partir de la investigación judicial. Tanos tenía autorizaciones para manejar autos de alta gama a nombre de cooperativas, que a su vez fueron vistos en el domicilio de un empresario, Alfredo del Corro, que llamó a al abogado que entregó documentación en nombre de la aseguradora San Ignacio el día de los primeros allanamientos. Estas y otras pistas le valieron la imputación, como informó LA NACION el viernes último.

A su vez, en la orden que dio lugar a los procedimientos policiales de la semana pasada, el juez indicó: “El entrecruzamiento telefónico del 5 y 6 de marzo del corriente, permiten observar que una gran cantidad de las personas mencionadas a lo largo del presente decreto, se contactaron entre sí en torno a los procedimientos policiales”.

Resiste un hombre de los Menem

Una de las figuras bajo cuestionamiento en los últimos días fue Alfonso Torres, actual presidente de Nación Seguros. No participó de la gestión anterior, sino que llegó de la mano de Eduardo “Lule” Menem, con fuerte apoyo de Karina Milei. Tenía una buena relación con Tanos y, según diversas fuentes, hubo un entendimiento mutuo para que el gerente general involucrado en el escándalo deje su cargo.

Algunos sectores del Gobierno cuestionaron a Torres porque habría sido el quien promovió a Tanos como gerente general. El funcionario desplazado tenía vinculación con La Cámpora y se abrió camino en la política de la mano de José Ottavis.

Torres, que se mantiene en Nación Seguros, conocía el negocio alrededor de los seguros antes de que se conozca el escándalo por las comisiones. El apoyo a Torres continúa porque en el Gobierno no creen que haya participado de una continuidad del entramado, aunque desde Casa Rosada aseguraron que el límite será que se vea involucrado en la causa que lleva adelante Ercolini.

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