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La Justicia dejó en suspenso la reelección de consejeros de la Magistratura
Un juez, dos abogadas y tres legisladores plantearon en tribunales su pretensión de buscar un nuevo mandato sin dejar correr un período en medio
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LA NACIONHernán Cappiello
El Consejo de la Magistratura, que es el organismo encargado de elegir, controlar y remover a los jueces federales y nacionales, enfrenta un proceso de renovación de sus miembros marcado por una disputa que llegó a los tribunales. Jueces, abogados y legisladores que actualmente integran el organismo fueron a la Justicia para que los autoricen a ser reelectos, pero un tribunal dejó en pausa esa posibilidad.
Si bien la decisión judicial se refiere solo al planteo de un juez, en tribunales interpretan que es un mensaje para el resto de los casos, de que no van a prosperar.
El asunto es relevante porque si se mantiene todo como está, los jueces deberían apurar la definición de sus nuevos candidatos para poder entregar sus listas. Están en tiempo de descuento.
El que inauguró los pedidos para conseguir su reelección es el presidente de la Cámara Federal de Casación, Diego Barroetaveña. El camarista presentó una acción declarativa de certeza que recayó en el juzgado contencioso administrativo federal de Enrique Lavié Pico.
Barroetaveña sostuvo que era necesario esclarecer el impacto de un fallo de la Corte Suprema que generó diferentes interpretaciones sobre si es posible la reelección consecutiva dentro del Consejo o hace falta dejar correr un período para un nuevo mandato.
En 2021, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley de 2006, impulsada por el kirchnerismo, que redujo a 13 los miembros del Consejo de la Magistratura. El máximo tribunal señaló que se rompió el equilibrio entre los estamentos técnicos y políticos, y ordenó volver a la integración anterior de 20 miembros: cuatro jueces, cuatro abogados, ocho legisladores, dos académicos, un representante del Poder Ejecutivo y el presidente de la Corte como titular del organismo.
Barroetaveña, entonces, reclamó determinar si está en vigor plenamente esa ley original, que permite la reelección de sus miembros o si rige la reforma sancionada en 2006, que exige un intervalo para postularse.
Lavié Pico le otorgó una medida cautelar para permitir que compita sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. Pero el Consejo de la Magistratura se pronunció en contra y apeló la medida cautelar.
Cuando el asunto llegó a la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, se concedió la apelación pero con efecto suspensivo. Es decir, los jueces suspendieron la medida cautelar que permitía a Barroetaveña buscar su reelección en el Consejo de la Magistratura.
Determinaron que la apelación del Estado debía tener efecto suspensivo y no devolutivo, con lo que dejaron en pausa la candidatura del magistrado hasta resolver el fondo del asunto.
Incluso si los camaristas de la Sala IV Rogelio Vincenti, Jorge Morán y Marcelo Duffy nunca se pronunciaran sobre el fondo, regiría su decisión que frena la reelección de jueces y deja en pausa las intenciones reeleccionistas.
Barroetaveña integra la lista Bordó dentro de la Asociación de Magistrados. Dentro de ese espacio, y en rechazo al intento reeleccionista de Barroetaveña, el actual presidente de la Asociación de Magistrados, Andrés Basso, se postuló como consejero de la Magistratura.
Seguramente habrá un encuentro entre los referentes de la lista en las próximas semanas para acordar un camino común antes de que se venzan los plazos para presentar candidatos.
El argumento de los consejeros que pretenden la reelección es que la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo “Colegio de Abogados”, en 2021, donde indicó que se debía volver a la vieja ley del Consejo de la Magistratura, de 20 miembros presidido por el presidente de la Corte.
Y que como la vieja ley permitía la reelección, ese artículo también recobraba vigor. Pero la ley tuvo una reforma en 2006, que entre otras cuestiones modificó la conformación del organismo e introdujo la necesidad del intervalo previo a la reelección de los consejeros.
Los reeleccionistas dijeron que, al cobrar vida la vieja ley, se permitían sus reelecciones. Apoyados en este argumento, y luego del juez Barroetaveña, se presentaron en la Justicia las consejeras por los abogados Fernanda Vázquez y Jimena De la Torre, de listas diferentes.
Pero el juez Lavié Pico entendió que el asunto de las abogadas no era similar al de Barroetaveña, porque se trata de otro estamento, y envió la causa por sorteo al juez Esteban Furnari.
En paralelo, los legisladores del Consejo de la Magistratura por el kirchnerismo, el senador Mariano Recalde y los diputados nacionales Rodolfo Taihlhade y Vanesa Siley, también plantearon la posibilidad de su reelección.
Lo hicieron mediante presentaciones de los jefes de bloque del Senado, José Mayans, y de Diputados, Gerardo Martínez. Ese pedido quedó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal a cargo de Martín Cormick.
Más allá de todos estos recursos, Siley, Recalde y Tailhade habían enviado antes de las vacaciones una nota formal a la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Consejo denunciando que Barroetaveña “pretendía forzar” la ley con su pedido de reelección.
Por ahora, el debate está en pausa con el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que otorgó efecto suspensivo a la apelación de la medida cautelar. En lenguaje judicial, es una advertencia de que estos recursos para todos los estamentos difícilmente prosperen, dijeron en tribunales.
La última palabra la tendrán los camaristas si resuelven el fondo del debate, es decir, si la ley en vigor del Consejo de la Magistratura habilita o no la reelección sin dejar pasar un mandato en medio. Pero si los camaristas no dijeran nada, y pasa el tiempo tal como están las cosas, las reelección de Barroetaveña quedarían en suspenso, interpretan en tribunales.
En la Corte Suprema de Justicia siguen con atención el proceso, de reojo, interesados y preocupados por los movimientos de los consejeros.
Los consejeros de la magistratura cobran un salario equivalente a juez de la Cámara Federal de Casación Penal, que hoy es un poco mas de 10 millones de pesos. Esto rige para los abogados y los académicos, los legisladores cobran sus salarios como tales, al igual que los magistrados.
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