La Justicia le permite a Cristina Kirchner acceder a la terraza, pero hace más rígido el régimen de visitas
El juez no habilitó ampliar el círculo que la puede visitar sin autorización previa; el lunes habrá audiencia en Casación
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El juez federal Jorge Gorini, encargado de hacer cumplir la pena de la causa Vialidad por la que Cristina Kirchner cumple prisión en su casa, introdujo modificaciones en el régimen de domiciliaria. Uno de los cambios es que la expresidenta podrá acceder y permanecer por dos horas a la terraza de su edificio.
El juez, sin embargo, rechazó algunos de los nombres propuestos por la expresidenta para formar parte del círculo de personas que pueden visitarla sin un pedido expreso.
La renovación de las condiciones de su domiciliaria ocurre en el marco de la segunda revisión trimestral de la domiciliaria, realizada por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, y también en medio de una escalada con el Tribunal, luego de que la expresidenta hiciera pública la reunión que mantuvo con nueve economistas en San José 1111, subiendo una foto a su red social X.

Tras ello, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 modificó algunas las medidas adoptadas. Dispuso, por caso, un tiempo máximo de dos horas por visita, las cuales podrán ser concedidas solo dos veces por semana y con un límite de tres personas al mismo tiempo. Ya estaba establecida la necesidad de una autorización individual, expresa y previa para cualquier persona que no forme parte de su círculo cercano, integrado por familiares y profesionales que la asisten.
La expresidenta apeló esas condiciones y ahora deberá resolver la Sala IV de la Casación. Para escuchar a las partes, el juez Mariano Borinsky fijó una audiencia para el próximo lunes. “Durante la audiencia, las partes tendrán un tiempo de exposición de 10 minutos y la misma se llevará a cabo de forma presencial en la sede de este Tribunal, salvo que la parte solicite fundadamente -en el plazo antes señalado- que se celebre de manera virtual”, dice la resolución de la Sala.
La expresidenta fue condenada a 6 años de prisión por fraude al Estado en 2022. La Corte Suprema rechazó en junio de este año su último recurso y el TOF 2 puso en marcha la ejecución de la pena, que incluye un decomiso de los bienes de todos condenados.
La expresidenta seguirá con tobillera electrónica en su departamento de San Jose 111.
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