La Justicia negó el acceso a los contratos del Gobierno por las vacunas del Covid-19

El misterio alrededor de las vacunas continuará. El Gobierno logró un pequeño gran triunfo en los tribunales, donde convalidaron la decisión de preservar la confidencialidad de las condiciones y cláusulas que los laboratorios que producen las vacunas contra el Covid-19 le impusieron al Estado argentino para firmar contratos por casi US$1800 millones.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Alonso Regueira, concluyó que esos contratos firmados desde el inicio de la pandemia en 2020 se encuentran protegidos por las excepciones previstas en la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública y que, por tanto, correspondía rechazar el amparo que presentó la Fundación Poder Ciudadano.

Alonso Regueira estimó que los acuerdos con los laboratorios son encuadrables como información clasificada, confidencial o secreta por razones de política exterior, según explicó en su resolución, o por tratarse de secretos industriales, comerciales, científicos, técnicos o tecnológicos, según fija la ley, “cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado”.

Desde Poder Ciudadano adelantaron que apelarán la decisión con la esperanza de que un tribunal superior revierta la decisión, como ya ocurrió en otros planteos similares para acceder a información pública que fueron rechazados en primera instancia, pero prosperaron en la alzada. Así ocurrió, por ejemplo, en la petición del legislador Rubén Giustiniani para acceder al contrato que firmaron YPF y Chevron, que fue rechazado en primera y segunda instancia, pero aceptado por la Corte Suprema en noviembre de 2015.

Para el oficialismo, en tanto, las negociaciones con los laboratorios representaron uno de los primeros cortocircuitos públicos entre el sector que responde al presidente Alberto Fernández –a cargo de esas negociaciones- y el kirchnerismo duro, que llegó a afirmar que el laboratorio Pfizer exigía colocar los glaciares como garantía de pago, según el sanitarista Jorge Rachid, asesor del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, entre otros.

“Cuando aprobamos la ley [de vacunas], [Pfizer] sale con ‘guarda con los juicios’. Aceptamos hasta los juicios en el exterior, pero nos opusimos a que no haya bienes embargables en la Argentina. Ellos pidieron entonces una nueva ley con bienes embargables, que incluía petróleo, glaciares, bonos y pin pun pan”, declaró Rachid en una entrevista radial.

En la misma línea, la diputada Cecilia Moreau afirmó que los países latinoamericanos que aprobaron el acuerdo con Pfizer tuvieron que negociar su patrimonio: “No conozco los contratos, pero dicen que Perú tuvo que ceder recursos naturales, Brasil también… Fueron contratos muy complicados”.

Con el paso de los meses, desde la oposición también afirmaron que las negociaciones se habían empantanado por presuntos pedidos indebidos de funcionarios. Así lo sostuvo, la presidenta de Pro, quien acusó al exministro de Salud, Ginés González García, “de intentar tener un retorno”, lo que sostuvo que “el Presidente no lo ignoraba”.

La respuesta llegó de ambos frentes. Lo desmintió Pfizer y también la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que afirmó que el laboratorio “no pidió los glaciares, ni el Gobierno pidió coimas”, y que las idas y vueltas en las negociaciones respondían a que “el marco legal de Argentina no se correlaciona con el requerimiento de Pfizer”.

La vía judicial

Mientras se sucedían los contrapuntos, en tanto, Poder Ciudadano presentó un amparo judicial en noviembre de 2021 y le requirió a la Justicia acceder a los contratos que firmó el Gobierno para comprar vacunas –Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, entre otros-, luego de que su petición fuera rechazada en sede administrativa en agosto de 2021.

En su presentación judicial, Poder Ciudadano sostuvo que la decisión del Ministerio de Salud de negarle el acceso a los contratos, convenios y otros acuerdos contra el Covid-19 era arbitraria, ilegítima e infundada, y en clara violación de la legislación vigente.

Según Poder Ciudadano debieron, como mínimo, entregar los contratos con las cláusulas confidenciales tachadas, pero detallando sobre qué versaban tales cláusulas, cuáles han sido las bases para que el Estado Nacional las definiera como tales y, en ese marco, argüir el daño que la supuesta publicidad de dicha información hubiera supuesto para la provisión de vacunas y la garantía del derecho a la salud de los argentinos.

Para el Gobierno, sin embargo, la publicidad de la información podría afectar en este caso el derecho a la salud colectiva ya que su difusión podría causar un daño o, incluso, boicotear la firma de los acuerdos de provisión de vacunas.

Tras la respuesta oficial en los tribunales, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó en diciembre sin mayor debate los diez contratos que el Estado argentino suscribió por US$1737 millones para la provisión de vacunas contra el Covid-19 y dispuso mantener bajo secreto todas sus actuaciones. Los auditores de Juntos por el Cambio, en minoría, presentaron un dictamen de “rechazo total” al informe y acusó al oficialismo de “autolimitar” la labor de la AGN para impedir un control más exhaustivo.

Ahora, en su resolución, el juez Alonso Regueira convalidó la posición de la Casa Rosada. Estimó que “los contratos en cuestión se encuentran comprendidos entre las excepciones” establecidas en la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública; en virtud de lo cual corresponde desestimar la acción intentada por la fundación” Poder Ciudadano.

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