La Justicia ordenó pericias por presuntas irregularidades en el edificio de Evita
El juez federal Sergio Torres ordenó medidas para esclarecer los contratos de la refacción del inmueble de la 9 de Julio; investigan las actuaciones de De Vido, entre otros funcionarios
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La Justicia dio impulso a una causa penal contra el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por presuntas irregularidades en la refacción del edificio que tiene los murales de Evita, ubicado en la avenida 9 de Julio.
El fiscal de la causa, Luis Comparatore, pidió también una investigación sobre el secretario de Obras Públicas, José López, por haber digitado presuntamente una serie de decisiones que podrían haber beneficiado a Teximco, ganadora de la licitación de la obra.
La remodelación del inmueble que costó $ 110 millones, quedó bajo la lupa judicial una serie de notas publicadas entre el 6 y el 10 de marzo por LA NACION.
Fuentes judiciales informaron hoy que la causa investigará las actuaciones en los contratos para las obras, entre otros, de De Vido, de López, y del subsecretario Legal de Planificación, Rafael Llorens.
El juez federal Sergio Torres lleva el expediente por supuesta "administración fraudulenta de fondos públicos", que se inició a partir de una denuncia de oficio del fiscal Carlos Stornelli.
Torres pidió varias medidas de prueba y pericias, en el intento de esclarecer qué ocurrió con las obras que fueron presupuestadas en 87 millones de pesos y terminaron costando 110 millones.
Las dudas
La licitación de la obra atravesó un proceso inusual: López anuló el concurso para "reducir costos", pero luego, en un segundo llamado, concedió un aumento de $36 millones en el presupuesto. En la primera licitación, la firma Bricons-Lanusse había hecho la mejor oferta al proponer realizar la obra por $ 87.777.014, pero el Ministerio de Planificación lo rechazó por considerarlo elevado. Semanas después, el ministerio le adjudicó la obra a Teximco SA por un total de $110.500.605.
Además, Torres investiga si hubo un cambio en la elección de la firma constructora: la primera y con presupuesto más barato era Bricons-Lanusse, pero una comisión evaluadora de Planificación recomendó la adjudicación a la empresa con el proyecto más caro, Teximco.
Por eso, el fiscal Comparatore requirió al juez que pida a la Inspección General de Justicia (IPJ) la composición del directorio de Teximco, así como de las otras empresas que se presentaron a la Licitación Pública Nacional número 1/2010 de la dirección Arquitectura del ministerio de De Vido.
También pidió una pericia sobre los dos murales, emplazados en las fachadas norte y sur del edificio, al Museo Nacional de Bellas Artes, una tasación de las obras, e informes a la Auditoría General de la Nación sobre la contratación y valores de la remodelación.
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