La huida de Bolsonaro: en Misiones piden desestimar la denuncia contra el Gobierno, mientras en Comodoro Py solicitan medidas de prueba

El fiscal federal de Misiones Fabián Martínez pidió desestimar la denuncia para que se investigue si hubo delito en el ingreso a país de Flavio Bolsonaro, confirmaron fuentes judiciales a La NACION. Lo hizo luego de recibir informes que le señalaron que no existió ningún impedimento para que el excandidato presidencial brasileño ingresara a la Argentina y viaje a Estados Unidos.

Como Misiones tiene un sistema procesal acusatorio, la decisión del fiscal Martínez ahora será analizada por un fiscal de revisión, que decidirá si la deja firme o no.

La denunciante original en esta causa, la diputada nacional Marcela Pagano, reaccionó esta tarde ante la desestimación de la Justicia misionera. “Desde el Gobierno nacional están apretando a la Justicia y a los funcionarios de Misiones para que no salgan a la luz las pruebas (fotos y videos) que involucran a funcionarios del Ejecutivo apoyando la fuga de Bolsonaro. Por eso, como imaginé que esto iba a pasar les aviso algo: la denuncia también la radiqué en los tribunales federales de Brasil”, anticipó.

Mientras tanto en Buenos Aires, en Comodoro Py 2002, la jueza federal María Eugenia Capuchetti pidió al Gobierno que informe si Bolsonaro tenía algún impedimento para entrar a la Argentina y mandó a preservar las filmaciones del puente internacional entre ambos países, de Migraciones y del aeropuerto de Puerto Iguazú.

Así, dio los primeros pasos en la investigación sobre funcionarios del gobierno de Javier Milei para saber si facilitaron de manera irregular la salida de Bolsonaro hacia los Estados Unidos desde la Argentina.

Lo hizo a pedido de la fiscal Paloma Ochoa, que solicitó diez medidas de prueba como parte de una investigación preliminar, antes de decidir si impulsa finalmente la acción penal. Sin requerimiento fiscal aún no hay causa aquí, por lo que será clave el dictamen de la fiscal Ochoa.

La jueza no aceptó todas las medidas que propuso y se limitó a pedir a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Cancillería que certifiquen si Bolsonaro tenía algún impedimento para entrar en la Argentina.

Además, pidió que se certifique en qué estado está la causa que se abrió por el mismo hecho en la Justicia Federal de Puerto Iguazú, ahora ya desestimada por el fiscal.

Ochoa había pedido imágenes del puente Tancredo Neves y del aeropuerto de Iguazú desde donde la familia partió a Estados Unidos, previa escala en Ecuador. Y el plan de vuelo del avión privado en el que viajó, la lista de pasajeros y el personal de Migraciones que actuó para permitir el ingreso de los pasajeros antes de su viaje a Miami.

Estas medidas quedarán para más adelante si hay impulso de la acción penal. Pero mientras tanto, Capuchetti también ordenó preservar todos los registros fílmicos de Migraciones en el Puente Internacional Tancredo Neves y en el aeropuerto de Puerto Iguazú, incluidos los del avión en el que viajó Bolsonaro.

Así se busca evitar que se pierdan las imágenes que podrían mostrar cómo pasó el exsenador brasileño por los controles y quién lo acompañaba. La causa empezó con una denuncia de Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, contra el Presidente y funcionarios de su gobierno. Los acusa de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos.

El diputado Esteban Paulón presentó otra denuncia por encubrimiento agravado contra Milei, el canciller Pablo Quirno y el asesor Santiago Caputo. Esa denuncia quedó en el juzgado de Sebastián Ramos, y en tribunales esperan que se una al expediente de Capuchetti.

Según Migraciones, Bolsonaro entró a la Argentina a las 22:50 del 27 de octubre por el puente que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú. Lo acompañaban su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas. Menos de dos horas después, a las 0:21 del 28, despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú un Gulfstream de la empresa Baires Fly.

El avión llevaba 24 horas esperando en la pista. Hizo una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, y siguió hacia el aeropuerto ejecutivo de Opa Locka, en Miami. Según el manifiesto de vuelo, Bolsonaro viajó con pasaporte italiano. En Brasil, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes le había prohibido salir del país y había ordenado que entregara sus pasaportes.

Lo investigan por presunto lavado de dinero y evasión de divisas vinculados a plataformas de apuestas, y en otra causa por el supuesto desvío de fondos del banquero Daniel Vorcaro.

Migraciones confirmó el cruce y aclaró que Bolsonaro tenía la documentación en regla, que no había un impedimento legal para su ingreso y que no existía un pedido de captura.

En la Casa Rosada dijeron que se cumplieron todos los pasos legales y que la restricción que dictó la Justicia brasileña no tiene que ver con el control migratorio argentino. Unas dos horas y media después del despegue del avión, a las 2:50, la policía de Misiones paró en la ruta 12 una caravana que venía de Puerto Iguazú.

Según el acta de la Unidad Regional IV, en una Toyota Hiace con patente diplomática de la Entidad Binacional Yacyretá viajaba el asesor presidencial Santiago Caputo. Se identificó como “consultor político” y asesor de Milei, y pidió que no lo demoraran para no retrasar su regreso.

Delante iba una Ford Ranger que manejaba Jorge Omar Waisman, jefe de Seguridad de Yacyretá y amigo de Caputo. Consultado por LA NACION, Caputo negó haber estado en ese control: “De ninguna manera, no sé de qué estás hablando”. Cuando le preguntaron por detalles del operativo, respondió: “Misterio”.

En la causa de Puerto Iguazú, iniciada por una denuncia de la diputada Pagano, el fiscal Martínez ya había pedido informes a organismos oficiales y ahora el pidió desestimar la denuncia.

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