La Legislatura bonaerense dejó de publicar el patrimonio de sus miembros: cuánto ganan y gastan los diputados y senadores

En silencio. Así se concretó un retroceso severo en las políticas de transparencia de la provincia de Buenos Aires: la Cámara de Diputados y el Senado de la provincia dejaron de publicar las declaraciones juradas de sus miembros, contra lo que dictó la ley 15.000, votada por la propia Legislatura en diciembre de 2017, que estableció la obligatoriedad de la publicación de los informes sobre la evolución patrimonial de los diputados, senadores y funcionarios parlamentarios.

En la Cámara baja, las únicas declaraciones juradas de los diputados que se pueden consultar son las de 2018. Las de 2019, que se cargaron en diciembre de ese año, ya no están disponibles. La fecha coincide con la llegada de Federico Otermín, que responde a Martín Insaurralde, a la presidencia del cuerpo.

Cerca del diputado señalaron que las declaraciones se dejaron de publicar “por razones de seguridad”. Sin embargo, la ley prevé expresamente que los datos sensibles de los funcionarios se mantengan bajo reserva en un documento solo accesible por orden judicial, mientras que la declaración jurada con los datos básicos es la que debe publicarse cada diciembre (artículo 15) y estar disponible para su libre acceso (artículo 16).

“La declaración jurada patrimonial se presenta como una herramienta esencial para disuadir comportamientos contrarios a la ética pública”, sostiene la ley vigente en sus fundamentos. Y no deja margen para dudas: “Para cumplir con la finalidad de transparencia es preciso que las mismas sean accesibles al ciudadano”.

El Senado, por su parte, publicó las declaraciones juradas de sus miembros hasta 2020, incluyendo los dos primeros años de mandato de la actual vicegobernadora, Verónica Magario. Desde entonces no hay más registros. Tampoco explicaciones: la presidencia de la Cámara alta no respondió la consulta de LA NACION. Magario no se beneficia personalmente con la decisión, ya que su declaración jurada se publica junto a la del resto de los funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial de la provincia. También lo hacen los policías bonaerenses y los agentes del servicio penitenciario provincial. Solo la incumplen quienes votaron la ley que obliga al resto.

Lo singular es que los diputados y senadores continúan presentado sus declaraciones juradas cada año: tanto las reservadas como las que deberían ser públicas. De hecho, una decena de ellos, ante la consulta de este diario, remitieron sus presentaciones de 2022. La mayoría aseguró no estar al tanto de que su evolución patrimonial ya no era pública.

Cuánto ganan y gastan los legisladores bonaerenses

A partir de esas colaboraciones, compartidas en estricto off the record ante el “pacto de caballeros” –y “de damas”, habría que actualizar– que impera en “la Casa”, LA NACION pudo reconstruir cuánto ganan los diputados y senadores bonaerenses, de cuántos fondos disponen para contratos y cuántos para becas y subsidios.

En promedio, los diputado bonaerenses cobraron $450.000 de bolsillo en enero (en un caso, la cifra superó los $600.000). Además, disponen de una media de 3000 módulos (las unidades de valor con las que se miden los contratos) para tomar personal político. Fueron entre 1 y 3 millones de pesos mensuales en 2022, que pueden crecer según el diputado tenga espacios de poder en su bancada o en las comisiones. También, si tiene el favor de la presidencia.

Un diputado bonaerense cobró en enero, en promedio, unos 450.000 pesos de bolsillo. En 2022 dispuso de dos millones de pesos para otorgar becas y subsidios. Además, cada mes pudo destinar entre 1,5 y 3 millones de pesos para contratar personal

Por otro lado, los diputados dispusieron en 2022 de un millón de pesos para becas estudiantiles (de entre $1500 y $10.000 pesos mensuales para cada beneficiario) que pueden repartir entre jóvenes de su distrito. Y otro millón para subsidios, generalmente destinados a instituciones civiles.

Los fondos en sueldos, contratos, becas y subsidios podrían duplicarse este año. Pero no es fácil saberlo, ya que hoy se puede acceder en el sitio oficial de ambas cámaras al valor que los módulos tenían en 1988, por ejemplo, pero no el año pasado.

En 2016, las presidencias de Jorge Sarghini (Frente Renovador) en la Cámara baja y de Daniel Salvador (UCR) en el Senado transparentaron gastos: por cada diputado había 32 empleados, de los cuales 14 eran contratos políticos, mientras que por cada senador había 50 empleados legislativos, de los cuales 24 eran contratos políticos.

Un senador ganó en promedio en enero unos 550.000 pesos de bolsillo. En 2022 dispuso de 1,4 millones de pesos para becas y 3 millones para subsidios. Cada mes, además, contó con entre 3 y 5 millones de pesos para contratar personal

En el Senado, por su parte, el sueldo promedio de enero fue de $550.000 y cada legislador contó con 3000 módulos para contratos. Con una salvedad: al cumplir dos años en el cargo, los senadores pasan a disponer de 5000 módulos, multiplicando la cantidad o los sueldos de sus asesores. Así, cada senador dispone de entre 3 y 5 millones de pesos mensuales para contratar personal. También tienen más fondos para becas (1,4 millones, que pueden convertirse en 10 becas de $14.000 o en 20 de $7000) y subsidios (entre 2,5 y 4 millones de pesos). Nuevamente, los fondos varían y pueden ampliarse si aumenta el “peso” del legislador. El manejo es discrecional y el secretismo multiplica los celos y desconfianzas entre senadores y diputados.

A diferencia de la Cámara de Diputados provincial, el Senado bonaerense ofrece una explicación mínima en su presupuesto (Ley 15.393) sobre los fondos que se destinan a las plantas temporarias y al personal de los bloques políticos. En total, señala que se usarán 9535 millones de pesos en 2023, sin mayores precisiones. Son 207 millones de pesos por cada uno de los 46 senadores. El monto supera, además, los fondos destinados al personal de planta permanente del Senado (en su mayoría ingresaron -también- por afinidades políticas): otros 8755 millones de pesos para este año.

El presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados bonaerense para 2023 (Ley 15.392) ni siquiera incluye los montos de las partidas en su única planilla anexa: en cambio, usa un sistema de letras y números romanos que solo puede ser decodificado puertas adentro de la Cámara baja.

Ante la consulta de este diario, compartieron información legisladores de las fuerzas que batallaron para conseguir la sanción de la ley que buscó echar luz sobre el patrimonio de los legisladores: la tropa de Pro que responde a María Eugenia Vidal, la Coalición Cívica, el massismo y parte de la UCR.

Son los mismos que, en 2016, impulsaron la ley que puso fin a las reelecciones indefinidas de los intendentes, concejales y legisladores provinciales, que también dejó de regir. Otro retroceso que se buscó concretar en silencio.

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