Masacre de Trelew: quién es el exmarino que vive en Estados Unidos y fue condenado por el fusilamiento

Roberto Guillermo Bravo, exoficial naval de la Armada Argentina acusado de ser uno de los autores de la llamada “Masacre de Trelew” de 1972, en la que fueron fusilados 19 presos políticos que se encontraban detenidos en la base aeronaval Almirante Zar, de dicha ciudad patagónica, fue juzgado por esta acción criminal en una corte de Florida, en los Estados Unidos.

Bravo vive en los Estados Unidos desde 1973, se nacionalizó estadounidense y desarrolló una vida empresarial que lo convirtió en millonario. La fortuna no impidió, sin embargo, que este exoficial de la Armada enfrente a la Justicia, aun después de transcurrir casi 50 años de la citada masacre, en la que murieron 16 prisioneros, mientras que otros tres resultaron heridos.

La demanda contra Bravo, en el fuero civil, fue impulsada por familiares de cuatro de las víctimas de los fusilamientos, que ocurrieron durante la dictadura de Alejandro Lanusse, el 22 de agosto de 1972.

El exmarino fue condenado a pagar una indemnización de 27 millones de dólares a familiares de las víctimas. La sentencia se conoció al cabo de un juicio civil en el que un jurado analizó por primera vez la responsabilidad del exmilitar en esta masacre.

Hasta el momento, el hombre de la armada es el único de los acusados por acribillar presos políticos en Trelew que escapó de la justicia argentina porque las leyes del país no permiten que sea enjuiciado en ausencia.

Agregado Naval y próspero empresario

Las cinco décadas de impunidad de Bravo tras la masacre comenzaron cuando en 1973 fue enviado por el gobierno de Lanusse a Estados Unidos como agregado naval. Fue una manera de protegerlo de las acusaciones que ya pesaban sobre su persona. De acuerdo con la información de Télam, el acusado de los fusilamientos obtuvo la ciudadanía en el país del norte y se desarrolló como empresario exitoso gracias a los contratos que tuvo con el Departamento de Estado.

Por su parte, según el diario Jornada de Chubut, Bravo se retiró en 1981 y mantuvo el bajo perfil, cuidándose de no regresar nunca a la Argentina. En Norteamérica aprovechó sus contactos de su estadía en Washington para desarrollar varios emprendimientos, con su esposa como socia. En 1990 formó RGB Group Inc, empresa de servicios de salud que dirigió junto a su mujer y su hijo. Allí facturó millones, nada menos que al estado norteamericano.

De acuerdo al citado medio patagónico, su primer gran contrato fue por 27 millones de dólares para proveer servicios de medicina para la Fuerza Aérea estadounidense.

El buen pasar de Bravo en los Estados Unidos se podía ver cristalizado en su mansión del ostentoso barrio Sans Souci Estates de North Miami, donde vivió con su familia al menos hasta 2019. La residencia, que contaba con salida al mar y su propio muelle, estaba valuada en 1,7 millones de dólares.

Bravo y sus cuentas con la justicia

En 2010 hubo un pedido de extradición para Bravo realizado por los tribunales argentinos, pero el exmarino logró que esta fuera rechazada. En 2014, cuando se produjo una condena en primera instancia, desde la Argentina se volvió a reclamar la comparecencia del acusado.

El exmarino fue detenido a fines de 2019 por orden de la Corte del Distrito Sur de Florida y para esperar en libertad la resolución de su extradición debió depositar una fianza de unos cinco millones de dólares, según consignan fuentes de la querella.

En marzo de 2020, en la citada corte se realizó una audiencia y el fiscal Jason Wu señaló su postura en favor de la extradición, al expresar que “Estados Unidos no puede ser refugio de asesinos en masa”.

De todos modos, el juicio contra Bravo en los tribunales de Miami no se relacionó con la extradición. En este caso, se trató de una demanda civil que fue presentada en la justicia en octubre de 2020 por familiares de cuatro víctimas de los fusilamientos -Eduardo Capello, Rubén Bonet y Ana María Villarreal de Santucho y Alberto Camps. La presentación estuvo basada en la ley de protección de víctimas de tortura que rige en los Estados Unidos y fue impulsada por abogados del Centro de Estudios Legales y Técnicos (CELS) y el organismo de derechos humanos estadounidense Center for Justice Accountability (CJA).

“Por casi 50 años las familias de las víctimas de la Masacre de Trelew han estado esperando que todos los culpables enfrenten su responsabilidad”, dijo a AP Katerina Siefkas, abogada del CJA, y agregó: “Nuestros clientes buscan la oportunidad de presentar su historia y lograr la justicia que les fue negada durante mucho tiempo”.

El proceso contra Bravo buscó una reparación económica para los demandantes, pero también el hecho de determinar la responsabilidad del exmarino en la masacre. “Lo que realmente quieren es que el señor Bravo vuelva a la Argentina y enfrente un juicio. Pero si no pueden conseguir eso, hacen lo que tienen que hacer, que en este momento es este juicio”, explicó en aquel entonces el abogado Ajay Krishnan, de un bufete que también representó a los que iniciaron el juicio.

En tanto, la defensa del exmilitar sostuvo que la demanda es legalmente incorrecta y sin sustento moral y que no fue una masacre sino un tiroteo entre militares y un grupo de guerrilleros que intentaba escapar. Los abogados del exmarino han expresado que las autoridades argentinas lo habían declarado inocente y que una ley de amnistía lo absolvió de los delitos de los que se lo acusa.

Sin embargo, el jurado encontró responsable a Bravo de ejecuciones sumarias y torturas y no creyó su historia de que la ejecución de prisioneros en la base naval de Trelew se basó en un acto defensa personal cuando estaba siendo atacado en el contexto de un intento de fuga.

“Es un fallo muy importante que va en línea con el fallo que en 2012 condenó por delitos de lesa humanidad a los otros responsables de esta masacre. Esto es un delito de lesa humanidad como lo estableció la Justicia argentina y ahora se sienta un precedente importante para que Bravo sea finalmente extraditado a Argentina”, señaló en declaraciones a Télam la abogada Sol Hourcade, integrante del equipo legal que acompañó el reclamo de estas familias.

La masacre de Trelew

El 22 de agosto de 1972, 19 presos políticos y militantes de las organizaciones armadas ERP, FAR y Montoneros, que días antes habían intentado fugarse del penal de Rawson, en la provincia de Chubut, fueron acribillados por efectivos de la armada en la citada base de Almirante Zar, en Trelew.

La marina adujo que la acción se produjo cuando los prisioneros quisieron escapar y debieron ser repelidos a balazos, aunque todos los que recibieron los tiros se encontraban desarmados. 16 de los 19 presos murieron en la masacre -Carlos Astudillo, Rubén Bonet, Eduardo Cappello, Mario Delfino, Carlos del Rey, Alfredo Kohon, Clarisa Lea Place, Susana Lesgart, José Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Sabelli, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Jorge Ulla y Ana María Villarreal de Santucho-, en tanto que tres de ellos sobrevivieron -María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricrdo Haidar- y pudieron dar su testimonio antes de ser desaparecidos durante la última dictadura militar.

La justicia argentina recién inició una investigación formal tras la derogación en 2003 de leyes que protegían a los militares. La Argentina pidió la extradición de Bravo, en tanto que otros tres acusados fueron condenados a prisión perpetua en territorio argentino: Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino. Este último es el único que en la actualidad cumple condena por la masacre.

De acuerdo con el documento de la demanda a Bravo de 27 páginas, el entonces marino amenazaba a los presos, los torturaba, los obligaba a desnudarse y simulaba ejecutarlos. La noche de los fusilamientos, él y otros tres militares llegaron armados a las celdas de los presos mientras dormían y les ordenaron que salieran y formaran una fila contra la pared mirando hacia abajo. Luego del fusilamientos de los prisioneros, “algunos regresaron a sus celdas, y Bravo y otros oficiales requisaron las celdas en busca de sobrevivientes para ejecutarlos”, indica el documento, según consigna AP.

Los testimonios de sus propios camaradas ante la justicia, lo ubican a Bravo en el lugar de los hechos, con una participación activa y “vaciando el cargador” frente a los detenidos indefensos que buscaban refugio en sus celdas cuando comenzó la balacera.

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