La mecha que encendió Cristina Kirchner amenaza con provocar una implosión del peronismo

La metralla de críticas que lanzó Cristina Kirchner encendió una mecha que podría hacer implosionar al peronismo. Las vigas que sostienen al Frente de Todos están agrietadas a pesar de los intentos de la vicepresidenta y de algunos de sus voceros más fieles en insistir que la coalición oficialista no corre riesgo de desplomarse. El repliegue del kirchnernismo para refundar Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires es apenas una señal del agrupamiento camino a la batalla de 2023. El ajedrez electoral recién comienza: dubitativos, gobernadores, intendentes, sindicalistas y piqueteros exploran alternativas en medio del fuego interno y de una inflación que amenaza con devorarse todo.

En el nuevo mapa de alianzas surge como una novedad que los gobernadores peronistas, el sindicalismo clásico y los movimientos sociales dejaron de ser la base de respaldo de Alberto Fernández. Lo habían sido desde que Cristina Kirchner lo ungió con un tuit como su candidato para desbancar a Macri. A ellos el Presidente siempre los pensó como contrapeso de La Cámpora. Fueron incluso estos tres sectores los que lo sostuvieron en septiembre del año pasado, cuando activaron una movilización a la Plaza de Mayo a modo de defensa ante el amago kirchnerista de vaciar el gabinete tras la derrota en las elecciones legislativas.

“¿Quién va a querer ahora hacer campaña para un gobierno con una inflación de 70%? Nadie. Es muy difícil”, se resignó un funcionario albertista con despacho en el primer piso de la Casa Rosada, a unos pocos metros de la oficina presidencial. Esa misma desazón perturba al grupo mayoritario de la CGT y a los movimientos sociales oficialistas que apostaron por Fernández y que desde hace algunas semanas toman distancia o presienten el “olor a cala”, un atajo a retórico al que apeló Hugo Moyano en 2013 cuando estaba en la vereda de enfrente del kirchnerismo y aventuraba un fin de ciclo para Cristina que finalmente no llegó.

“No vamos a jugar en contra de Alberto, pero tampoco a favor”, dijo un sindicalista camaleónico, que anhela con que Daniel Scioli o Sergio Massa aparezcan como alternativa electoral posible ante el resurgir de Cristina. Sumó su voz a la estrategia de distanciamiento Esteban Castro, el dirigente social a cargo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular que se acercó esta semana a Pablo Moyano para darle forma a una protesta contra “los formadores de precios” por la inflación. La eventual movilización quedó hoy en stand by. En la CGT no hay unanimidad para salir a la calle a pesar de que circula entre los dirigentes un borrador de una consultora privada que proyecta una inflación de tres dígitos. Congeló cualquier atisbo de rebeldía el comunicado en el que se aplaude el crecimiento del empleo formal en el primer trimestre y el índice de desempleo en 7%. Una caricia de los gremios a Claudio Moroni, su ministro favorito. El problema más urgente del mercado laboral está en los ingresos.

Los gobernadores del PJ se reagruparon ayer en Chaco para preservar su unidad en medio de las peleas internas y reflotaron su “liga” a pedido de Cristina. Puede interpretarse como otra señal para condicionar a Fernández, a quien le reclaman un plan urgente contra la inflación. Juegan muy activos en este abroquelamiento Jorge Capitanich y Juan Manzur, ambos con aspiraciones para ser candidatos presidenciales. El chaqueño sueña con ser ungido por Cristina. El jefe de Gabinete, en tanto, habría tomado ya la decisión de no regresar a Tucumán. En su entorno incluso dijeron que pactó con Osvaldo Jaldo para que sea el candidato a gobernador en junio del año que viene. Un enroque de caudillos parecido al que hizo con José Alperovich, de quien fue su vice hasta 2015. En reserva, Manzur construye un proyecto nacional con raíz en La Matanza. Imagina a Verónica Magario como una eventual compañera de fórmula. Pero en las charlas con sus asesores más cercanos tampoco descarta ser el número dos de Cristina en caso de que la vicepresidenta intente llegar a la Casa Rosada por tercera vez. Puro cálculo hasta que no se dirima la interna.

Antes del empujón final de Cristina Kirchner a Matías Kulfas por la construcción de un gasoducto, intendentes y ministros nacionales con ascendencia en el conurbano bonaerense apelaron al uso del off the record como atajo para filtrar información en la prensa que no le era favorable a la vicepresidenta. Así circuló, por ejemplo, la intención de un funcionario de Axel Kicillof de desdoblar la elección en la provincia del calendario nacional para generar más fricciones entre la gobernación y la Casa Rosada. O las maniobras desde dos importantes ministerios para forzar una emancipación de Fernández de su vice después de la llegada de Manzur al Gabinete. Los “machos del off”, como acusó Amado Boudou a los funcionarios kirchneristas que querían perjudicarlo en su derrotero judicial del caso Ciccone, abrieron hoy una grieta al interior del Frente de Todos que parece difícil de recomponer.

En medio de la barahúnda oficialista, Máximo Kirchner aceleró los debates internos de La Cámpora. En esos plenarios partidarios surge cada vez con más fuerza la idea de “ir hacia una gran interna y resguardar la provincia”. Así lo aseguraron dos dirigentes de bajo perfil que participaron de alguna de las discusiones. De candidaturas y nombres propio nadie habló, según las mismas fuentes. Por ahora solo amagarán con reabrir las unidades básicas con el sello de Unidad Ciudadana, la marca política con la que la vicepresidenta ganó en 2017 una banca de senadora nacional y que ella misma reactivó hace dos meses con la excusa de quitarle a la oposición una silla en el Consejo de la Magistratura. “Es muy difícil jugar de oposición cuando somos parte del Gobierno”, confesó a modo de autocrítica un exlegislador provincial kirchnerista que sigue de cerca el eventual rearmado.

El dilema Evita

Alberto Fernández se diferenció esta semana otra vez de Cristina con una fuerte defensa a los movimientos sociales, a quienes los distinguió como los garantes de la gobernabilidad. “Evitaron un estallido social, trabajaron para que la Argentina no explote”, endulzó sin nombrarlos a Emilio Pérsico y a Fernando “Chino” Navarro, dos dirigentes sociales con cargo en el Gobierno. El Movimiento Evita, la organización que lideran Pérsico y Navarro, administra 130.000 planes del Potenciar Trabajo, una caja de aproximadamente $2860 millones mensuales. Además, tienen cierta ascendencia sobre cinco diputados nacionales del Frente de Todos que podrían complicar cualquier votación en el escenario de paridad que guía hoy el día a día en la Cámara que preside Sergio Massa.

Massa también es parte del entuerto. A través de sindicalistas aliados echó a rodar las versiones de una eventual candidatura en 2023 o de la posible salida del Frente Renovador de la coalición oficialista, algo improbable porque significaría abandonar las cajas que tiene a cargo, sobre todo en el Ministerio de Transporte y Aysa.

Carlos Acuña, el barrionuevista que integra el triunvirato cegetista, no es el único impulsor de la candidatura de Massa. También en el sector de “los Gordos” (grandes gremios de servicios) lo comenzaron a ver como una alternativa “potable” frente al kirchnerismo. Los Moyano le dieron la bienvenida a Scioli con una fiesta a puro lujo en Costa Salguero, pero el flamante ministro se llevó más silbidos que aplausos de los 4000 trabajadores de peajes. Por eso el clan camionero conserva intacto los puentes con Massa, a quien le habrían sugerido que no era conveniente que rompa con el kirchnerismo. Los Moyano no quieren perder los privilegios en el Ministerio de Transporte, una de las áreas que quedó bajo la órbita de Alexis Guerrera, uno de los funcionarios que tiene a cargo, por ejemplo, Trenes Argentinos, la empresa pública más grande del país con 30.102 empleados.

La oposición, sin la responsabilidad de ser gobierno, también está enfrascada en una pelea interna que no tiene visos de aflojar. El ala más peronista del macrismo se involucra en batallas ajenas de las que espera obtener algún rédito en 2023. Es lo que sucede con la pulseada por la conducción del Sindicato de Empleados de Comercio, el más grande del país y que renovará autoridades antes de fin de año. Armando Cavalieri, que tiene al gremio en un puño desde 1986, no resolvió aún sin competirá por su décimo mandato o si será el adjunto de Carlos Pérez, el presidente de la obra social. Su retador sería otra vez Ramón Muerza, quien se jacta de tener el aval del supermercadista Alfredo Coto y de los Moyano. También de Diego Santilli. En su nuevo intento de desbancar al eterno jefe mercantil, Muerza contrató recientemente a una consultora vinculada a Pro a pesar de que se presentó como querellante en la causa judicial por presunto espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos. Con Cavalieri trabaja otra agencia de renombre, que hace lobby para empresarios y políticos. Todo se mezcla con todo ante un Gobierno en el que el Presidente y la vice juegan en equipos separados.

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