La muerte de Lucas González: el caso impactó en el oficialismo porteño y el kirchnerismo apuesta por la politización

El crimen de Lucas González, el joven de 17 años que fue baleado en Barracas por agentes de una brigada de prevención de la Policía de la Ciudad, generó un cimbronazo en la administración de Horacio Rodríguez Larreta. La reacción tardía del Ejecutivo porteño frente al caso y el silencio público del alcalde, quien solo emitió un mensaje en Twitter para solidarizarse con la familia de González y criticar a los policías, no solo provocó duros señalamientos de la oposición porteña, sino que también despertó malestar en las propias filas de Pro -incluso entre aliados políticos de Larreta-.

Ayer, el alcalde porteño decidió poner al ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, como vocero principal de la crisis. De hecho, Larreta difundió su primer pronunciamiento público sobre la muerte de González pasadas las 20 de ayer, luego de que D’Alessandro encabezara una conferencia de prensa. La Ciudad pasó a disponibilidad a los efectivos involucrados en el hecho y anunció que será “inflexible ante los policías que actúen fuera de la ley”. El jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, también condenó con firmeza el hecho.

González, que formaba parte de las divisiones juveniles de Barracas Central, falleció ayer en el Hospital El Cruce, en Florencio Varela. El joven recibió dos disparos en la cabeza cuando tres agentes de la Policía de la Ciudad, que se movilizaban en un vehículo sin identificación y que no portaban uniforme, buscaron identificarlo. La familia de la víctima, que afirma que fue un caso de “gatillo fácil”, designó como abogado a Gregorio Dalbón, defensor de Cristina Kirchner en causas civiles. “Acá estamos con la familia de Lucas y no podemos creer que al momento los asesinos a sangre fría estén impunemente en libertad”, afirmó Dalbón.

En tanto, el bloque de Legisladores porteños del Frente de Todos, que conduce el albertista Claudio Ferreño, presentó hoy un pedido de interpelación a D’Alessandro por la muerte de González y reclamó medidas y explicaciones de Larreta. Lo propio hizo Martín Amanda (FIT). Las solicitudes ingresaron esta mañana a Perú 160 y ya están en manos de Claudio Cingolani, espada de la CC, quien preside la Comisión de Seguridad en la Legislatura. Ante la consulta de LA NACION, Cingolani destaca que el gobierno porteño se puso “de inmediato a disposición de la Justicia”.

“Queremos que se investigue y nuestro deseo es llegar a la verdad. Se le pidió al juez medidas urgentes para que se determine la situación procesal de los efectivos involucrados y toda la información o trazabilidad sobre los hechos se puso a disposición de la Justicia”, indicó Cingolani.

Ayer, el presidente Alberto Fernández había salido a condenar el crimen del joven. “Pondremos todos los recursos del Estado a disposición para poder llegar a la verdad y justicia. No es posible que policías que deben estar al servicio de la seguridad de argentinos y argentinas, terminen con la vida de gente inocente”, apuntó el jefe del Estado. Horas después, se sumaron a la ola de críticas al gobierno porteño desde el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, o el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, hasta Abuelas de Plaza de Mayo o distintas organizaciones sociales.

Mientras avanza la investigación judicial, en Pro reconocen que el caso impacta de lleno en uno de los principales activos de la gestión porteña: la seguridad. Y advierten que el kirchnerismo buscará politizar el tema para esmerilar la figura de Larreta, quien había encabezado anteayer el acto por el quinto aniversario de la creación de la policía porteña. “Cayó como una bomba atómica. La seguridad es la joya de la corona para nosotros. Esto nos daña, pero nunca tuvimos un caso así”, apunta un funcionario porteño.

En las filas del larretismo y del macrismo se escuchan críticas por la reacción tardía de la Ciudad ante un caso que tuvo fuertes repercusiones políticas. “No se entiende el silencio. ¿Están dormidos? Tienen que salir a bancar”, se indignaron en un sector de Pro ante la falta de directivas de la cúpula.

En pleno raid mediático por su triunfo en Buenos Aires, el diputado nacional electo Diego Santilli, quien estuvo a cargo de la cartera de seguridad en la Ciudad hasta fines de julio, condenó el hecho y se solidarizó con la familia de González. “Si lo que sucedió está fuera de la ley, es inadmisible y debe tener consecuencias graves”, remarcó.

Habituado a ser un escudero del gobierno porteño en los medios, Santilli subrayó: “Los policías que hacen las cosas bien, que son la mayoría, son avalados, respetados, preparados y entrenados. Los que hacen las cosas mal, tienen sus consecuencias”.

María Eugenia Vidal, legisladora nacional electa en la Capital, pidió que la Justicia actúe con celeridad: “No hay palabras ni nada que vaya a reparar la muerte de Lucas, quizás alivie la justicia y ojalá que avance pronto”, apuntó. “Que sea gatillo fácil lo va a tener que determinar la justicia”, completó en diálogo con Radio La Red.

Luego, la exgobernadora bonaerense defendió el accionar de la Ciudad: “Actuó como tenía que hacer al separar a los policías inmediatamente y que intervenga en la investigación la policía federal”.

En cambio, Patricia Bullrich, titular de Pro, volvió a marcar sus disidencias con Larreta. Y sugirió que no estaba de acuerdo con pasar a disponibilidad a los efectivos sin esperar que la Justicia esclarezca el hecho.

“A un policía que actúa correctamente no se lo puede pasar a disponibilidad porque el mensaje es muy malo. Si D’Alessandro pasa a disponibilidad a los policías es porque tiene presunción de que hay una acción incorrecta de la policía”, explicó en diálogo con LN+.

Desde la UCR porteña, la fuerza que lidera Martín Lousteau, también condenaron el hecho: “El asesinato de Lucas debe ser investigado rápido y sin concesiones. Una muerte en manos de quienes deben cuidarnos es un crimen que merece un castigo ejemplar”, dijo diputado nacional Emiliano Yacobitti (UCR), uno de los armadores de Lousteau.

“La ciudadanía necesita policías que combatan a los delincuentes sin abusos de poder y respetando el estado de derecho. Este hecho no representa el alto grado de capacitación de la Policía de la Ciudad”: “Por eso, debe esclarecerse inmediatamente”, agregó.