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La OA advirtió a los funcionarios que se fueron que deben evitar la “puerta giratoria”
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LA NACIONMaia Jastreblansky
Los ministros y funcionarios que se fueron del Gobierno en los últimos meses, eyectados por el vendaval económico o por el decreto anti nepotismo, recibieron una última carta de despedida. La misiva contenía una advertencia para que eviten caer en las trampas de la llamada "puerta giratoria", el pase desde lo público a lo privado que entraña riesgos de influencias indebidas y el tráfico de información privilegiada.
El ex ministro de Energía Juan José Aranguren, el extitular de la AFIP Alberto Abad, el expresidente del Banco Central (BCRA) Federico Sturzenegger y el expresidente de Enacom Miguel de Godoy, entre otros ocho funcionarios ya recibieron las llamadas "recomendaciones preventivas" de la Oficina Anticorrupción (OA) para que se apeguen a la normativa prevista para los que se van.
La llamada "puerta giratoria" en la Argentina está prevista en el Código de Ética Pública sancionado vía decreto en el año 1999, antes de que se aprobara la ley que regula la transparencia en la función pública. Este año, la OA "desempolvó" ese viejo código para emitir advertencias y evitar nuevos traspiés de Cambiemos con conflictos de interés.
La normativa habla de un "período de carencia" donde "el funcionario saliente no debe, hasta un año después de su egreso, efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas ni celebrar contratos con la Administración Pública Nacional, cuando tengan vinculaciones funcionales con la actividad que desempeñó".
Según las cartas que emitió la OA, "la norma busca evitar eventuales condicionamientos o influencias indebidas por parte de los exfuncionarios sobre los actuales decisores". Además, el organismo de control aludió al riesgo de la información privilegiada al resaltar que el Código de Ética busca "impedir que cualquier tercero ajeno al Gobierno pueda explotar la información que el exfuncionario haya adquirido en razón del desempeño de un cargo público, garantizando el deber de confidencialidad".
Así, por caso, Abad tiene prohibido tener vínculo alguno con la AFIP durante un año, una tarea no sencilla debido a su profesión de contador público. Él mismo antes de dejar su silla se acercó al departamento jurídico de la AFIP para asesorarse sobre esta limitante, al igual que lo había hecho en su anterior salida del organismo recaudador, en el año 2008.
Abad no podrá realizar gestiones para clientes en el Ministerio de Hacienda, en particular en la AFIP, ni tampoco firmar contratos con esa dependencia. Además, el exmandamás del organismo recaudador deberá guardar un estricto secreto con la información de los contribuyentes. "Tiene prohibido difundir o usar en provecho propio o de terceros la información o documentación al que haya tenido acceso por su empleo público", señaló la misiva.
Según pudo conocer LA NACION, el extitular de la AFIP hoy se desempeña como director independiente en el Banco Santander Río (aunque no puede participar de los convenios que pudieran existir con el Gobierno) y brinda asesoramiento estratégico a empresarios de manera particular, pero no en materia impositiva, aduanera o previsional.
Sturzenegger en tanto, no podrá, como economista, hacer gestiones ante el Ministerio de Hacienda ni ante el BCRA por el lapso de un año. También deberá guardar bajo siete llaves la información o documentación que haya conservado de su paso por la entidad oficial.
Lo mismo correrá para Aranguren, quien deberá perder contacto con el Ministerio de Energía hasta el año que viene. El expresidente de Shell había tenido que vender las acciones que conservaba en su histórica petrolera en septiembre de 2016. De forma electrónica, vendió los papeles en los mercados bursátiles y se desprendió así de $16,3 millones en acciones Royal Dutch Shell PLC clase A. No lo hizo con la mejor cotización. Pero para despejar todo tipo de especulaciones, efectuó la operación frente a un escribano público.
Recibieron también la carta de la OA el exsubsecretario de Desarrollo Productivo Andrés Peña, la exdirectora del Banco Nación Mariana Triaca, la ex subsecretaria de Coordinación Administrativa Cecilia Loccisano, el exjefe de gabinete de Tursimo Matías Santos, el expresidente de Arsat Rodrigo De Loredo y el exasesor de Modernización Francisco Bullrich. Todos ellos fueron forzados a dejar sus cargos por ser familiares directos de ministros del Gabinete tras el decreto que prohibió el nepotismo.
También fueron advertidos el exsecretario de Salud David Aruachan y el exsubsecretario de Asuntos Legales de Finanzas Eugenio Bruno. Aún debe recibir esta alerta el ex ministro de Producción, Francisco Cabrera, que debió dejar su cargo días atrás.
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