La oposición acusa a Cristina Kirchner de bloquear una reforma que sería clave para luchar contra el narcotráfico en Santa Fe

Mientras la violencia narco recrudece en Rosario y alcanza los titulares de los medios de todo el mundo por el ataque al comercio propiedad de la familia política de Lionel Messi, la oposición en el Senado apunta su dedo acusador a Cristina Kirchner como la principal responsable política de la demora en la implementación del nuevo Código Procesal Penal y del bloqueo de nombramiento de jueces en la ciudad santafesina.

Hace ya más de dos años que la senadora ultrakirchenrista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) prometió avanzar con la implementación del nuevo sistema acusatorio en los distritos judiciales de Mendoza y Rosario. Sin embargo, desde aquel lejano 10 de febrero de 2021, la Comisión Bicameral de Monitoreo e implementación del Código Procesal Penal, que en aquel momento presidía la legisladora mendocina, no ha vuelto a reunirse.

Peor aún, la comisión lleva más de un año sin siquiera haberse constituido, debido a que el Senado nunca nominó a sus ocho representantes, sin que mediara explicación oficial alguna por la demora.

“No se completó la comisión por decisión del oficialismo”, acusó el jefe del bloque radical de la Cámara alta, Luis Naidenoff (Formosa). “Nunca la quisieron integrar y pisaron la comisión del Código. No sabemos las razones, pero obviamente se trata de una decisión política”, completó el senador en diálogo con LA NACION.

En el oficialismo impera un estricto silencio de radio sobre el tema. Sin embargo, en diálogo informal con este diario un legislador del Frente de Todos reconoció que el tema nunca estuvo en la agenda de la bancada.

Según admiten voceros oficialistas, la causa principal fueron los resultados de las elecciones de medio término de 2021, en la que el kirchnerismo perdió seis bancas y la holgada mayoría que tenía en la Cámara alta. “En realidad, la comisión del Código Procesal Penal cayó en la volteada, pero la decisión de no integrar las bicamerales porque íbamos a perder la mayoría se tomó pensando en otras comisiones mucho más importantes”, explica el senador.

La realidad avala el argumento: tras la derrota electoral, Cristina Kirchner perdió el interés por comisiones bicamerales como la de Trámite Legislativo, en la que impulsó el rechazo de algunos decretos de necesidad y urgencia del gobierno de Mauricio Macri y apuró la aprobación de todos los emitidos durante la pandemia; y la de Seguimiento y Control del Ministerio de Público Fiscal, desde la que intentó sin éxito forzar la renuncia de Eduardo Casal para nombrar a un procurador general interino más al gusto del kirchnerismo.

“Nosotros pedimos el año pasado la implementación del sistema acusatorio en Santa Fe, pero el oficialismo nunca constituyó la comisión de seguimiento del código procesal; no han respondido nada”, se quejó la vicepresidenta del Senado, Carolina Losada (UCR-Santa Fe).

La experiodista es autora, junto a diputados de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, de un proyecto de ley que declara la emergencia en seguridad y el fortalecimiento de la Justicia de Santa Fe. La iniciativa fue presentada en ambas cámaras el año pasado, pero el oficialismo nunca la quiso tratar, aún a pesar de las amenazas de diputados como el peronista santefesino Carlos Mirabella de abandonar el bloque. Recién la semana pasada, luego del atentado al supermercado de la familia Rocuzzo, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, el ultrakirchnerista Rodolfo Tailhade, decidió convocar a una reunión para este miércoles para discutir el texto.

La agudización del conflicto, con el asesinato de un niño de once años por sicarios y al ataque a la vivienda del supuesto narcotraficante responsable del asesinato, promete calentar el debate en el Congreso.

“Las escenas que se ven de justicia por mano propia en Rosario son la consecuencia de la política de este Gobierno, que fue mirar para el costado y no asumir su responsabilidad”, denunció Naidenoff. “Hace años que no se asume el desafío de enfrentar la pobreza estructural y el narcotráfico”, agregó el senador.

Jueces demorados

La oposición vuelve a apuntar a Cristina Kirchner cuando se habla de la designación de jueces que se encuentran demorados, al menos en el Senado.

Al menos dos candidatos para ocupar vocalías en el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Rosario, Elena Beatriz Dilario y Eduardo Rodrigues Da Cruz, cuentan con dictamen de la comisión de Acuerdos desde el 15 de septiembre del año pasado, pero sus pliegos nunca fueron tratados.

En el kirchnerismo acusan de la demora a la política de Juntos por el Cambio de negarse a dar quórum en rechazo por el avance del Frente de Todos sobre la Justicia.

Sin embargo, el oficialismo, a instancias de Cristina Kirchner, le dio acuerdo a los tres jueces de la Cámara Federal de Luis Piedrabuena (Santa Cruz) en la sesión del 16 de noviembre, cuando aprobó y giró a Diputados el proyecto con la nueva integración del Consejo de la Magistratura. Pudo haber incluido a los postulantes para el tribunal rosarino en esa misma reunión, pero prefirió no hacerlo y priorizar la designación de los camaristas, todos de indudable alineamiento con el kirchnerismo.