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El Congreso frena una reforma en Rosario que aceleraría las causas contra el narcotráfico
Una comisión legislativa que no se reúne desde febrero de 2021 debería implementar el nuevo Código Procesal Penal, que acortaría un 400% la duración de las investigaciones, advierte la Procuración
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LA NACIONHernán Cappiello
La Corte Suprema de Justicia y la Procuración General de la Nación sostienen que el principal problema que impide atacar de lleno el narcotráfico en Santa Fe es la falta de implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal" class="com-link break-word" data-mrf-recirculation="n_link_parrafo">nuevo Código Procesal Penal Federal, que pone en cabeza de los fiscales las investigaciones y permite reducir en un 400 por ciento el tiempo resolución de los procesos, que podrían pasar de 14 años a un año y medio, según datos de la Procuración.
La implementación del nuevo Código Procesal se realiza de manera progresiva. Actualmente está en vigor en Salta y Jujuy, y la aplicación debería seguir con Santa Fe o Mendoza. Pero la decisión para ponerlo en marcha es política: depende de una comisión bicameral del Congreso que no se reunió jamás en el último año. En rigor, la última vez fue el 10 de febrero de 2021, hace un año y once meses. Y llevan dos años de atraso en la puesta en marcha del nuevo Código.
Sus integrantes son los diputados Federico Angelini (Pro-Santa Fe), Fernando Carbajal (UCR-Formosa), Lucas Godoy (Frente de Todos-Salta); Ramiro Gutiérrez (Frente de Todos-Buenos Aires), María Luján Rey (Pro-Buenos Aires), María Lourdes Uceda (Frente de Todos-Mendoza), Diego Santilli (Pro-Buenos Aires) y Roberto Mirabella (Frente de Todos-Santa Fe). Los cargos de los senadores están vacantes porque no fueron designados.
En Rosario la tasa de homicidios es de 18,6 cada 100.000 habitantes, cuando el promedio del país es de 4,6, según datos de 2021. Mientras en la Argentina esa tasa está en baja, en Rosario está en alza de manera dramática: hubo 287 asesinatos en el año pasado. Los narcos balearon juzgados y fiscalías, amenazaron fiscales, pusieron “narcomantas” anunciando que estaban dispuestos a dar muerte a periodistas y balearon canales de TV en una escalada de violencia que no se detiene.
Los problemas de Rosario son de índole criminal (con clanes como la familia Alvarado o los Cantero, de Los Monos), institucional (por las componendas y la infiltración del narcotráfico en la política), social (porque las bandas criminales reemplazan al Estado en el auxilio de la pobreza), financiera (dado que el mundo narco mueve nueve millones de dólares al mes que se lavan en la provincia) y de seguridad (con las fuerzas infiltradas por el crimen).
En este escenario es que la justicia federal no consigue aprobar el nuevo Código Procesal para que los jueces den un paso al costado y los fiscales centralicen las causas, cambien los mecanismos por otros más ágiles, “despapelizados”, con audiencias orales e intercambios de información, y no expedientes que funcionan como compartimientos estancos.
Los funcionarios dicen que la realidad cambió, mientras que las normas y los recursos son los de hace 40 años. “Es como mirar Netflix en una TV blanco y negro de hace 43 años”, graficó Andrés Penissi, de la Defensoría General.
“La decisión es política” señalan en la Corte, que fue dos veces durante 2022 a Rosario, donde reunió más de 100 jueces en un acto que quedó documentado con una gran foto de familia. Y en la Procuración creen lo mismo, hasta el punto de que reclamaron por nota que le pongan fecha al inicio del proceso de implementación para Santa Fe.
La Procuración está urgida para que arranque el nuevo Código Procesal. Por eso, el 6 de diciembre pasado envió una nota al kirchnerista Rodolfo Tailhade, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, donde señala que la implementación del sistema acusatorio, que prevé el nuevo Código, “no sucederá hasta tanto la Comisión Bicameral para la Implementación del Código Procesal Penal Federal fije la fecha de entrada en vigencia en las jurisdicciones federales de Mendoza y Rosario, ya que si bien se ha dispuesto que allí se implementará, aún no se fijó un cronograma para que ello suceda”.
“Esta decisión política es imprescindible para la implementación del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción Rosario -sostuvo la Procuración- ya que otorgará una mayor dinámica y descentralización a las investigaciones penales de carácter federal, así como permitirá tener un diagnóstico más eficaz sobre la base del sistema efectivamente funcionando, determinar eventuales necesidades que puedan surgir y dónde deben aplicarse los refuerzos.”
La nota, que pone en evidencia la parálisis en la puesta en marcha del sistema, está firmada por la mano derecha del procurador Casal, Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración, y por Juan Manuel Casanovas, a cargo de la Secretaría Disciplinaria y Técnica.
El debate sobre la puesta en marcha en Santa Fe del nuevo Código se reactualizó con el tratamiento de la ley de fortalecimiento de la justicia federal de Santa Fe que se discutió en el Congreso el 16 de noviembre pasado, en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Allí fueron invitados a exponer jueces y fiscales federales y provinciales, incluido Olima.
Este funcionario les dijo a los legisladores que era necesario iniciar este cambio ya que en Salta y Jujuy, donde ya funciona el nuevo sistema, se logró que las causas penales acortaran en un 400 por ciento su tiempo de duración y pasaran de cuatro años a seis meses y de 14 años a un año y medio. “El sistema acusatorio es el camino”, les dijo Olima a los legisladores.
Pero advirtió que para que se siga ese camino hay que revertir el problema de que los funcionarios del Poder Judicial duplican a los de las fiscalías cuando en el nuevo sistema son los fiscales los que deben investigar mientras que los jueces ven reducidas sus funciones. Necesitarán, por ende, una estructura menor.
En la misma reunión, Federico Reinales Solari, fiscal federal rosarino de Cámara y Tribunal Oral, dijo: “No queremos parecernos al Poder Judicial, queremos ser un organismo más dinámico. Necesitamos un Ministerio Público que no refleje al Poder Judicial”. Reclamó control sobre las decisiones de los fiscales y la competencia para investigar el lavado de dinero en Rosario.
Hay 479 funcionarios del Poder Judicial y 161 del Ministerio Público Fiscal. Y allí se aprecia la desproporción en comparación con las tareas que prevé el nuevo Código. Hay 27 jueces y solo 13 fiscales.
Penissi, de la Defensoría General, fue el más gráfico: “Los tribunales federales están colapsados por casos de narcomenudeo. No se investigan las organizaciones criminales, solo lo hacen los fiscales provinciales. No hay causas de trata ni de contrabando en el puerto”, dijo y explicó que los grandes casos son desprendimientos de la justicia local.
“Tenemos una estructura de investigación raquítica que no puede hacerse cargo del compromiso internacional que asumió la Argentina de combatir el narcotráfico, la trata. Tenemos la misma estructura de hace 43 años. Es como mirar Netflix en una TV blanco y negro de ce 43 años”, graficó.
En Rosario, la Gendarmería es, de todas las fuerzas, la que posee mayor presencia numérica en el territorio. A septiembre del año pasado, tenía 2547 agentes, 98% con aptitudes o especialización funcional y solo 2% cumpliendo funciones administrativas. Le sigue la Prefectura Naval Argentina, con 1483 agentes; la Policía Federal, con 482, pero solo un 25% dedicado a la investigación; y, por último, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que contaba a septiembre pasado con 157 agentes en el territorio, un 18% ocupado en tareas de investigación y un 82% a otras tareas, según el último informe de diagnóstico de la jurisdicción Rosario de la Procuración General de la Nación.
En la jurisdicción federal de Rosario en 2021 ingresaron 3411 casos de narcocriminalidad, lo que constituye el 56% del universo total de ingresos, y 2437 casos de delitos comunes, lo que constituye el 40%. En Rosario, los fiscales de primera instancia recibieron 1579 casos de narcocriminalidad, lo que constituye un 76% de los casos. En Santa Fe, con 1000 causas, son un 83% de los casos.
En Santa Fe, el narcomenudeo no está desfederalizado, por lo que hay más causas vinculadas a estupefacientes que ingresan a la justicia federal. Así, en San Nicolás (al norte de la provincia de Buenos Aires y con el narcomenudeo desfederalizado) hay menos delitos federales de drogas que en Santa Fe, que son los más altos de la jurisdicción.
Se avanzó sobre las necesidades del equipamiento informático, donde el 12% de 157 computadoras distribuidas entre las distintas fiscalías estaba obsoleta. Se enviaron 155 nuevas y fue reemplazado todo el equipamiento con computadoras All In One. A ello se sumaron 14 impresoras y cuatro notebooks para la jurisdicción.
El nuevo Código Procesal Penal Federal implica un cambio de paradigma en relación al proceso penal y la consagración de un sistema acusatorio que se guía por los principios de igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización. Asimismo, impone el abandono de la organización en espejo con el Poder Judicial para evolucionar hacia un modelo dinámico, en el que los fiscales actúan con criterios de política criminal y no uno por cada juzgado.
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