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La oposición frena los proyectos del Gobierno y se tensa la relación en el Congreso
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Un clima enrarecido se palpa en ambas cámaras del Congreso . Frente a un gobierno golpeado por la falta de resultados económicos y su caída en las encuestas, la oposición se envalentona y se muestra reacia a acordar las leyes que más le interesan al Poder Ejecutivo. En minoría, el oficialismo advierte que le será muy difícil impulsar su agenda legislativa y teme que, por el contrario, los opositores le impongan la suya.
Para muestra bastan dos botones. En la Cámara de Diputadosfracasó esta semana el tratamiento de la ley que penaliza a los barrabravas, iniciativa que presentó al Congreso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , en noviembre pasado como respuesta política a los desmanes ocurridos en las vísperas del clásico entre Boca y River. Una ley que el propio presidente reclamó para su debate en las sesiones extraordinarias de diciembre pasado, sin éxito. En el Senado, en tanto, se postergó por enésima vez la discusión sobre una nueva ley de financiamiento de las campañas electorales; una iniciativa del Gobierno que debería sancionarse en tiempo récord si se pretende llegar a tiempo para ser aplicada en las próximas elecciones presidenciales.
"La oposición está en campaña y nos corre el arco constantemente con excusas. No le quiere aprobar ninguna ley al Gobierno", admitió una encumbrada fuente del espacio oficialista.
La discusión del proyecto contra los barrabravas ilustra, como pocas, la escasa voluntad que muestra la oposición para ofrendarle leyes al Gobierno. Esta iniciativa tuvo un derrotero inédito: después de varias idas y venidas, finalmente se la aprobó por unanimidad a fines del año pasado. Sin embargo, a la hora de discutir el detalle de sus artículos, los legisladores resolvieron devolver el proyecto a comisión, con lo que el debate se postergó dos largos meses. Con el inicio de las sesiones ordinarias, el 1° de marzo pasado, el oficialismo buscó retomar la discusión; fue inútil: entre insultos y chicanas cruzadas entre oficialistas y opositores, la sanción se postergó sin fecha.
Caído el dictamen, difícilmente se concrete la sesión del miércoles próximo en la Cámara baja y marzo cerrará prácticamente sin actividad. Su presidente, Emilio Monzó, consciente de la debilidad numérica y política de Cambiemos, ya le había advertido al Gobierno que no habría demasiadas sesiones de aquí a las primarias de agosto; con suerte, apenas cuatro o cinco. Sin embargo, el inicio prematuro de la campaña electoral complicó el panorama más de lo previsto; a duras penas se podrá cumplir con aquel cupo mínimo de sesiones, admiten en el oficialismo. Para peor, los principales lugartenientes del bloque, Mario Negri y Nicolás Massot, están de campaña en Córdoba y Monzó, de capa caída y en retirada del Gobierno, no muestra demasiado músculo para empujar las leyes del Poder Ejecutivo.
La oposición toma nota y prepara su ofensiva. El PJ no kirchnerista presentó, en la figura de Pablo Kosiner, un proyecto de ley para atemperar la suba de las tarifas de los servicios públicos: propone que el aumento de las tarifas correspondiente a los usuarios y consumidores residenciales no exceda el coeficiente de variación salarial (CVS). Más duro, el kirchnerismo pretende que las alícuotas se congelen a los precios del año pasado, pero estaría dispuesto a acompañar la iniciativa de sus colegas peronistas si con ello le propinan un golpe al Gobierno. No se descarta la convocatoria a una sesión especial en las próximas semanas; para ello deberán conseguir el quorum, tarea que el oficialismo intentará bloquear.
El clima electoral también se hace notar en el Senado , donde cada vez son más las voces del Bloque Justicialista, que preside Miguel Pichetto , que no quieren saber nada con garantizarle gobernabilidad a Mauricio Macri aprobándole leyes en un año electoral.
El caso más notable es el proyecto de financiamiento político. Pichetto y el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Dalmacio Mera, acordaron con el Gobierno y referentes de Cambiemos de ambas cámaras sancionar los cambios en la ley vigente para permitir los hoy prohibidos aportes privados a la campaña electoral.
Sin embargo, desde hace al menos dos semanas que los intentos por acordar un texto encuentran sugestivos obstáculos surgidos del interior del propio bloque peronista.
Son varios los senadores peronistas que reconocen que, detrás de las idas y venidas de algunos proyectos, se esconde la intención de no darle al Gobierno logros que podrían usarse como ejes de su discurso de campaña.
No es el único ejemplo. Desde mediados del año pasado duerme en la Comisión de Acuerdos el pliego de Inés Weimberg de Roca como procuradora general de la Nación. La causa: la reticencia de los miembros peronistas a poner su firma en el dictamen y habilitar así su tratamiento en el recinto.
El kirchnerismo mira con deleite cómo la "gobernabilidad" que imperó en el Senado durante los últimos tres años se desvanece a medida que avanza el año y se acerca el lanzamiento formal de la campaña electoral.
Pero también se decidieron a aportar su granito de arena.
Por lo pronto, el bloque que conduce el neuquino Marcelo Fuentes, y que integra Cristina Kirchner, adoptó la misma mecánica de entorpecer el inicio de las sesiones con cuestiones de privilegio que, en muchos casos, nada tienen que ver con la actividad legislativa y que no hacen otra cosa que prolongar las reuniones y enrarecer el clima político de la Cámara alta.
Es la misma estrategia que el FPV y la izquierda utilizan desde hace bastante tiempo en la Cámara de Diputados.
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