La oposición rechazó el intento de Milei de reformar la ley de inteligencia por decreto y alertó sobre el “espionaje político”

La oposición rechazó con dureza la reforma del sistema de inteligencia que prepara el Gobierno y que se formalizaría en los próximos días a través del DNU 941/2025.

Según el texto en el que trabajan en la Casa Rosada, se redefinirá la estructura y el alcance de la SIDE. Entre los puntos más cuestionados se encuentran la habilitación para que el organismo pueda aprehender personas, la calificación como “encubiertas” de todas sus actividades y, sobre todo, el método elegido por Javier Milei para avanzar con los cambios: un decreto presidencial, sin debate parlamentario.

Los dirigentes que se pronunciaron en contra de la norma anticiparon que el próximo capítulo de la disputa será legislativo. Buscarán impugnar el DNU para evitar que quede vigente, una tarea compleja: el mecanismo exige el rechazo por mayoría en ambas Cámaras. Si una de ellas no lo trata o solo una lo rebate, el decreto conserva plena validez.

En Pro, uno de los aliados del Gobierno en el Congreso, aún no hubo una posición pública. Tampoco se expresó el jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, integrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia. No obstante, uno de los referentes del espacio indicó a LA NACION que preparan un comunicado conjunto. Según pudo saber este medio, además, la comisión bicameral encargada de fiscalizar a los organismos de inteligencia formalizará este viernes un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique el alcance y los fundamentos de la reforma.

El antecedente está fresco en el Congreso. El primer DNU que la oposición, en su conjunto, le rechazó a Milei fue el que autorizaba el giro de $100.000 millones a la SIDE, en pleno apogeo del discurso oficial del “no hay plata”.

Uno de los primeros opositores que salió a rechazar la reforma que prepara Milei fue el diputado socialista Esteban Paulón. En un mensaje publicado en redes sociales, cuestionó el momento y el contenido del decreto. “El DNU 941/25, publicado anoche mientras sonaban las cañitas voladoras, modifica la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), generaliza un estado de sospecha y transfiere competencias sensibles a áreas bajo el control de Karina Milei”, escribió. Señaló, además, que los cambios se adoptaron “sin pasar por el Congreso y sin participación de la Comisión Bicameral”. Y agregó una lectura política: sostuvo que la interna entre la secretaria general de la Presidencia y el asesor presidencial Santiago Caputo “es un riesgo para la seguridad nacional” y afecta la autonomía del sistema de inteligencia.

El DNU que pulen en el Gobierno -aún no se oficializó con la publicación en el Boletín Oficial- establece que todas las actividades de la SIDE revisten carácter “encubierto” por razones de “sensibilidad” estratégica. Entre las modificaciones centrales, la administración de Milei apunta a trasladar la autoridad nacional de ciberseguridad a la Jefatura de Gabinete -a través de la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC)-, lo que, según sus críticos, permite que la inteligencia se concentre exclusivamente en tareas operativas. Paulón atribuyó esta reconfiguración a la interna libertaria: interpretó que el cambio fortalece el control de Karina Milei sobre un área clave del Estado, al colocarla bajo la órbita de uno de sus principales aliados, y le resta margen de maniobra a Caputo, quien conserva influencia sobre la SIDE a través de su titular, Cristian Auguadra.

Uno de los puntos que encendió mayores alarmas fue la facultad otorgada al personal de inteligencia para proceder a la aprehensión de personas en casos de flagrancia, con obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. Desde distintos sectores de la oposición advirtieron que esa atribución equivale a la creación de una “policía política”.

Así lo expresó el exdiputado kirchnerista Leopoldo Moreau, quien sostuvo que el decreto “significa la creación de una policía secreta” y “clausura la posibilidad de conducción civil de la inteligencia militar”. Recordó que es la segunda vez que Milei modifica el sistema de inteligencia por decreto y denunció que, en esta ocasión, “pasa descaradamente por encima de las facultades del Congreso”. Según Moreau, el esquema obliga a distintos niveles del Estado a transformarse en “delatores de la oposición política” y constituye “un claro retroceso democrático”.

En la misma línea se manifestó el diputado peronista Agustín Rossi, extitular de la SIDE durante el gobierno de Alberto Fernández. Advirtió que el DNU “transforma a los agentes de inteligencia en policía secreta” al habilitarlos a aprehender personas sin orden judicial y alertó que el organismo “se convertirá en una fuerza parapolicial”.

La reforma también reorganiza el sistema bajo nuevas agencias especializadas, como la Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la Inspectoría General de Inteligencia. Rossi puso el foco en las nuevas atribuciones de la Agencia de Contrainteligencia, que -según el texto del decreto- podrá producir inteligencia “sobre actores, hechos, riesgos, oportunidades y amenazas dentro de la jurisdicción nacional”. La oposición cuestionó que se trata de una definición amplia, sin delimitaciones técnicas precisas, que deja un margen significativo a la interpretación institucional.

Ese fue, también, uno de los ejes señalados por Paulón. Al denunciar lo que consideró un regreso del espionaje político, sostuvo que el DNU define como “riesgos” a activistas, opositores y periodistas. “Es una confesión de parte: quieren usar los recursos del Estado para perseguir a quienes pensamos distinto. El Estado policial en su máxima expresión”, afirmó.

Otro de los cambios relevantes del decreto es la disolución del organismo de inteligencia estratégica militar para unificarlo bajo el Estado Mayor Conjunto. El diputado de Unión por la Patria Jorge Taiana centró sus críticas en ese punto. Aseguró que la reforma “autonomiza la inteligencia del control civil del Ministerio de Defensa” al disolver la Diniem y concentrar poder en la conducción estratégica militar. Según explicó, a cambio de esa autonomía se subordina la inteligencia militar al área de seguridad, “dando un paso más en convertir a las Fuerzas Armadas en un auxiliar de las fuerzas de seguridad”. Para Taiana, el esquema avanza en la idea de transformar a las FFAA en una “Guardia Nacional”, una concepción que -dijo- impulsa desde hace años el Comando Sur. Taiana fue ministro de Defensa entre 2021 y 2023.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, calificó la reforma del sistema de inteligencia como “un retroceso histórico” y apuntó contra las autoridades del Congreso. Desde su cuenta de X, responsabilizó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel por la falta de conformación de las comisiones clave. “Es urgente y necesaria la regularización y designación de los nuevos miembros de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y de la Bicameral de Trámite Legislativo para que este DNU sea tratado y rechazado a la brevedad por su nulidad absoluta e insanable”, sostuvo. Y advirtió: “De lo contrario, iremos directo al recinto”.

Las críticas también llegaron desde el radicalismo. Ricardo Alfonsín cuestionó que una reforma de esta magnitud haya sido instrumentada por decreto. “Si hay temas que sí o sí deben ser dialogados, debatidos y consensuados, este es uno de ellos. Y es obvio que Milei no quiso hacerlo. Esto es muy grave”, escribió. Y cerró con un llamado a la acción: “Espero que las fuerzas políticas se manifiesten”.

Desde la izquierda, el diputado Christian Castillo reclamó que el DNU sea anulado por el Congreso y advirtió que implica “un salto en el espionaje a opositores políticos y periodistas” y la legalización de un estado policial. En términos similares, el legislador Néstor Pitrola, del Partido Obrero, sostuvo que el decreto “empieza a edificar un régimen de facto dentro de una democracia formal”.

Por Delfina Celichini

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