La pelea política y sindical detrás de la vuelta a clases

Carlos Luis "Chapa" Elías es un gremialista que milita en el peronismo porteño y su área de influencia es Lugano. Es opositor a Amadeo Genta en el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba), el gremio municipal que multiplicó afiliados y poder de la mano del macrismo. Elías fue quien puso el nombre y el rostro del amparo que judicializó la vuelta a la clases, que cayó en manos del juez Roberto Gallardo, a quien Horacio Rodríguez Larreta recusó "por manifiesta falta de imparcialidad". Será ahora Paola Cabezas Cescato, una magistrada que entre muchos otros fallos impidió por ejemplo la expansión territorial del club Boca Juniors sobre el predio de Casa Amarilla, la que defina sobre la viabilidad de los protocolos sanitarios para el 17 del mes actual, cuando está previsto el inicio del ciclo lectivo en la ciudad.

El regreso presencial de los alumnos a las aulas es una demanda pública que crece con fuerza a pesar de la incertidumbre y el temor que siembra el coronavirus. Lo reflejó una encuesta de Poliarquíaque publicó la semana pasada LA NACION, aunque el reclamo está latente y se percibe más allá de las frías estadísticas de un relevamiento.

La coalición opositora de Juntos por el Cambio fue quizás quien supo capitalizar de ante mano el humor social y convocó para el martes próximo a una protesta en todo el país para exigir la vuelta a clases presenciales. Ironías de la pandemia: la dirigencia política, tanto opositores como oficialistas, que impone medidas de cuidado y distanciamiento es la misma que activa banderazos callejeros, habilita debates legislativos de alto impacto social, como el de la legalización del aborto, o autoriza un funeral masivo para el eterno ídolo popular como lo es Maradona.

Alberto Fernández distinguió a tiempo el crecimiento del reclamo por las clases y le ordenó al ministro de Educación, Nicolás Trotta, un raid por todo el país para llevar un mismo mensaje: el Presidente también está de acuerdo con un regreso presencial, con cuidados y protocolos.

Se volverá a clases así, de manera mixta, al menos hasta los primeros fríos del año, cuando se vislumbra un rebrote del virus como sucedió en Europa. La demora del anunciado desembarco de millones de vacunas potencia la incertidumbre. El plan de vacunación masiva es hoy un espejismo.

La novedosa postura de la Casa Rosada con respecto a las clases contrasta con lo que hasta hace muy poco sugerían sindicalistas aliados, como Roberto Baradel, que condicionó el regreso a que todos los docentes estén vacunados. Ni siquiera en 2022 se cumpliría el deseo del jefe del Suteba, el gremio docente más representativo de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof se apuró la semana pasada en dar por cerrado el trato con los docentes y ratificar el inicio de clases para el 1 de marzo. En el Suteba afirman que aún hay cabos sin atar en la negociación, sobre todo en algunos distritos puntuales.

Lo que le sucede a Kicillof con Baradel les pasa a otros gobernadores: en la discusión que antes era casi netamente salarial, se renovaron ahora demandas vinculadas a la prioridad en el plan de vacunación, la infraestructura de las escuelas en tiempos de distanciamiento social y la conectividad de los maestros. Sobre este último punto, surgieron algunos datos curiosos: el Sadop, por ejemplo, afirmó en 2020 que el 63% de sus afiliados no tenían computadoras propias en sus domicilios, lo que afectó al dictado de clases virtuales que se impuso en la mayoría de escuelas privadas.

"Lamentablemente el debate educativo se politizó. Pero es la política la que debe resolver el problema. Lo que pasa es que hay un mal uso que se refleja en años electorales", cuestiona Sergio Romero, jefe de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y secretario de políticas educativas de la CGT.

Financiamiento

La ley de financiamiento educativo, sancionada en 2005, fija que el gasto en educación debe alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI).

Según datos del Observatorio Argentinos por la Educación, relevados por chequeado.com, el único año en el que se cumplió ese objetivo fue en 2015, cuando el gasto educativo consolidado por nivel de gobierno (Nación y provincias) en porcentaje del PBI fue del 6,1%. Desde entonces el número cayó: fue de 5,8% en 2016 a 5,1% en 2018, el más bajo de los últimos 9 años, según el informe.

En el presupuesto diseñado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, para 2021 se incrementa un 11% la inversión en educación con respecto a 2020, pero así y todo no se ajusta a la normativa, ya que los 483.000 millones previstos representarían un 5,7% del PBI.

En la Argentina hay aproximadamente 1.200.000 maestros, de los cuales la mitad están sindicalizados, según fuentes del sector. Es decir, una mitad no es representada de manera directa por los gremios. Estos números generan inquietud en las cúpulas sindicales tanto como que unos 300.000 docentes perciben sueldos por debajo de los $47.200 que marcan la línea de pobreza relevada por el Indec. En el sector existe una grieta salarial: no hay provincias que paguen misma remuneración como tampoco que cuenten con idénticos contenidos educativos, advirtieron fuentes sindicales. Las disparidades se acentuaron a partir de los 90, cuando el expresidente Carlos Menem transfirió los sistemas a cada una de las provincias.

El deseo de Rodríguez Larreta de competir en 2023 por la Presidencia hicieron otra vez que la política doméstica de la ciudad sea una caja de resonancia de la política nacional. La ciudad fue el campo de batalla donde se libraron decenas de enfrentamientos entre el kirchnerismo y el macrismo, y esa película vuelve hoy a repetirse. De hecho, Máximo Kirchner subió al jefe de gobierno porteño a ese ring electoral.

En esa lógica se encuadra la pulseada por el regreso a clases y la resistencia de los gremios docentes, alguno de ellos, como la UTE, con terminales de poder en el Frente de Todos. La pelea con los Moyano por el posible recorte a los recolectores de residuos se decodifica de la misma manera.

Siempre pragmático, Rodríguez Larreta se encuentra ahora una disyuntiva: abandonar el plan de pacificación sindical que ejecutó durante años como jefe de gabinete de Mauricio Macri o renovar los acuerdos con viejos aliados que escenifican hoy estar de la vereda de enfrente, dispuestos a rechazar todo.