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La policía se retiró y los ocupantes volvieron a instalarse en el lugar
Hubo una movilización para exigir justicia por Nahuel y hoy habrá otra contra los pedidos de los mapuches
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SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Gritos, insultos y amenazas surgieron ayer del bosque de coihues a un lado de la ruta nacional 40 en Villa Mascardi hacia un grupo de agentes de la Policía Federal que se encontraban al otro lado del asfalto. Eran los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu que permanecen en tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi mientras en Bariloche se intentaba avanzar con una mesa de diálogo entre organizaciones sociales y mapuches y el juez federal Gustavo Villanueva.
Los mapuches volvieron a dominar el lugar porque el ingreso quedó sin custodia policial.
En estos últimos días se los ha visto, con los rostros cubiertos y encapuchados, en el acceso al sendero hasta donde han bajado del bosque para dialogar con la prensa o con referentes de organizaciones que apoyan el reclamo territorial mapuche.
Se estima que en el lugar hay entre 15 y 20 personas entre hombres, mujeres y niños.
La Policía Federal quedó a cargo de la custodia del predio tomado después de que, el sábado por la tarde, el juez dispuso el retiro del grupo Albatros, que pertenece a Prefectura Naval Argentina, tras la muerte de un disparo de Rafael Nahuel, uno de los ocupantes.
Por orden del juez, el lunes la fuerza se corrió unos 150 metros hacia el sur y despejó el acceso al sendero donde se encuentran las ocupantes que lograron huir de las fuerzas federales en dos ocasiones. Primero, el jueves, cuando se produjeron el desalojo y la detención de cinco mujeres. Y luego, el sábado, cuando se dio muerte a Nahuel y se detuvo a dos jóvenes (Alejandro González y Fausto Jones Huala).
Los dos detenidos permanecen en la sede local de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y anteayer fueron trasladados al juzgado para prestar declaración indagatoria por la usurpación denunciada el 10 de noviembre por Parques Nacionales y por lo ocurrido el sábado.
En Bariloche, organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo, referentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el obispo Juan José Chaparro volvieron a pedir al juez Villanueva el diálogo y una salida pacífica del conflicto. Señalaron que los integrantes de la comunidad que siguen escondidos no se entregarán hasta tener garantías, según expresaron sus voceros.
El nuevo conflicto mapuche desatado en Villa Mascardi reavivó la fractura de la sociedad barilochense, y por eso, luego de la movilización pacífica de organizaciones para exigir justicia por Nahuel y reclamar por la causa mapuche, un sector convocó a marchar esta tarde en el Centro Cívico “en repudio a las pretensiones de los mapuches por ocupación de territorios de los argentinos”.
Las cámaras empresariales de la ciudad días atrás saludaron la acción de la justicia federal y de las fuerzas de seguridad en el desalojo del jueves pasado en Mascardi. En conjunto, la Cámara de Comercio e Industria (que está integrada por la Sociedad Rural) y la Cámara de Turismo celebraron el “exitoso operativo para restablecer la plena vigencia de la ley en la zona de Villa Mascardi”, donde murió el joven mapuche.
“Entendemos que en una sociedad democrática los conflictos deben resolverse de acuerdo con los mecanismos que establece la ley. Ni la violencia ni las tomas de tierras son alternativas para dilucidar conflictos y reconocemos el trabajo que tanto la Justicia como las fuerzas de seguridad realizaron para que se garantice la seguridad de vecinos y turistas. Deseamos que este tipo de cuestiones puedan encaminarse con las herramientas que prevé la ley”, indicaron en alusión a la ley 26.160, que establece el relevamiento de comunidades indígenas.
Los antecedentes
Reapareció también en la sociedad el recuerdo de dos causas aún sin responsables en las que el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se atribuyó la autoría. Se trata del incendio del refugio de montaña Neumeyer en el Valle del Chalhuaco el 12 de octubre de 2014 y de la quema intencional en julio de este año del refugio Jakob, donde arrojaron panfletos con el pedido de libertad del líder Facundo Jones Huala. Ambos refugios de montaña eran administrados por el Club Andino Bariloche y estaban en jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi. Las investigaciones las lleva adelante el Juzgado Federal de Bariloche; la primera fue iniciada por el juez Leónidas Moldes (de licencia desde el año pasado) y la última por Villanueva, el mismo juez que ahora tiene la causa de Villa Mascardi. En ninguna de las dos causas hay procesados.
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