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La quiebra de Austral Construcciones dejará $1681 millones a disposición de la Justicia, casi diez años después
Los fondos se enviarán a los tribunales de Comodoro Py, donde Lázaro Báez acumula condenas y procesos todavía abiertos
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LA NACIONHugo Alconada Mon
Nueve años después de la quiebra de Austral Construcciones, la empresa insignia de Lázaro Báez terminó de liquidar sus principales activos con un resultado inesperado: pagó la totalidad de los créditos verificados, incluidos los intereses, y todavía quedará un remanente de al menos $1681 millones que, según el proyecto de distribución, será puesto a disposición de la Justicia Penal Federal.
El dato surge del Proyecto de Distribución de Fondos V, la última rendición de cuentas del expediente “Austral Construcciones S.A. s/Quiebra”, que tramita ante el Juzgado Comercial 28, a cargo de Pedro Manuel Crespo. Según ese proyecto, el activo realizado por la quiebra asciende a $4.534.873.782, provenientes de las ventas de bienes y de los intereses generados por plazos fijos en que la sindicatura mantuvo depositados los fondos mientras avanzaba la liquidación.
Báez, uno de los principales contratistas de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, cumple una pena única de 15 años de prisión, aún no firme, que unificó las condenas a 10 años por lavado de dinero en la causa conocida como “ruta del dinero K” y a 6 años por administración fraudulenta en la “causa Vialidad”. También acumula otras condenas: 4 años y 6 meses por lavado de dinero en el caso del campo El Entrevero, en Uruguay, y 3 años y 6 meses por apropiación indebida de recursos de la seguridad social correspondientes a empleados de empresas del Grupo Austral.
Entre los bienes de la constructora de Báez que fueron rematados figuran el edificio de Franklin D. Roosevelt 1780, en la ciudad de Buenos Aires; inmuebles en Río Gallegos y en la zona de Tres Lagos y Comandante Luis Piedra Buena, en Santa Cruz; así como rodados, maquinaria vial y el predio del Obrador Central de la empresa, en las afueras de la capital santacruceña, uno de los activos de mayor valor del expediente.
Con ese dinero, la sindicatura pagó el 100% de los créditos verificados por los acreedores —organismos estatales, obras sociales, proveedores y exempleados— y también abonó todos los intereses que habían quedado suspendidos desde la declaración de quiebra.
Cubiertos esos pagos, los síndicos determinaron un excedente de $2.473.528.833,20, sobre el cual la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) percibirá Impuesto a las Ganancias por aproximadamente $792,3 millones. Descontado ese impuesto, el Proyecto de Distribución V estima un remanente de $1.681.226.543,73, equivalente a unos US$1,1 millones al tipo de cambio de referencia.
Esa cifra, sin embargo, todavía no es definitiva. Depende, entre otros factores, de un litigio paralelo que también tramita en el expediente: la disputa por los honorarios de los profesionales que llevaron adelante la liquidación y que debe definir la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.
La disputa por los honorarios
El estudio contable Stupnik & Stupnik, designado Sindicatura Liquidadora, apeló por bajos los $300 millones que le fijó el juez de primera instancia y pidió que sus honorarios se eleven al máximo permitido por la Ley de Concursos y Quiebras, el 12%. En conjunto, el juez reguló $450 millones para los beneficiarios de la distribución, equivalentes al 9,93% de la base usada para calcular los honorarios. La aplicación del tope del 12% llevaría esa suma a unos $544,2 millones.
Además, la Sindicatura Liquidadora reclamó una regulación “adicional y complementaria” de $353,8 millones, para compensar honorarios que considera insuficientes en las cuatro distribuciones de fondos anteriores. A ese pedido se sumaron reclamos de la Sindicatura Verificante y del letrado del acreedor peticionante por otros $160,7 millones.
El argumento central de la sindicatura es que, como todos los acreedores ya cobraron el 100% de sus créditos, la diferencia entre los honorarios actualmente regulados y el máximo legal no modificaría el cobro de ningún acreedor: pasaría directamente a engrosar el remanente que recibirá la propia empresa fallida. En ese contexto, los síndicos plantearon que se configuraría “un enriquecimiento sin causa” a favor de Austral Construcciones.
El remanente definitivo dependerá, por lo tanto, de la decisión que adopte la Cámara Comercial sobre los honorarios ya regulados y sobre las regulaciones adicionales solicitadas. Si elevara los honorarios hasta el 12%, disminuiría el monto disponible para la fallida respecto de la estimación actual; si confirmara las regulaciones inferiores y rechazara los adicionales, permanecería un monto mayor dentro del remanente.
A disposición de la Justicia Federal
En cualquiera de esos escenarios, el destino previsto para el remanente no cambiará: según consta en el propio proyecto de distribución, el dinero será reintegrado formalmente a Austral Construcciones y puesto a disposición de la Justicia Federal, en referencia a los tribunales federales de Comodoro Py donde tramitaron y tramitan las causas por asociación ilícita, lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Báez.
El trámite de cobro contra los propios accionistas de la firma, Báez y su hijo Martín Báez, quedó en cambio suspendido esta semana. El juez Crespo resolvió postergar esa causa —en la que la sindicatura reclama a ambos la restitución de fondos que, según sostiene, retiraron como dividendos sin la autorización de una asamblea de accionistas de Austral Construcciones— hasta que se resuelva en forma definitiva la distribución final de fondos.
El crédito reclamado a los Báez por ese concepto, que en el balance de 2015 de la constructora figuraba en $145 millones, había trepado a casi $147 millones para 2016 y, actualizado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), rondaría hoy los $17.750 millones, sin que conste que los accionistas lo hayan restituido.
La resolución sobre los honorarios en danza queda ahora en manos de la Cámara Comercial, que deberá decidir si eleva la retribución de los liquidadores al tope legal del 12%, mantiene las regulaciones fijadas en primera instancia o admite alguno de los pedidos adicionales. De esa definición dependerá cuánto dinero quedará finalmente como remanente de la megaquiebra de los Báez y, conforme al proyecto de distribución, será puesto a disposición de la Justicia Federal.
Tipo de trabajo:noticia original
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