La reforma judicial en Santa Fe superó la grieta ante la urgencia por el avance del narcotráfico

ROSARIO.-La urgencia y la necesidad para lograr detener la violencia en Rosario que supura del narcotráfico logró algo inusual en la política actual: que la llamada grieta quedara a un costado, por lo menos frente a este problema. Los legisladores de Santa Fe de distintos partidos se unieron para impulsar lo que denominan el proyecto de fortalecimiento de la justicia penal federal de la provincia, que el martes tuvo media sanción de la Cámara de Diputados.

Este proyecto, que ahora pasará al Senado, prevé la creación de 50 cargos judiciales en el fuero federal, en su mayoría en Rosario: 36 en el Ministerio Público y 14 en los tribunales federales, todos con asiento en la provincia de Santa Fe. De acuerdo al último informe de la oficina de presupuesto del Congreso de la Nación, el impacto fiscal de la propuesta legislativa será de 1106 millones de pesos anuales.

Una vez que el Senado sancione la ley, para la puesta en marcha de las nuevas estructuras deberá conformarse la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal, que aún debe nombrar a los senadores que la integrarán. En este punto los diputados ya fueron designados.

Demoras y vacantes

El problema que surge es en lo inmediato, en la urgencia que existe en el fuero federal de Rosario, donde la estructura judicial no cambia desde hace décadas a pesar del crecimiento del narcotráfico en esta ciudad. Según informó LA NACION el 21 de febrero pasado, el gobierno nacional mantiene demorada la designación del 20 por ciento de los jueces federales de Santa Fe, mientras que están vacantes el 25% de los cargos de fiscales federales.

Según se desprende de la información oficial publicada en la página web del Consejo de la Magistratura, de los 28 cargos de jueces federales de la jurisdicción actualmente hay dos jueces federales cuyo nombramiento depende de que el Presidente envíe a su candidato al Senado, para que la Cámara alta analice darle acuerdo, y otros cuatro jueces federales cuyos pliegos fueron enviados al Senado y nunca fueron tratados. Además, hay otras tres vacantes, cuyos concursos se están tramitando en el Consejo de la Magistratura. En los últimos días la Procuración General llamó a concurso para el cargo de fiscal de Cámara que está vacante desde hace siete años.

Aníbal Pineda, camarista del fuero federal de Rosario, sostuvo en diálogo con LA NACION que lo importante de la media sanción de esta ley es que “se superó la grieta y que la clase política entendió que el problema de Rosario con el narcotráfico debe abordarse como una política de Estado”.

En relación al déficit de la justicia federal en Rosario, el funcionario explicó que una de las ventajas que otorga esta normativa si se sanciona es que “el Procurador General va a poder nombrar de forma transitoria y en un plazo breve 18 fiscales federales en esta jurisdicción, donde hoy sólo hay tres”.

Según Pineda, cada fiscal tiene hoy en su oficina unas 1500 causas, por lo que si se produce el nombramiento de manera transitoria de nuevos funcionarios del Ministerio Público “esto lograría mejorar el nivel de las investigaciones”.

En ese punto, el diputado de Juntos por el Cambio Federico Angelini consideró que es importante que las medidas que surgen de esta ley que tiene media sanción “se implementen de corto plazo para contrarrestar el avance del narcotráfico”.

“Este proyecto, que nunca fue prioridad para el gobierno, va a ayudar a la Justicia Federal en la lucha contra el narcotráfico y lo celebro; por eso peleamos para estar hoy en el recinto aprobando este proyecto. Pero necesitamos medidas de corto plazo, que las tienen que tomar el gobierno provincial y nacional”, manifestó Angelini.

“Ahí está el problema, porque si quisieran solucionar esta crisis en el corto plazo, dejarían de lado la ideología y esa lógica que se ha implementado en 16 de los últimos 20 años, y tomarían medidas inmediatas”, apuntó el legislador.

El diputado del Frente de Todos Roberto Mirabella también planteó que debe haber una decisión política para llevar adelante los cambios. “Nuestra estructura federal en Santa Fe hace muchísimos años que es igual; lo último que creó este Congreso fue en 2012 el juzgado de Venado Tuerto y en 2006 el de Rafaela”, recordó, y en ese sentido planteó que el lavado de dinero, por ejemplo es un delito que hace 30 o 40 años no existía.

“La narcocriminalidad que se da en nuestra provincia no tiene demasiados antecedentes. Según la Procunar, se tramita en Santa Fe el 20% de las causas de droga de todo el país. La violencia urbana tiene niveles inusitados en ese distrito y la cantidad de homicidios en Rosario cuadruplica la media nacional”.

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