La renuncia de Gils Carbó: dos años de lucha con el Gobierno

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbódejará su cargo el próximo 31 de diciembre próximo tras entregarle una carta con su dimisión al ministro de Justicia, Germán Garavano. Desde que Mauricio Macri es presidente, la relación entre Gils Carbó y el gobierno tuvo muchos cortocircuitos y desde Cambiemos intentaron removerla de distintas maneras.

La permanencia de Gils Carbó en el cargo de procuradora general de la Nación después del 10 de diciembre de 2015 fue primero una áspera cuestión política, o en todo caso político-jurídica, y, con el tiempo, se extendió este año también al plano judicial, al ser imputada y luego procesada en una causa por irregularidades en la compra de un edificio.

El 2 de diciembre de 2015, pocos días antes de que Mauricio Macri asumiera la Presidencia de la Nación, el diputado Pablo Tonelli (PRO) declaraba que era una "decisión tomada" relevarla de su cargo mediante un decreto presidencial.

La decisión política de desplazar a la jefa del Ministerio Público Fiscal estuvo siempre presente desde entonces, aunque la vía para lograr su apartamiento pronto se reveló más compleja: en ese diciembre de 2015, la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco señaló públicamente que el juicio político era "la única vía" para desplazar a Alejandra Gils Carbó de su cargo.

Desde entonces, se sucedieron las exhortaciones gubernamentales dirigidas a que Gils Carbó renunciara al cargo, alternadas con la búsqueda de otros caminos, entre ellos un proyecto de 2016 para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y acotar la duración del mandato de su titular, variante que chocó con objeciones técnicas pero sobre todo con la terminante oposición de la oficialista Elisa Carrió a esa reforma.

Por otra parte, además de contar con el apoyo de los organismos de derechos humanos y del kirchnerismo en el Congreso Nacional, la posición de Gils Carbó se vio de hecho reforzada en diciembre de 2016 cuando el papa Francisco la recibió por más de una hora junto a sus pares de Bolivia y Uruguay para hablar de un programa de acceso a la Justicia destinado a los sectores sociales más postergados.

No obstante, la situación de la procuradora general de la Nación se complicó en el plano judicial cuando en marzo de este año fue imputada en una causa por irregularidades en la compra de un edificio en la calle Perón al 600, donde pasó a funcionar la jefatura de los fiscales. Por esos días, el ministro de Justicia, Germán Garavano, volvía a pedirle la renuncia. "No combatió al delito y la corrupción", argumentaba.

La procuradora sostenía a su vez que con la causa por la compra del edificio se intentaba "crear una sospecha de corrupción" con el objetivo de justificar su "desplazamiento por modos ilegales e inconstitucionales".

Desde abril de este año, Gils Carbó buscó nuevas alianzas al tomar un activo papel en sucesivas reuniones de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y de procuradores generales de países de la región, que adoptaron pronunciamientos en contra de la remoción, por medio de procedimientos "inconstitucionales", de los jefes de los ministerios públicos fiscales de Venezuela, Brasil y Argentina, entre otros países.

La búsqueda de ese consenso llevó a una impensada aproximación de Gils Carbó con la fiscal federal de Venezuela, la ex chavista Luisa Ortega Díaz, enfrentada al gobierno de Nicolás Maduro, y a un más previsible acuerdo con su par de Brasil, Rodrigo Janot, para intercambiar información de la explosiva causa Odebrecht.

Por su parte, en julio de este año el presidente Macri afirmó que la procuradora general de la Nación carecía de "autoridad moral" para ejercer su cargo y agregó en declaraciones públicas: "No combate el delito, que es lo que le preocupa a la gente".

El jefe de Estado insistió entonces con el pedido de renuncia y dijo: "Lamento que insista en permanecer en el cargo, cuando lo lógico es que siempre el presidente de la Nación proponga un procurador y el Congreso lo apruebe".

Todo pareció complicarse aún más para Gils Carbó desde que el 1 de septiembre pasado la indagaron en la causa por la adquisición del inmueble en Perón 667. Gils Carbó aseguró que nada sabía de ese "negocio oculto" en la compra, y que una vez que se enteró, suspendió al funcionario de carrera imputado junto a su medio hermano.

Pero el pasado 12 de octubre, el juez federal Julián Ercolini la procesó -junto a otras cuatro personas- por considerarla coautora del delito de administración fraudulenta en la compra del edificio. Días después, un juez en lo contencioso administrativo federal declaró inconstitucional el artículo que imponía la necesidad de iniciar un juicio político para forzar su destitución.

Por su lado, el ministro Garavano anunció la semana pasada que el oficialismo impulsaría una reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que eliminaría el actual requisito de una mayoría especial de dos tercios en el Congreso Nacional para la remoción del titular de la Procuraduría General de la Nación.

En este marco, Gils Carbó hizio pública hoy su renuncia al cargo, según afirmó en un comunicado, para "disuadir reformas" en la ley del Ministerio Público Fiscal.

Con información de Télam