La sentencia se anticipó al juicio

"El juicio será difícil y lo resolveremos con indicios o presunciones", dijo María del Carmen de la Barrera de Ingelmo.

La fuente escuchó la frase de la presidenta del Tribunal Oral de Neuquén ocho meses antes de comenzar el juicio por el crimen del soldado Omar Carrasco, y supo en el acto que los tres procesados ya estaban condenados de antemano: "Para absolver no se necesitan indicios", explica este profesional de gran prestigio.

En los dos meses y medio que duró el juicio se cayeron varios indicios recogidos por el juez de instrucción Rubén Caro, quien siguió la línea que marcó el Ejército, y se confirmó que Inteligencia destruyó pruebas.

Pero el 31 de enero de 1996 los camaristas Ingelmo, Haydée Vázquez y Eugenio Krom condenaron al subteniente Ignacio Canevaro a 15 años, y a los ex soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar a 10 sin explicar satisfactoriamente el homicidio ni haber intentado la reconstrucción. Los tres se declararon inocentes.

Ese día La Nación informó que hubo alegría en el Estado Mayor. El Ejército precisaba las condenas -confirmadas por la Cámara de Casación- para acallar uno de los casos más turbios, que hoy tiene al comandante, teniente general Martín Balza, en la antesala de la causa del encubrimiento.

Una investigación que La Nación inició el año último revela que el camino a las condenas estuvo marcado por contactos secretos entre el camarista Krom y Juan Carlos Moreno Campos, abogado del Estado Mayor y enviado de Balza, intentos de manipular peritos, omisiones e interpretaciones forzadas de testimonios claves, testigos dudosos y una acusación de amistad entre Balza y Krom.

Hoy, al actuar como cámara de apelaciones de los encubrimientos, el Tribunal Oral tiene en sus manos la suerte de esa causa explosiva que lleva adelante el juez federal Guillermo Labate. En ella ya hay ocho militares procesados. Aún restan varias indagatorias.

"El tribunal es parte interesada y debió apartarse", sostiene Bruno Bonetti, ex conjuez de los encubrimientos. Bonetti renunció en 1996 a raíz de las trabas que, según expresó, le puso el fiscal Luis María Viaut cuando su investigación amenazaba desviarse de la sentencia.

Los miembros del tribunal rehusaron responder un pedido de entrevista o conversación que La Nación les presentó por escrito.

Omar Carrasco desapareció en el Grupo de Artillería 161 de Zapala durante la siesta del domingo 6 de marzo de 1994, tres días después de haberse incorporado al servicio militar. De extrema timidez, los nervios le dibujaban una sonrisa que parecía burlona, cuentan sus compañeros.

Los militares lo presentaron como desertor mientras mantenían oculto su cadáver. La presión de los padres y del periodismo hizo que alguien, que permanece en el misterio, dispusiera el blanqueo del cuerpo. El 6 de abril se fraguó el hallazgo en un cerro del cuartel. Los jefes de la guarnición quisieron atribuir la muerte al frío o al suicidio. Una precaria autopsia que el juez Caro obligó a improvisar en el hospital de la unidad desbarató la maniobra al revelar que Omar había recibido un golpe en el pecho.

Su muerte puso fin a casi cien años de colimba.

José O´Reilly, defensor del general Carlos Díaz, procesado por los encubrimientos, confirmó que hace una semana recusó al juez Krom por su amistad con Balza. Argumentó "visitas domiciliarias, comidas y tuteos. Quizá se conocieron cuando Balza comandaba la Brigada de Neuquén."

Según O´Reilly, el coronel auditor Carlos Ferrario, del Estado Mayor, acusado de intervenir en la adulteración del sumario militar, narró en su indagatoria de la semana última ante el juez Labate que el 21 de abril de 1994 viajó de Zapala a Neuquén, donde permaneció varias horas con Krom en el domicilio del juez. "¿Eran amigos? ¿Qué tenían que hablar Krom y el enviado de Balza?", pregunta OÕReilly.

Antes del juicio, los tres camaristas escucharon a Alberto Brailovsky. El médico legista de la Procuración y de Homicidios de la Policía Federal expuso algo que chocaba frontalmente con la historia oficial que elaboró el Ejército y que ellos ratificarían. Dijo que en marzo de 1994 Carrasco no murió por un golpe en el pecho, sino por una atención médica clandestina y equivocada en el cuartel de Zapala. Los culpables, entonces, eran quienes la ordenaron y la consintieron.

Tomando el brazo de la doctora Vázquez, Brailovsky mostró cómo se usó una aguja butterfly para canalizar a Carrasco. Los jueces lo escucharon y luego no le permitieron declarar.

"Prejuzgaron", afirma Oscar Pandolfi, uno de los defensores. Quizá por eso el 13 de noviembre de 1995, dos días antes de las audiencias, el diario Río Negro publicó que dos magistrados tenían decididos sus votos. "Resulta inquietante -agregó el diario- la presunción de que la sentencia ya está redactada."

Una fuente segura manifestó a La Nación que durante el juicio Krom era asiduamente visitado en su domicilio de Rivadavia 115, 11º B, por Moreno Campos, el abogado del Estado Mayor que presentó a los testigos sospechosos que permitieron llegar a las condenas. Moreno Campos operaba desde el Hotel del Comahue.

A él reportaba Víctor Seguí, defensor del sargento Carlos Sánchez, el suboficial que en ocho declaraciones juró no saber nada hasta que lo llevaron a Buenos Aires y regresó al Sur con una acusación de oídas contra Canevaro y los soldados.

El tribunal admitió que se constituyó en pleno para escuchar a Moreno Campos transmitir el deseo de colaboración de Balza. Pero ni Balza ni el Ejército eran parte del proceso.

"Fue un linchamiento judicial", afirma el codefensor Marcelo Inaudi. Para Daniel Valencia, otro codefensor, el primer atisbo de que el tribunal necesitaba condenas llegó por medio de su socio.

"En 1994, cuando apelamos las prisiones preventivas, Ricardo Saco me contó que Krom le aconsejó que convenciéramos a Suárez y a Salazar de confesar un homicidio preterintencional. Que golpearon a Carrasco sin intención de matarlo. No aceptamos: ellos repiten que no le pegaron. En el juicio Krom me llevó aparte y me dijo que fue un malentendido, pero yo le creo a Saco", explica Valencia.

Meses antes del juicio, la doctora Ingelmo llamó a Eduardo Ghigliani, médico legista especializado en psiquiatría forense que en 1994 practicó un estudio general a Canevaro.

"Me citó tres o cuatro veces. En ocasiones estaban Krom y Vázquez, pero Ingelmo llevaba la voz cantante. Me dijo -cuenta el perito- que de manos anónimas recibió una foto de Canevaro vestido de mujer en una fiesta negra. Insistía en forma machacona y llamativa con la homosexualidad de Canevaro. Yo ignoraba qué relación tenía con el crimen. "Doctor, me dijo, le haremos estudios forenses a Canevaro y usted debe prepararme un cuestionario para que los peritos no se vayan por la tangente. Necesito una última pregunta para una respuesta ineludible y tajante"."

Ghigliani obedeció. A Canevaro no le realizaron ese estudio, sino otro, ya avanzado el juicio, que no arrojó indicios de una homosexualidad que jamás tuvo vinculación con la trama del crimen, salvo en las hipótesis que propagó Inteligencia para desprestigiarlo ante la falta de pruebas.

"Antes de juicio, Ingelmo me preguntó si me jugaría a afirmar en audiencia que Canevaro era homosexual. Le respondí que no hice ningún estudio -continúa Ghigliani- y que podría acarrearme una querella. "Puede afirmar cualquier cosa en el juicio, me aseguró, que no tendrá consecuencias legales para usted"."

Ghigliani olvidó todo hasta que se encontró sentado como testigo. "De pronto noté que la doctora Ingelmo empezaba a hacerme mis preguntas. No lo podía creer. Conocía la secuencia y sabía que la última era: "¿Canevaro es homosexual, sí o no?" Ghigliani procuró zafar: "No puedo afirmarlo porque no efectué peritajes específicos". En la sala se notaba su perplejidad. Pero, basándose más en las preguntas que en las respuestas del médico, los medios de prensa volvieron a agitar la presunta homosexualidad de Canevaro.

"Nunca estuve en una fiesta negra -replica Canevaro-. Creo que esas fotos entregadas al tribunal se tomaron el 16 de abril de 1994, en el casino del cuartel, en el cuarto de la subteniente enfermera Viviana González. Me había puesto su mameluco de paracaidista, una prenda unisex. Eramos varios en tren de broma."

El perito Ghigliani cree en la inocencia de los tres condenados.

Avanzado el juicio, a Canevaro le efectuaron el estudio que dio negativo, aunque arrojó rasgos psicopáticos. "Aparecen en muchas personalidades y no significan delincuencia", explican el psiquiatra Gastón Poirier Lalane y la psicóloga Cristina Pécora, peritos por Canevaro.

Había dos peritos oficiales. Pécora notó que las juezas Ingelmo y Vázquez hablaban aparte con ellos. "A nosotros ni siquiera nos saludaron."

Parecía haber unanimidad entre los peritos oficiales y los de Canevaro. Pero una mañana Pécora leyó en un diario tramos parciales del informe oficial presentados "en forma grosera con confidencias que nos hizo Canevaro de buena fe y que no se vinculaban con la acusación ni con el tema de estudio".

Pécora corrió al tribunal. Allí la esperaba otra sorpresa. "Eran las 11 y la doctora Ingelmo me dijo que firmara el informe oficial o presentara otro antes de las 17. "Si no, se cae el juicio y hay que hacer otro", me dijo."

En las actas (foja 5442 vuelta) Ingelmo informa que el 12 de enero "la licenciada Pécora presentó la ratificación al informe psiquiátrico".

No. Pécora redactó de apuro un informe propio.

Poco antes de la sentencia, el tribunal convocó a otro psiquiatra oficial, Ignacio López Proumen: "Quizá me equivoque, pero me dio la impresión de que querían confirmar los elementos psiquiátricos de la hipótesis que aparentemente manejaban".

No había pruebas fuertes, y para colmo Canevaro no era homosexual. Entonces, los rasgos psicopáticos parecieron transformarse en la sentencia en personalidad psicopática.

"Rasgos psicopáticos tienen los cirujanos y los pilotos de avión. Además, no todo psicópata es un asesino -sostienen Pécora y Poirier Lalane-. Como el tribunal juzgó a Canevaro como asesino, se vio obligado a concluir que era un psicópata tergiversando los diagnósticos."

López Proumen testimonió que, según los estudios de personalidad que efectuó al ex soldado Suárez, era muy difícil que golpeara a Carrasco.

"Alguien a mis espaldas preguntó si podía descartarlo. Respondí que sólo era posible bajo una gran presión del medio", cuenta López Proumen.

La sentencia usó esa frase para apoyar la condena a Suárez.

Pero un párrafo en la sentencia plantea interrogantes insoslayables: "Las tareas de Inteligencia contribuyeron a contaminar el juicio para terminar invalidando pruebas que pudieron ser relevantes".

Si Inteligencia entregó a la Justicia a Canevaro y a los dos soldados, y luego procuró testimonios en contra de éstos, ¿a quiénes comprometían las pruebas que destruyó?

¿Por qué, en vez de recurrir al beneficio de la duda, había que condenar ineludiblemente y haciendo malabarismos a los tres sospechosos que el Ejército entregó a un juez (Caro) acusado de encubridor?

¿Por qué sigue siendo tabú la presunta asistencia médica a Carrasco, hipótesis que la sentencia no descarta y que el ex conjuez Bonetti quiso sondear y terminó por sacarlo del caso?

El informe del perito Brailovsky abre una hipótesis alternativa; el Tribunal Oral asumió como propias las deficiencias en la actuación del juez Caro, que condicionaron el proceso.

El caso Carrasco tiene un vicio de origen: la instrucción que efectuó el juez federal de Zapala, Rubén Caro, quien se limitó a avalar lo que le arrimaba el Ejército.

La fuerza identificó a los presuntos culpables, el subteniente Ignacio Canevaro y los ex soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar. Aunque realizó una instrucción suplementaria, el Tribunal Oral se basó en lo actuado por Caro.

¿Los vicios e irregularidades significan que los tres condenados son inocentes chivos expiatorios?

"No necesariamente, pero me llama la atención que la sentencia seleccionara de una forma en principio arbitraria algunos elementos para condenar y omitiera varios que, en un caso común y corriente, habrían sobrado para que operara el beneficio de la duda", sostiene un penalista de Neuquén que por ahora prefiere el anonimato.

Y agrega: "No me convence ninguno de los elementos usados para condenar a Canevaro por el homicidio. En cambio, los veo válidos para considerarlo un encubridor." "¿Vos pensás que yo estaría aquí (en el penal de Caseros) bancándome una condena a 15 años para proteger a alguien? ¿A quién? No sé qué pasó. No lo sé -se indigna Canevaro-. Tengo hipótesis, pero no quiero dar nombres para que a otro no le pase lo que me pasó a mí, que me condenaron como si se hubieran basado en aquella frase: «Algo habrá hecho, por algo será.»"

Dos de los tres auxiliares castrenses del juez Caro, los tenientes coroneles Víctor Jordán, de Inteligencia, y el juez Raúl José, están procesados por encubrimiento. En el juicio, los camaristas Eugenio Krom y Haydée Vázquez les permitieron declarar por escrito.

Caro afronta afronta un pedido de juicio político por mal desempeño y presunto encubrimiento. La comisión respectiva de Diputados tratará de conciliar hoy los dos dictámenes que aprueban el enjuiciamiento.

"Asumimos como propios los errores y deficiencias de la instrucción del sumario", reza la sentencia de los camaristas que el año último no se mostraron tan pacientes con el conjuez Bruno Bonetti. A raíz de unas declaraciones donde Bonetti los cuestionó, los camaristas solicitaron, en vano, que lo sancionara el Colegio de Abogados de Zapala.

El Tribunal no reparó en que hubo mucho más que errores y deficiencias en la labor de Caro, como se pudo comprobar cuando el ex soldado Fabián Luna declaró en audiencia que en el juzgado de Zapala se valieron de su condición de semianalfabeto y le tergiversaron el testimonio para que acusara a Canevaro, Suárez y Salazar.

Caro le inició juicio a Luna y lo perdió.

La firma de Caro en el testimonio presuntamente tergiversado está acompañada por las del fiscal Luis María Viaut, el secretario Carlos Garcilazo -ambos firman casi todos los actos que le valieron al juez el pedido de juicio político- y dos fiscales enviados por la Procuración: Marcelo Retes y Andrés Necol.

La declaración del ex soldado Gustavo Huanque parecía un obstáculo insalvable para la sentencia. Fue el último que vio con vida a Carrasco, y lo vio corriendo lejos del baño externo de la batería donde la sentencia dice que ocurrió el crimen, pese a que había decenas de soldados cerca y nadie vio ni escuchó nada.

Para eludir la valla de Huanque, el Tribunal sostuvo que se confundió. "La sentencia -recuerda el codefensor Marcelo Inaudi- llega a decir que tal vez Carrasco corría tal como lo vio Huanque, pero que luego regresó a la zona del baño externo. Sí, para encajar en la historia oficial."

Pero en la causa de los encubrimientos Huanque ratificó sus declaraciones anteriores.

"Las actas del juicio están plagadas de omisiones", señala el defensor Daniel Valencia.

Una de las más notorias se produjo cuando el comisario Mario Romero relató los dichos de Juan Castro. Este ex soldado, amigo de Carrasco, dijo haber presenciado la golpiza, pero el juez Caro no incorporó ese relato fudamental. Tuvo que reconstruirlo en audiencia el policía: "Castro dijo que vio a tres o cuatro de verde pateando a Carrasco, y que uno era un superior rubio o pelirrojo."

En las actas sólo figura "rubio". Como Canevaro.

Ante el Tribunal, Castro no reconoció a Canevaro como el asesino, y tras mirar a Suárez y a Salazar expresó: "Son buenos muchachos." El Tribunal no aceptó que se analizara en Scotland Yard o en un instituto japonés el ADN de pelos calificados como "similares" al de Canevaro. A esos cabellos el médico legista de la Policía Federal Alberto Brailovsky, perito en la causa de los encubrimientos, sólo les adjudicó un 33 por ciento de similitud.

Para las condenas no bastaba el testimonio del sargento Carlos Sánchez. Por lo tanto, Juan Carlos Moreno Campos, abogado del Estado Mayor, llamó al fiscal del Tribunal, Manuel Balboa, y le presentó a la subteniente Viviana González. La enfermera había "recordado" que prestó a Canevaro el pantalón que vestía el cadáver. Dijo que lo reconoció al quitárselo para la autopsia.

Tras el juicio ascendió a teniente, pero mintió por lo menos en un aspecto. "Yo le saqué el pantalón al cadáver", dijo el año último a La Nación el cabo primero Gustavo Lorca, de la policía. González afronta una causa por falso testimonio. Su declaración fue ratificada por la subteniente Patricia Troncoso, involucrada por Brailovsky en recetas adulteradas que se habrían usado en la agonía de Carrasco.

Algunos seguidores del caso no descartan que tal vez los tres condenados participaron en la penúltima de las tantas golpizas que sufrió el pobre Carrasco. Pero que éste intentó escapar en la escena que presenció Huanque, y luego alguien lo golpeó en otro sitio. Después, un oficial con bastante poder de mando habría ordenado la asistencia médica clandestina: la verdadera causa de la muerte, según Brailovsky.

Por Por Jorge Urien Berri

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