La suma de muchos errores

En nuestro sistema republicano, el Poder Judicial cumple dos funciones: como poder del Estado controla la constitucionalidad de normas y de los actos de los otros poderes; como tribunal de justicia resuelve conflictos. En ambas ha errado, aunque en distintas épocas y por diferentes razones, y -salvo excepciones recientes- por equivocados conceptos más que por falta de patriotismo o dedicación de sus integrantes.

Desde su instalación en 1862, la Corte Suprema rehuyó el conocimiento de conflictos institucionales pensando que, manteniéndose alejada de éstos, podría resguardar mejor su independencia. Desgraciadamente no hizo lo uno ni logró lo otro. Ya a fines del siglo XIX lo lamentaban, por ejemplo, Estanislao Zeballos y Clodomiro Zavalia.

A partir de la década del 30 sumó equivocaciones en el control de la constitucionalidad, no resistiendo el impacto del avance planificador del Estado y permitiendo su crecimiento desmesurado bajo la aparente vigencia de nuestra constitución liberal.

La Justicia no ha aportado mucho a nuestra maltrecha seguridad jurídica y, por consecuencia, al crecimiento económico. Fracasó en la lucha contra la corrupción y, al final, terminó contagiada. También en su tarea de distinguir entre culpables e inocentes. Con un errado espíritu de cuerpo (similar al de los abogados), tampoco se ha esforzado en mejorar su performance o aumentar el tiempo de trabajo.

En buena medida, esto ocurrió porque la sociedad se desinteresó por su suerte. Durante muchos años, en Fores predicamos en el desierto. Además, desde el juicio político de Perón a la Corte Suprema, en 1947, y la remoción de jueces producida con la Constitución de 1949, el Poder Judicial perdió estabilidad, lo que dificultó el correcto control de constitucionalidad.

Frente a los gobiernos legítimos, cuando debía controlarlos estrictamente para ayudarlos a crecer en la senda constitucional, buscó acompañarlos antes que oponerse, creyendo que así cumplía mejor su tarea.

No hay duda de que los abogados tenemos responsabilidad. De los 150 años de vida institucional, 81 estuvimos gobernados por presidentes que fueron abogados, y más de la mitad de los legisladores y la totalidad de los jueces también lo son. Colaboramos con la "inflación legislativa" que envileció la ley. En general ponemos más énfasis en la enseñanza de los derechos que de las obligaciones, como si pudieran concebirse separados. Nunca explicamos bien cómo los golpes de Estado no tienen como únicos responsables a quienes los cometen, sino también al sistema y a los partidos políticos que fallan.

En los años 70 no supimos explicar que la violencia y el abandono de las vías legales sólo conducen a tragedias y, luego, al horror de la represión ilegal. No protegimos los intentos civilizados de defensa de la sociedad.

En estos momentos me preocupa la suerte de nuestro sistema de control de constitucionalidad que debe ser ejercido con prudencia si no se quiere caer en el indeseado "gobierno de los jueces". La crisis terminal desatada en diciembre de 2001 provocando un festival de amparos, que son la exageración contraria de la anterior excesiva cautela o laxitud, puede producir un efecto igualmente nocivo.

Sin embargo, y a pesar de todo, tengo esperanzas en el futuro. Hoy existe un clamor ciudadano por la Justicia. Los avances logrados en la Mesa del Diálogo de la Iglesia y el PNUD son auspiciosos. Y, por sobre todas las cosas, contamos con la mejor calidad del principal recurso: el capital humano. Hay que saber elegirlo.