La trastienda de la pelea por la coparticipación: los guardianes de Alberto Fernández y la vehemencia del reclamo de los gobernadores

Apenas empezó a levantar el teléfono para convocar a los gobernadores a la Casa Rosada, Alberto Fernández percibió que el ánimo en las provincias estaba súper caldeado. El fallo de la Corte Suprema que repuso fondos de la coparticipación a la Ciudad puso a los mandatarios provinciales en una actitud corporativa y estaban dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, con alta implicación institucional. “Con los tapones de punta”, describió un funcionario nacional.

Por eso, el Presidente le pidió a su secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y a su vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, que participaran de la reunión del jueves. Les pidió que le cuidaran las espaldas y que, al mismo tiempo, cranearan un ropaje jurídico que permitiera no implementar el fallo del máximo tribunal que ordenaba aumentar del 2,32% al 2,95% el goteo diario de fondos coparticipables a la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Un comunicado meramente declarativo, notó el Presidente, iba a resultar insuficiente para contener semejante malestar de los caciques provinciales.

“Un Presidente no puede desconocer un fallo de la Corte Suprema. Pero puede responder al fallo y apelarlo con un recurso judicial en el marco de la Constitución”, fue la solución jurídica que imperó en el circuito íntimo de Fernández. El jefe de Estado -que es profesor de Derecho y alguna vez quiso ser su propio abogado- le asignó a Ibarra el rol de guardiana jurídica y a Olmos un papel de articulación política durante el intercambio con los gobernadores.

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, sacó ventaja y primereó el reclamo que el jueves le harían los gobernadores al Presidente mediante un hilo de Twitter. “El Presidente de la Nación debe desconocer este fallo”, escribió el gobernador que -por fuera de Axel Kicillof- tiene más llegada a Cristina Kirchner. En el kirchnerismo aseguran que la vicepresidenta no estuvo detrás de la movida comunicacional del chaqueño, aunque ella coincidió plenamente con lo que dijo. “Lo que hizo Capitanich fue una estrategia para plantar bandera, pero lo que él pidió lo queríamos todos”, aseguró un colaborador relevante del campamento K.

La reunión

La reunión del jueves al mediodía en el Salón Eva Perón de la sede de gobierno fue densa. Hubo palabras vehementes y en tono elevado por parte de los gobernadores y el Presidente. Todos despotricaban contra los cortesanos, pero también discutían la estrategia legal a seguir.

“Había un ‘hacé algo’ de los gobernadores muy fuerte hacia Alberto”, dijo un colaborador de la Casa Rosada que participó de parte de la reunión. Uno de los gobernadores pidió una respuesta a la altura de “un gobierno peronista”. Otro de ellos se quejó: “Yo, para aumentar los fondos que recibo, tengo que negociar con 23 gobernadores y con Nación. Rodríguez Larreta arregla con la Corte y ya está”. Un tercero transmitió que el Gobierno no puede dejar que “cuatro jueces” -los miembros del máximo tribunal- definan las políticas públicas de un país.

Hubo mandatarios que reclamaron iniciar un juicio político contra los ministros de la Corte y otros, directamente, pidieron que el Gobierno desconociera el fallo dictado por el máximo tribunal. Fernández, el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, Ibarra y Olmos, replicaron con la propuesta de recusar a los jueces -en lugar del juicio político- y recusar el fallo -en lugar de desconocerlo sin más-.

Según pudo reconstruir LA NACION, no hubo un primus inter pares, pero Capitanich, Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) fueron de los que expresaron las posturas más duras. También Axel Kicillof, que llevó a varios colaboradores a Casa Rosada. El gobernador bonaerense sabe que hay provincias que reclaman que los fondos en disputa -que en su momento se destinaron para la Policía Bonaerense- tengan otro tipo de reparto.

Según señalaron cerca del Presidente, desconocer el fallo, sin hacer nada más, pondría a Fernández en la puerta de Comodoro Py. El camino, alegaron era el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución dictada por los cortesanos, para que el proceso legal continúe. También subrayaron que las provincias pedirán ser tenidas como parte y se involucrarán en el planteo judicial.

Cuando la reunión terminó, cerca de las 14, Ibarra y Olmos se abocaron pulir el comunicado conjunto con los gobernadores. En el medio del raid, Fernández dio el mensaje de fin de año a los trabajadores de Casa Rosada que lo esperaban en el patio de las Palmeras. En un balcón lo escuchaban Kicillof, Jalil y el vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga, que fueron los últimos en dejar Balcarce 50. La redacción, minuciosa, se demoró hasta pasadas las 20. La intención era que se plasmara que el Presidente no cumple con el fallo porque es “imposible”. Los colaboradores de Fernández, para cuidarle la espalda al Presidente -que de todas formas ya recibió dos denuncias penales- custodiaron cada coma del escrito.

Por ejemplo, se introdujo una aclaración entre comas que indicaba que el fallo de la Corte no se puede cumplir “en las condiciones actuales” porque uno de los argumentos más fuertes del Gobierno es que ya hay una ley de Presupuesto que no prevé esta nueva distribución de fondos. Que “no está” el dinero para pagarle a Rodríguez Larreta el monto actualizado.

“Hubo una decisión política de la Corte que la disfraza como sentencia. El Presidente y los gobernadores también toman una decisión política con forma jurídica”, admitió un alto funcionario nacional.

Qué pasará

Aunque ayer el Gobierno y las provincias arribaron a un comunicado común, todavía resta efectivizar el planteo judicial, en donde se espera que intervenga el Procurador General del Tesoro, Carlos Zannini, la pluma jurídica de la vicepresidenta en el Gobierno.

En el entorno del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro se ocuparon de aclarar que el ministro “no tomará intervención alguna” y que no es parte en el expediente. De Pedro había sido un actor protagónico de la puja con Rodríguez Larreta por los fondos asignados a la Capital Federal. Hubo un sinfín de reuniones entre funcionarios de su ministerio y representantes del gobierno porteño para una mediación -fallida- antes de que la Corte resolviera la cautelar que presentó la Ciudad. El día que salió la acordada de la Corte, el ministro del Interior se enfureció cuando vio al alcalde porteño en televisión anunciando que bajaría impuestos, por el jugo político que logró sacarle a la situación. Y no emitió ningún comunicado o mensaje hasta el día siguiente, que publicó un tuit.

En la Casa Rosada se preparan para que la Corte responda de forma adversa a cualquier planteo que haga el Gobierno. Y advierten que, si eso pasa, “habrá que ir al Congreso” para buscar, con leyes, el financiamiento que permita afrontar lo pautado en el Presupuesto más el monto actualizado de la coparticipación de la Ciudad. Hablan de plantear nuevos impuestos o pedir autorización para algún tipo de endeudamiento. Aseguran que está planteado “un conflicto de poderes” y están dispuestos a involucrar a los legisladores en la puja con la máxima autoridad judicial del país.

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