La trastienda del giro del Gobierno en el caso Nicaragua

En la intimidad de la quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández intercambió mensajes con su par de México, Andrés Manuel López Obrador, y el canciller de ese país, Marcelo Ebrard. El domingo, por la noche, llamó al canciller Felipe Solá, en preparativos para viajar a la ONU, y le ordenó cumplir con sus directivas, que incluyeron una difusión mediática conjunta (presidencia y Cancillería casi al unísono) para darle mayor fuerza al mensaje.

Así se “cocinó” el llamado conjunto mexicano-argentino a sus embajadores en Nicaragua, el país que con mano de hierro gobiernan Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. La certeza sobre el malestar de Estados Unidos ante la abstención de la Argentina en la OEA, que votó por amplia mayoría la condena al encarcelamiento de dirigentes opositores nicaragüenses, influyó en la decisión, aunque cerca del Presidente dicen que nada cambió en lo sustancial.

“Siempre decimos lo mismo. No a la intervención institucional, sí a la defensa de los derechos humanos”, explicó uno de los referentes diplomáticos del Presidente, resignado a recibir críticas por esta postura. “Los kirchneristas duros nos acusan de tibios; la oposición, de chavistas”, afirma otro referente cercano al primer mandatario, ansioso por salir de la espiral de críticas que recibió el voto argentino, una decisión que Fernández tomó en soledad, aún con las dudas del embajador en Washington, Jorge Arguello, las de Solá y también las del titular de la Cámara baja, Sergio Massa.

En un giro hacia el pragmatismo, acusado de tener siempre una mirada “benévola” con mandatarios cuestionados como Nicolás Maduro en Venezuela o los sucesores de Fidel Castro en Cuba, en el Gobierno niegan haberse “casado” con Ortega, a quien en lo ideológico respaldan muchos de los integrantes del kirchnerismo duro. “No podemos aceptar ni hacernos los distraídos cuando meten presos a los opositores”, razonaba otra voz oficial, aunque diferenciaba a la OEA, “que maneja [Luis] Almagro”, con quien no hay intención de retomar el diálogo, de las Naciones Unidas, “dónde está Michelle Bachelet”, quien es vista como una referencia en materia de derechos humanos por el oficialismo.

El llamado a consultas al “embajador militante” Daniel Capitanich, un llamado “ciento por ciento político”, puede quedar solo en eso, como sospecha la oposición, pero también es toda una señal “hacia afuera” de la coalición gobernante, sobre todo para Estados Unidos, pero también para los socios del Mercosur, quienes quedaron perplejos por la decisión de no condenar a Ortega. La condena fue un camino que tomaron no solo gobiernos de centroderecha como Jair Bolsonaro o Luis Lacalle Pou, sino también referentes de la socialdemocracia europea y sus “partidos hermanos” en la Argentina, como la UCR y el PS.

“Advertimos sobre el golpe en Bolivia, también pedimos que se respeten los resultados en Perú, y ahora hay señales preocupantes en Nicaragua”, afirmó a LA NACION Oscar Laborde, dirigente albertista y presidente del observatorio de la democracia del Parlasur, que la semana que viene presentará un informe crítico del sistema electoral en Nicaragua.

Nadie se anima a responder si el llamado a Capitanich es el paso previo a su salida de la embajada, o si, por el contrario, luego de dar su informe volverá a Managua. Los próximos días -y los pasos que dé el exjefe de la revolución sandinista en relación con la oposición- serán claves para que el Gobierno se incline hacia uno u otro lado, en una decisión que, sabe, le traerá renovadas críticas.

Por Jaime Rosemberg

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