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La UTA llamó a un paro nacional de colectivos para el lunes y martes
El gremio de los colectiveros reclama un aumento salarial al margen de la pulseada que tienen los empresarios con el Gobierno por el reparto de subsidios
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LA NACION
La Unión Tranviaria Automotor (UTA), el gremio que reúne a los colectiveros, convocó a un paro nacional de 48 horas para el lunes y martes próximo. La decisión se tomó después de no haber llegado a un acuerdo para conseguir un aumento salarial con las cámaras empresarias y el Gobierno. No pasó ni siquiera una hora de la amenaza de paro cuando la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, dictó la conciliación obligatoria. De esta manera, el servicio estará garantizado, aunque la pulseada salarial continúa.
La medida de fuerza iba a afectar al transporte de pasajeros urbano, interurbano y larga distancia. A partir de ahora, se abre una período de negociación sin conflicto por 15 días, se acuerdo a la resolución de la cartera laboral.
“Los empresarios nos dicen que sin aumento de subisidios y sin aumento de boleto no pueden dar aumento salarial. Nosotros no somos socios de ellos”, argumentaron en la UTA el avance hacia la medida de fuerza. Roberto Fernández, el jefe de la UTA, se sumó la semana pasada a la alianza de gremios del transporte, que amenaza con un paro sectorial para el 17 de octubre. “Llevamos seis meses esperando un aumento salarial y no hubo ni siquiera una propuesta. Esto no es un paro salvaje”, señaló el gremio en un comunicado. Y añadió: “Los trabajadores somos la válvula de escape de una situación que no termina de encaminarse entre el Estado –en todas sus manifestaciones– y los empresarios. El salario es nuestro alimento y no puede esperar”.
Por el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA) circulan 18.000 colectivos habilitados y utilizan el servicio a diario unos cinco millones de usuarios.
El conflicto salarial de la UTA no es uno más del rompecabezas de paritarias porque esconde una pelea que involucra de manera directa al Estado. La balanza de los subsidios estatales para garantizar el servicio se fue desequilibrando con el avance del tiempo. En el AMBA el sistema funciona hoy con $153.000 millones mensuales, de los cuales un 70% son aportados por el Estado y el 30% por el precio de las tarifas, según precisaron fuentes empresarias. “Hubo quita de subsidios, pero no recomposición de tarifas. Fue ajuste y licuadora”, argumentaron en una de las cámaras. El gobierno de Javier Milei estaría dispuesto a bajar gradualmente los aportes año a año.
LA NACION
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