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Lanzan una amplia reestructuración de la AFIP y podrían desplazar a la jefa de la Aduana denunciada
Fuentes oficiales adelantaron que este viernes se darán a conocer modificaciones en el organismo; hay purgas y cambios de jefaturas; dudas sobre el futuro de Lodovico, acusada por tomar un préstamo de una empresa señalada por contrabando
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LA NACIONCecilia Devanna
El Gobierno nacional anunciará este viernes una amplia reestructuración de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General Impositiva (DGI), según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales. Los cambios pueden alcanzar varias jefaturas y direcciones. En medio de diferentes versiones sobre la profundidad de las modificaciones, el futuro de Rosana Lodovico, la directora de Aduana denunciada por haber tomado deuda de una empresa señalada por contrabando, quedó envuelto en dudas.
La estructura de la AFIP fue blanco de diferentes versiones en los últimos días. En el Gobierno confirmaron que se pondrán en marcha cambios, pero ratificaron la continuidad de su titular, Florencia Misrahi. “Jamás estuvo en duda, fue objeto de todo tipo de operaciones, pero está más firme que nunca”, aseguraron este jueves en los pasillos de Casa Rosada, en referencia a la titular de la AFIP.
Los cambios que se anunciarán surgieron de conversaciones entre Misrahi y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
Frente a los inminentes anuncios, el sindicato del área buscó alejar temores. A través de un comunicado interno y luego de una reunión con las autoridades, el gremio UPSAFIP informó a sus afiliados que “la AFIP dispuso el pase a la DGI de todas las áreas operativas de seguridad social, conservando absolutamente todas las mismas jefaturas incluso con sus mismos equipos de empleados y casos asignados”. Al tiempo, el gremio anticipó que “se eliminarán solamente los cargos de Departamento y Dirección del área de operaciones de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social para no duplicar las mismas funciones en DGI, pero conservarán su grupo escalafonario y tendrán libertad absoluta para pasar al área que elijan en la DGI”.
La situación judicial de Lodovico
En medio de la reestructuración, un sector del Gobierno puso en dudas la continuidad de Lodovico al frente de la Aduana, mientras otras fuentes desmentían su alejamiento.
La funcionaria fue denunciada por recibir un préstamo de una empresa condenada por contrabando, a partir de una revelación de LA NACION. La presentación recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
En las últimas horas, Capuchetti dispuso dos medidas de prueba clave en la causa en que investiga a la titular de la Aduana por haber solicitado un crédito de 250.000 dólares la empresa Promarlon, denunciada por contrabando. La magistrada, que acumula dos denuncias contra Lodovico, avanzó en el caso tras un requerimiento de la fiscal Alejandra Mángano que impulsó el caso.
La justicia trata de determinar si ese préstamo encubre un supuesto soborno. La magistrada requirió una copia certificada de un acuerdo firmado por Claudio Szlaien realizado en el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín 5 por el cual se suspendió a prueba un juicio donde Promarlon S.A acordó un plan de pagos. Y requirió a la Subdirección General de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Aduanas-AFIP que informe y remita en formato digital todas las actuaciones administrativas relativas a la gestión y aprobación del acuerdo de suspensión de juicio a prueba.
Lodovico fue denunciada por la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli luego que se conociera que, en 2022, junto a su exmarido, Luis Antonio Bocassi, tomaron un préstamo de US$ 250.000 con Promarlon SA. A esa causa ahora se sumó otra que tramitaba en el juzgado de Ariel Lijo. Pidió investigar a ella, a su exmarido que era funcionario de la Aduana y a Alejandro Omar Lucano (cuñado de Lodovico) y socio de Alfredo Lijo, el hermano del juez federal y gestor de temas en la justicia federal.
La denuncia penal contra Promarlon fue de 2017 y la hizo la Aduana. Se acusaba a la empresa de conseguir mercaderías de contrabando que llegaban de Paraguay con connivencia aduanera. La Aduana consintió este acuerdo que permitió el saldo de la deuda y el fin de la causa. La denuncia afirma que Lodovico y Bocassi “eran propietarios de un departamento de 180 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires, de una casa en Pinamar de 98 metros cuadrados (ambas pagas con ingresos propios entre 2010 y 2011) y de diversos vehículos como una BMW X3 “todo terreno”, adquirida en 2019 y un cuatriciclo Can-Am Outlander Max 800R comprado en 2015″.
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