Las causas contra Mauricio Macri y sus allegados avanzan a paso lento en Comodoro Py

Aunque uno de sus hombres de máxima confianza, Fabián Rodríguez Simón, buscó asilo político en Uruguay, y pese a que el propio Mauricio Macri denunció que existe una “persecución del Gobierno” contra él, su familia y sus exfuncionarios, la mayoría de las causas que involucran al expresidente y a su entorno avanzan a paso lento en los tribunales federales de Comodoro Py.

Con múltiples expedientes en trámite que apuntan a la gestión de Cambiemos y el kirchnerismo alimentando a diario las denuncias contra los referentes de la anterior gestión, pocos exfuncionarios fueron indagados por la Justicia, y algunas decisiones adversas para el expresidente y sus allegados fueron revertidas en instancias superiores.

El expediente judicial en manos del juez Ariel Lijo por la propuesta de pago que hizo la empresa Correo Argentino al Estado es uno de los que más preocupa a Macri, porque los accionistas son sus hermanos y sus hijos, a quienes les cedió sus acciones. Macri está imputado en la causa pero nunca fue citado a indagatoria.

Lijo sí indagó, en marzo de 2019, al exministro de Comunicaciones Oscar Aguad; al presidente de la firma Correo, Jaime Kleidermarcher; y al abogado de la compañía, Jaime Cibils Robirosa, cuando consideró que podría tener elementos en el expediente para procesarlos y que los imputados debían tener su instancia de defensa. Dos años después, esa causa todavía no tuvo definiciones.

Lijo recibió en febrero de este año el resultado del informe realizado por la Dirección de Asistencia Judicial y Delitos Complejos que depende de la Corte Suprema de Justicia (Dajudeco), que había ordenado para determinar si el Ministerio de Comunicaciones aceptó una oferta abusiva. Las conclusiones del informe arrojaban que el acuerdo entonces aceptado por el macrismo resultaba perjudicial para el Estado. Cibils Robirosa y Kleidermacher objetaron el informe, pidieron ser sobreseídos, archivar el caso y eventualmente realizar un nuevo peritaje contable.

Lijo hizo lugar a una parte de ese planteo y ordenó en marzo un nuevo estudio al equipo de especialistas en quiebras de la facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Esos profesionales deben opinar sobre las objeciones de las defensas al informe recibido.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi instruye el expediente donde se investiga si una estructura de sociedades vinculadas a la familia Macri compró los parques eólicos y los vendieron obteniendo ganancias millonarias, utilizando presuntamente como “fronting” a la firma Isolux-Corsan, que atravesaba una difícil situación financiera y había obtenido la concesión. El último eslabón en esa cadena de sociedades era Lares Corporation SPF, cuyo beneficiario final es Gianfranco Macri.

La Justicia busca reconstruir la estructura que se utilizó para invertir en los parques eólicos. De Giorgi envió exhortos internacionales para conseguir información sobre las sociedades, pero también intenta reconstruir la ruta que siguió el dinero invertido. La primera tarea, como informó este medio, quedó trabada por la falta de respuesta de los exhortos desde España, donde está registrada Usir Internacional SA, una escala previa a las sociedades en Luxemburgo, dijeron fuentes judiciales a este diario. Sobre los fondos, el juez Martínez de Giorgi recibió hace más de un año información sobre una cuenta en Nueva York donde se movió dinero usado para la compra de los parques eólicos.

En la causa por las supuestas irregularidades en la concesión de peajes la Cámara Federal revocó los procesamientos exprés a exfuncionarios del macrismo que había dictado el exjuez Rodolfo Canicoba Corral. Ese caso quedó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, que ordenó medidas de prueba el mes pasado y que debe pronunciarse nuevamente sobre la situación procesal de Guillermo Dietrich, Javier Iguacel, Nicolás Dujovne y Bernardo Saravia Frías.

Se investiga en este expediente el proceso de renegociación de los contratos a las firmas AUSOL SA y Grupo Concesionario Oeste en el marco del cual los exfuncionarios “tenían la obligación de ajustar las gestiones a los principios generales que rigen toda contratación pública”. La empresa Ausol perteneció a la familia Macri hasta que, en 2017, Sideco vendió su participación a Natal Inversiones, que ya controlaba un porcentaje de la empresa.

El expediente que preocupa al entorno de Macri y que más movimientos tuvo durante el último mes fue el que iniciaron los empresarios del Grupo Indalo Cristóbal López y Fabián de Sousa. Apuntan contra Macri, el parlamentario del Mercosur Fabián “Rodríguez Simón”, el empresario Nicolás Caputo, el extitular de la AFIP Alberto Abad y el exjefe de asesores presidenciales José Torello.

La jueza María Servini pidió la captura internacional de Rodríguez Simón la semana pasada, cuando el abogado informó que no regresaría a la Argentina mientras continuara la persecución -según sus palabras- en su contra. Las medidas de prueba ordenadas por Servini motivaron una serie de planteos de parte de los acusados, que objetaron la incorporación de las comunicaciones del expresidente y sus interlocutores a la causa. Macri buscaba, a través de su abogado Pablo Lanusse, impedir que la jueza incorporara sus llamados a la investigación.

La causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Macri avanzó, con un fuerte aval del kirchnerismo, mientras estuvo en los tribunales federales de Lomas de Zamora, en manos del juez Juan Pablo Augé y de la fiscal Cecilia Incardona.

El expediente fue derivado a los tribunales federales de Comodoro Py hace menos de un mes y quedó en manos de Martínez de Giorgi. Ya están procesados como responsables de una asociación ilícita los jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a decenas de exagentes y exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal. En esta causa recibió la falta de mérito el secretario privado de Macri Darío Nieto, un hombre de su máxima confianza y a través de quien se buscó ligar al expresidente a las maniobras ejecutadas desde la AFI contra decenas políticos y periodistas, entre otros.

La jueza Capuchetti también tramita la causa que investiga a la “mesa judicial” del gobierno macrista, en la que por supuestas presiones a jueces del fuero laboral fueron denunciados Macri, su exjefe de asesores José Torello, el exministro de Justicia Germán Garavano, al exsecretario general de Presidencia Pablo Clusellas, Fabián Rodríguez Simón, Bernardo Saravia Frías, Gustavo Arribas, el expresidente de Boca Daniel Angelici, el exjefe de Gabinete Marcos Peña y el exministro de Trabajo Jorge Triaca.

Por Candela Ini

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