Las dos grandes batallas de Javier Milei

Desde la instalación del nuevo gobierno de Javier Milei, atravesamos un período de días electrizantes, con cantidad de discusiones y medidas del Gobierno y reacciones por parte de aquellos que se ven afectados. El viernes pasado, la Oficina del Presidente de la Nación emitió un comunicado muy curioso, inusual para cualquier gobierno, en el que consignaba que había habido una reunión de Gabinete y que el Presidente había respaldado a dos ministros: al ministro de Economía, Luis Caputo, por el paquete de medidas económicas que había anunciado el martes anterior; y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la estrategia que había diseñado en relación al control de la calle. ¿Esos dos ministros están debilitados y por eso necesitan el apoyo del presidente? Tal vez no sea la mejor pregunta. Lo que hay que leer de este comunicado es que estas son las dos grandes batallas que tiene Milei en su cabeza. Concreta y simbólicamente, a nivel ideológico, expresan mejor que otras políticas lo que él ha querido ofrecer desde el momento en que se incorporó a la misma política. Achicamiento del Estado, control del déficit fiscal, ordenamiento de las cuentas públicas y orden físico en la calle.

El pasado lunes, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, titular de la cartera que engloba varios otros ministerios, entre ellos Acción Social y Trabajo, tuvo una intervención para hablar de un grupo de la vida pública argentina que son los piqueteros y planteó una nueva política en la que anunció que le van a quitar los beneficios del plan Potenciar Trabajo a aquellos que se movilicen para cortar la circulación. Este miércoles habrá una manifestación en el centro porteño en repudio a las medidas de orden público que pretende llevar adelante el Gobierno y en conmemoración de lo que fueron las manifestaciones del final del gobierno de De la Rúa.

El Gobierno está tocando un nervio que cuando uno mira la Argentina de los últimos 23 años, precisamente del 2001, es central en la vida pública, que es el problema de la pobreza y sus derivados. La Argentina fue durante toda su historia un país con pobres, pero es a partir de esa recesión de cinco años, que fue de 1998 al 2003 -con la gran crisis del 2001 en el medio-, que la Argentina se convierte en un país con otras características, con la pobreza como un fenómeno central del que se derivan muchas consecuencias. Efectos que tienen que ver con lo fiscal, la organización del trabajo, la desocupación y la marginalidad.

De aquello se desprende también una curiosidad: la organización de los desocupados y de los pobres en movimientos políticos, tema que ha llamado la atención de alguien que estudia la historia social de la Argentina como Juan Carlos Torre: “Acá hay algo que hasta ahora era incompatible con la teoría clásica del trabajo y de la acción sociales, que es la idea del desocupado como un sujeto político que se organiza por fuera del trabajo, en el barrio, y a partir de la desocupación y la pobreza. Es una rareza argentina”. Estos movimientos sociales han adquirido un peso enorme, se han financiado con la política social y han ofrecido al Estado y los gobiernos, sobre todo a los gobiernos no peronistas, un trueque entre recursos y paz social.

Hay un trabajo del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), el instituto de los jesuitas que conduce Rodrigo Zarazaga, que analiza el cruce entre la acción social y la política, y lleva el título “Vendiendo paz social”. Es lo que venden los movimientos sociales.

Pettovello abre un abanico de problemas. Hay que entender aun así de qué está hablando. Dentro de la asistencia social, hay dos tipos de programas: los que tienen intermediarios y los que no. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, ambas incrementadas en los anuncios de Caputo, son asignaciones automáticas, no hay ninguna intermediación. Por el contrario, el programa Potenciar Trabajo, que absorbe otros programas anteriores, consiste en prestaciones económicas, en un pago que hoy está en $75.000, a cambio de un trabajo que tiene que realizar el beneficiario, que en general lo prestan cooperativas organizadas por los movimientos sociales. Muchos son los movimientos sociales que administran estos planes. En el centro de todos ellos, el más voluminoso, el Movimiento Evita. Dichos movimientos sociales, bajo su condición de organizadores de estas cooperativas, tienen una prerrogativa en la distribución de estos recursos. Son los encargados de certificar el presentismo de la persona pobre que fue a trabajar y, por lo tanto, merece tener la prestación. ¿Qué es lo que ha venido pasando a lo largo del tiempo? Que esa certificación de presentismo muy habitualmente la otorgan a cambio de que ese beneficiario que recibe los $75.000 se movilice en manifestaciones que, a su vez, permiten que esos movimientos sociales le muestren al poder, a la política y al Estado la capacidad que tiene para generar conflicto. Estamos hablando de 1.200.000 de planes aproximadamente. Cristina Kirchner, en el 2015, los dejó en 270.000. Macri los llevó a 750.000. Alberto Fernández los incrementó a 1.300.000 y terminaron disminuyendo a 1.200.000.

Existe entonces una opresión de algunos líderes de movimientos sociales sobre los pobres, que deberían tener un derecho automático a recibir esa prestación si es que trabajan. Sin embargo, tienen que pasar a besar la mano del puntero o a ir a una movilización para recibirla. Cuando se habla de inseguridad jurídica, se piensa en los grandes inversores, en las empresas multinacionales que vienen a comprometerse con la economía argentina. No hay peor inseguridad jurídica que la del pobre, que tendría un derecho que, en teoría, le da el Estado pero sobre el que debe negociar para acceder. Probablemente, cuando Milei habla de la libertad, hay pobres que pueden entender aquella libertad en un sentido mucho más cotidiano y físico que es la libertad de ellos frente a un puntero. Lo mismo pasa para el pobre que tiene que conseguir una cama en un hospital o quiere una bolsa de alimento y tiene que rendir pleitesía en una especie de pacto feudal reciclado en la modernidad.

Todo este sistema tiene una extraordinaria opacidad. Hablamos de cooperativas que prestan servicios de limpieza y construcción. Muchas veces quienes les proveen los materiales son los líderes de las organizaciones sociales. También prestan los vehículos para que esas cooperativas puedan funcionar u otorgan comida a los comedores, haciendo de la pobreza un negocio ligado al reparto de beneficios sociales, que son indispensables en un país que tiene más de 40% de pobreza y donde aquella pobreza parece tener rasgos de cronicidad. Tanto aparecen distorsiones en todo este sistema que el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, en la persona de Tolosa Paz, descubre que hay beneficiarios de planes sociales que al mismo tiempo viajan a Miami. Hay mucho anecdotario respecto de estas distorsiones. Por ejemplo, existen empresarios del rubro de la carne, del conurbano bonaerense, multimillonarios que tienen un plan social. Y cuando les preguntan por qué tienen un plan social, responden: “Porque algo en blanco tengo que tener. Todo lo demás en negro”.

Más allá de todo este problema, que es el de cómo se organiza la asistencia social, cómo se le otorga transparencia y cómo el Estado recupera su rol, hay un núcleo político e ideológico en todo esto que es la promesa de Milei de ordenar la calle, de garantizar un orden, de permitir la circulación. Es un debate muy antiguo en la centroderecha. Son los reproches que dirigían Mauricio Macri y Patricia Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta por no poder garantizar la libre circulación en la ciudad de Buenos Aires. Para hacer lo que propuso el lunes Pettovello, hay que resolver una cantidad de incógnitas. Milei este miércoles se juega una carta importante. Su gobierno quiere demostrar que es innovador en algo que sus votantes aprecian, que es el orden público, y que puede hacer cosas que o no quisieron o no supieron hacer los gobiernos anteriores: garantizar la libre circulación frente a una manifestación. En ese sentido, Pettovello dice: “Al que vaya a la manifestación y corte la calle, se le va a quitar una prestación social”. Hay que aclarar que mucha gente ya no quiere cobrar los $75.000 si se les pide ir a una manifestación, uno de los problemas que también tienen los movimientos sociales. Dado que se han ampliado muchísimo los planes sociales y que el monto destinado a estos no se ha ampliado tanto, se han ido licuando a lo largo del tiempo.

¿Quién tiene la base de datos para saber si el que está cortando la calle recibe el plan Potenciar Trabajo? Gran pregunta. Hay quienes sospechan que Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y quién estaba de los dos lados del mostrador ya que era funcionario importante del Ministerio de Acción Social con el gobierno de Alberto Fernández, se llevó la base de datos. De hecho había hasta hace poco tiempo información pública en las páginas digitales del Estado que certificaban la cantidad de planes por provincia. Esos datos ya no son más públicos. Patricia Bullrich asegura que puede identificar a cada persona que vaya a la marcha. ¿Va a haber cámaras de reconocimiento facial? Allí aparece el kirchnerismo diciendo que aquello viola la Ley de Inteligencia. Hay una causa judicial, que la tiene el juez Roberto Gallardo, magistrado muy combativo y restrictivo respecto de las políticas del gobierno porteño, quien deberá determinar si el reconocimiento facial o solicitarle el DNI a quien se manifiesta es una violación o no a la Ley de Inteligencia.

Hay otra derivación, que plantea un dilema jurídico. Al que corta la calle cometiendo un delito o una contravención, ¿se lo puede sancionar quitándole la plata de un plan social o hay que ir por el derecho penal? En todo caso, arrestarlo o sancionar por las figuras que establece el Código Penal o el Contravencional respecto de esa conducta, pero no castigarlo con una especie de multa que es retirarle un ingreso. Es un enorme problema que puede aparecer a partir del miércoles. Estamos entrando en un terreno desconocido porque esto nunca se hizo. Patricia Bullrich dice que ella lo puede hacer.

Los funcionarios que están en el área de Acción Social todavía no se vieron con los movimientos sociales. Tengo entendido que hubo una reunión de integrantes del Movimiento Evita que son kirchneristas/peronistas más proclives a acordar y negociar, como Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, con Guillermo Francos. Hasta donde se sabe, no se reunieron con las autoridades de Acción Social. Dentro de los movimientos sociales también hay una discusión que tiene que ver con la tradición ideológica en la que se inscribe cada grupo. El Evita es un movimiento que tiende a negociar -porque la mayor parte de estos planes Potenciar Trabajo están en manos de esta gente-, tiende a conciliar con el Gobierno con tal de mantener esa estructura tan dependiente del Estado, ya que se trata de movimientos con muy poca autonomía.

Distintos son los movimientos más radicalizados de izquierda, que entienden que el conflicto no es una fatalidad a la que habría que evitar y a la que se llega por un mal entendido, sino que el conflicto es un método que supone el progreso social. Por el conflicto se avanza y se llega a la sociedad sin clases; por lo tanto, la idea de que va a haber represión, en esos movimientos es estimulante. Aún así, en la izquierda también hay una discusión: “¿Tenemos que ser los primeros en salir o tenemos que esperar a que el clima público se enrarezca un poco una vez que se empiece a ver y a funcionar de manera evidente y tangible el ajuste fiscal que está haciendo Milei con el ministro Caputo?

Las mismas preguntas se hacen los sindicalistas, porque si se mira la historia social y económica de los últimos 20 años, en la Argentina ha habido mucho trauma económico pero, en comparación con otras experiencias históricas, muy poco conflicto. Incluso, hay sindicalistas que se olvidaron hace tiempo de cómo se hacía un conflicto. Sobre todo, cómo se sale. Ahora se están despertando y no saben muy bien cómo encarar el problema. Mientras tanto, en el Gobierno anida otra idea, que es terminar con el plan Potenciar Trabajo, hay quienes proponen eso. En todo caso, derivarlo a las provincias.

Entramos en otra dimensión de la escena que estamos mirando, que se abre con el gobierno de Milei y estos ajustes en distintas áreas que está pensando y encarando. Este martes va a haber una reunión de gobernadores, la primera con el presidente. Tiene que ver con la idea de descentralizar los programas y decirles a las provincias: “De este programa se hacen cargo ustedes”. Milei quiere tomar contacto con los gobernadores ahora, cuando todavía en las encuestas que obsesivamente mira todos los días Santiago Caputo -el estratega de imagen de Milei- no se advierte que estén impactando negativamente las medidas económicas anunciadas. La popularidad del gobierno y la de Milei no se han visto afectadas por los anuncios de Caputo y por toda la discusión en torno al ajuste.

El presidente hoy tiene más del 60% de popularidad. El dato es importante porque ningún dirigente social ni político, sea gobernador, piquetero o sindicalista, se siente cómodo enfrentando a alguien que tiene ese porcentaje de popularidad. Porque no quiere pelearse con la gente que le da ese 60% de popularidad.

Hay una cuestión central en la política, probablemente, el mayor misterio, que no es qué sino cuándo. El timing del conflicto. Esto también está afectando a los gobernadores, que van a poner sobre la mesa la posibilidad de tratar de recuperar la recaudación que perdieron por el recorte en el impuesto a las Ganancias que hizo Massa y que ellos apoyaron. Quieren recuperar la recaudación que ellos cedieron, no ante el ministro de Economía del gobierno anterior, sino ante su propio candidato a presidente. La idea se la adelantaron al ministro del Interior en dos oportunidades, tanto en la reunión que tuvieron en el Banco Provincia -antes de que este gobierno asuma-, como en la reunión que tuvieron el viernes vía Zoom.

El debate es interesante porque ellos quieren recuperar la recaudación y este lunes salieron los sindicatos de hidrocarburos, que reúnen a una gama de actividades gremiales -incluso a los camioneros- que dijeron: “No nos vayan a reponer el impuesto a las Ganancias sobre los sueldos”. Y lo dijeron con crudeza: “Nosotros no queremos que los trabajadores financien y solventar el déficit fiscal de las provincias”. Es una pelea interna entre peronistas, entre sindicalistas que quieren que le bajen los impuestos a sus afiliados contra gobernadores que quieren recuperar recaudación.

Los gobernadores dicen que no quieren, necesariamente, que se vuelva a aplicar el impuesto a las Ganancias en los niveles en que estaba. Dicen: “Danos de otra caja, compartamos el impuesto al cheque”. Pero Milei les va a decir: “No, porque mis consignas son ‘no hay plata y quiero llegar al déficit cero’. Si les doy parte de mi recaudación de ese impuesto, me corren el arco del déficit cero y eso no lo voy a negociar. Si ustedes quieren recuperar recaudación, díganle a la gente que les van a volver a poner el impuesto a las Ganancias y lo hacen ustedes”. Es un lindo dilema el que se plantea para los gobernadores.

El Gobierno festeja que Axel Kicillof “se corta solo”. Todos los demás lo ven como un marxista, dudosamente peronista, con terminal en el Instituto Patria de Cristina Kirchner.

¿Quiénes son los aliados del Gobierno? En primer lugar, la persona que se perfila brumosamente como un eventual competidor de Axel Kicillof en la interna peronista del futuro, que es Martín Llaryora, el gobernador de Córdoba; otro gobernador que el viernes apareció muy duro frente a sus colegas peronistas que pedían repartir la caja del impuesto al cheque y recuperar recaudación sobre lo que ellos mismos le habían bancado a Massa, es Maximiliano Pullaro, el gobernador radical de Santa Fe, que este lunes recibió a Patricia Bullrich; otro socio del Gobierno es el salteño Gustavo Sáenz, que ya le sacó el Gobierno la joya que significa para él y para muchos empresarios la Secretaría de Minería y el litio ahí; y Rogelio Frigerio. Cuatro gobernadores que Milei ve como socios frente a esta discusión federal.

Hasta ahora no apareció, quien probablemente es el mayor aliado de Cristina Kirchner en ese club de gobernadores, que es Gildo Insfrán. Está festejando que su competidor, el senador por Formosa de La Libertad Avanza, no terminó siendo presidente provisional del Senado.

Hay una gran dispersión y una incógnita respecto a si hay una conducción política del peronismo, algo que al Gobierno no le interesa que haya porque, en el fondo, lo que está buscando es pinzar gobernadores para poder armar una mayoría en el Congreso con los diputados y senadores de esos mandatarios. Sobre todo, aquellos que tienen más dependencia fiscal respecto del gobierno nacional.

¿Va a cambiar este estado de dispersión del peronismo? Hay una versión dando vueltas, que algunos desmienten, que indica que en alguna fantasía de Cristina Kirchner o de sus amigos estaría la idea de que se convierta en la presidenta del PJ. Muchos interlocutores de la exmandataria dicen que no, que “ni loca quiere eso”.

Otro tema de discusión para esta mesa federal de gobernadores que se está conformando tiene que ver con la política, con dos iniciativas que el Gobierno piensa mandar a las sesiones extraordinarias del Congreso por parte del ministro Francos y que necesitan de una mayoría especial para ser aprobadas, porque son cambios al sistema electoral que no pueden pasar por un DNU porque lo prohíbe la Constitución: el primero es la eliminación de las PASO, que probablemente muchos integrantes de la clase política de distintos sectores aplauden; el segundo, la boleta única, un tema estratégico muy discutido que tiene que ver con la falta de inocencia de todo sistema electoral. Esta última está pensada y soñada para Milei, alguien que es muy popular, que puede ganar en una elección donde compiten distintos candidatos a presidente si logra prescindir de tener poder territorial. Si es una boleta única donde uno vota por rubro, la organización del aparato hace que el candidato a presidente se vea beneficiado porque en la misma boleta van diputados, gobernadores. De hecho, se podría decir que Milei se benefició de una boleta única de facto porque los gobernadores peronistas, en su mayoría, adelantaron las elecciones en sus distritos y fue una elección casi de candidatos a presidente. Ahora quiere institucionalizarlo con el aplauso -seguramente- de Juntos por el Cambio, donde muchos apoyan ese sistema.

Otro tema que van a hablar con los gobernadores es el de la obra pública, a la que muchos de ellos y sus familias están tan ligados. Este tema también se ha flexibilizado en los últimos días por gestión del sindicalista Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA, que tal vez sea el que tiene mayor interlocución con Milei. Aparentemente, logró hacerle ver al Presidente que hay una cantidad de obra pública que se puede mantener sin impactar sobre las cuentas del Tesoro, por ejemplo, las que tienen financiamiento de organismos multilaterales. Esto conduce a otro frente de discusión de este gobierno, que tiene una ambición de pretensión de reforma en muchos campos de la realidad.

En este contexto, Julio Cordero y Miguel Ponte, dos laboralistas ligados al gobierno están discutiendo con los sindicatos una iniciativa -radical e impactante- de Federico Sturzenegger que consiste en descentralizar el convenio colectivo de trabajo. El corazón del sindicalismo y del sistema laboral radica en que existe un convenio colectivo por tipo de actividad: la construcción, la logística, la energía, el petróleo. Lo que pretende es descentralizarlo llevando a que puedan negociar los empleados de una empresa con los dueños. Los sindicatos ya están contestando: “Cuidado con eso porque por ese lado le abrís la puerta a la izquierda radicalizada, que es la que si se va a movilizar el miércoles en contra tuyo”.

Otra iniciativa de Sturzenegger es modificar el estatuto legal de las empresas públicas para que dejen de ser empresas del Estado y se transformen en sociedades anónimas. Eso es lo que hizo Carlos Menem en el primer paso que dio hacia la privatización de YPF. La transformó en una sociedad del Estado y puso de presidente a un empresario que venía del sector privado, que era Estensoro, al frente de la compañía preparando su privatización. Para hacer eso hay que sanear primero, y para sanear hay que terminar con el déficit. Es un problema tan desafiante que el Gobierno no consigue candidatos para presidir esas empresas públicas.

En el caso de AySA, controlada por Massa y Malena Galmarini, buscaron a un íntimo amigo de ellos para hacerse cargo de la empresa, que dijo que no. Además, ayer se vio otra novedad: se fue Guillermo Michel de la Aduana y dejó a su segunda, parte de su equipo, una funcionaria en toda una tradición que ha habido dentro de la Aduana que empezó con Ricardo Echegaray, siguió con Michel y, ahora, Roxana Ludovico. El mismo Gobierno que está hablando de la pesada herencia, que le echa toda la culpa a la gestión anterior y a Massa, con muchísima razón sobre los descalabros de la economía, mantiene en la Aduana al corazón de esa política económica, entre otras cosas, de la intervención a los mercados. Especialmente, al mercado de cambios. ¿Cuál es la relación entre Milei y Massa? Este es uno de los grandes misterios de este oficialismo.

Hay que saber que para transformar en una sociedad del Estado a una sociedad anónima también hay que pasar por el Congreso. De todo eso se estuvo ocupando el fin de semana Rodolfo Barra, un administrativista que ocupa un cargo clave: la Procuración del Tesoro.

Todo esto está planteando una incógnita: ¿Cuál es la viabilidad jurídica de un programa de emergencia? La emergencia vista desde el derecho, en particular del derecho constitucional. Otro problema es la viabilidad política y social.

¿Qué es lo que más le obsesiona a Milei? La inflación. Y con toda lógica. Devaluó, va a subir las tarifas y va a licuar los salarios porque se va a sentar sobre los salarios en términos nominales. ¿Cuánto aguanta la gente eso?

Él mira todos los días dos números: la brecha entre los dólares financieros -el MEP y el Contado con Liquidación-, y el minorista, el dólar oficial. La brecha sobrepasaba el 100% en determinados períodos del gobierno de la gestión de Massa. Cuando más se achica la brecha, más probabilidades tiene el Gobierno de unificar los tipos de cambio. Muchos economistas sostienen que sin esta unificación ningún programa tendrá viabilidad.

Hay también otros números que el Presidente mira todos los días y son los de la cotización de los bonos, que representan en el fondo la confianza en su gestión. De acuerdo con el último reporte diario, los bonos de legislación local subieron mientras que los bonos globales bajaron. Esto indica que en algún momento puede haber una nueva reestructuración y que la que llevó a cabo el gobierno anterior fue un fracaso.

El lunes estuvo en la Argentina Jay Shambaugh, un funcionario muy importante de los Estados Unidos y para el Gobierno ya que es el número dos del Tesoro, del Ministerio de Economía de EE.UU. En esa calidad, es el encargado de los asuntos externos del Tesoro, el hombre que desde la cartera de Economía de Estados Unidos, al lado de Janet Yellen, está mirando el mapa del mundo. Y es, además, el responsable dentro del Tesoro de darle instrucciones a los representantes de Estados Unidos en Fondo Monetario Internacional, concretamente a Gita Gopinath, que es la encargada del programa argentino. Es crucial la visita de Shambaugh a la Argentina. Se reunió con economistas y expertos en distintos sectores de la economía. Habló muy poco, pero se podrían sacar algunas conclusiones de sus dichos. Entre ellas, que la dolarización a los americanos no les gusta. La ven riesgosa. Es un mensaje para un Milei que puede estar pensando el año que viene, una vez que se haga el ajuste, en un programa de estabilización que suponga la dolarización. No va contar con el aval de este gobierno americano por lo menos. ¿Podría haber ayuda del gobierno de los Estados Unidos a través del Fondo sin cambiar de programa? A muchos economistas que estuvieron con Shambaugh les quedó la sensación de que sí, de que no habría necesidad de iniciar un nuevo programa para que haya “plata fresca”. La pregunta que se hace Shambaugh, en todo caso, es qué viabilidad política y social tiene éste programa y cuáles son las condiciones de posibilidad de que un gobierno pueda hacer un ajuste dramático con tan pocos recursos políticos como el gobierno de Milei.

Hay algo muy importante en la cabeza de este hombre y de los funcionarios que miran a la Argentina desde ese país, que es evitar el endeudamiento con China y que China se convierta en el acreedor más fuerte de la Argentina. Aquí nace una discusión respecto de la relación con China ya que el país fue invitado a los BRICS y aceptó la invitación. Sin embargo, en la última reunión de BRICS que hubo a partir del 10 de diciembre, y a la que tendría que haber asistido algún representante del gobierno de Milei, no fue nadie. Hay un misterio. Para irse de los BRICS, ¿alcanza con no ir o hay que formalizar la salida? Son dos grados de agresión distinta dirigida hacia el dueño de los BRICS, que es Xi Jinping, de quien el Gobierno depende porque es el dueño de parte de las reservas del BCRA que son muy pocas y tienen su origen en el swap de monedas. En teoría, el 7 de enero hay que contestar. Lo más probable es que el Gobierno deje de ir y nadie pregunte.

El problema sigue siendo el mismo: ¿cómo realizar el ajuste con tan pocos recursos políticos e institucionales? ¿Cómo se sostiene un liderazgo carismático como el de Milei sin plata? Muchos aseguran que el Presidente tiene propensiones populistas, como eliminar intermediaciones y avivar el resentimiento de la gente por la política. ¿Puede haber populismo político sin plata y en medio de un ajuste?

Milei intenta resolver estos interrogantes con un gran énfasis en la comunicación. Y ahí es donde Santiago Caputo ocupa un rol muy importante. Tan importante que ha decidido, en el Gobierno que cortó la pauta, poner a sus mejores amigos en el plano de la comunicación en las empresas del Estado. Por ejemplo, Guillermo Garat, se hará cargo de Comunicación y Asuntos Institucionales de YPF, exactamente el área donde dos funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, Santiago Patucho Álvarez y Santiago Carreras, realizaron un contrato muy opaco con la AFA para garantizarse que Lionel Messi sea la imagen de la petrolera. ¿Cómo fue ese contrato? Misterio. ¿Es verdad que le regalaban el combustible al avión de Messi, que no usa y está alquilado? Misterio. Son cosas que tendrá que desentrañar Garat, el socio de Caputo, que curiosamente viene de ser vocero durante la campaña electoral de “Wado” de Pedro.

Esta última era una de las preguntas que quería contestar Macri si le hubieran dado YPF. Era además una de las preguntas por las cuales peleó el domingo la vicepresidencia de Boca y perdió: ¿Llegar a la AFA a través de Boca o YFP? ¿Sueña Macri con la FIFA? Puede ser. Es ambicioso. Emitió un comunicado después de perder en Boca, muy duro contra Riquelme. Tan duro que se olvidó de felicitarlo por el triunfo. Hay gente de su círculo cercano que está enojada con él. Daniel Angelici por ejemplo, vino desde el exterior para votar y dijo: “Volví para votar. Lo hicieron votar a Palermo. Hasta Milei voto. ¿Y Macri no fue?”. Derechos del líder.

Por Carlos Pagni

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