Las herramientas ya están, se esperan las soluciones

Celeridad, plasticidad y eficacia. En esos tres sustantivos puede resumirse la forma en la que Alberto Fernández logró las herramientas que buscaba (o necesitaba) para poner en marcha su gestión y afrontar las urgencias que recibió.

Ahora se pondrá a prueba la efectividad de los recursos, así como la precisión del diagnóstico que llevó a elegirlos y la aptitud para administrarlos. Empieza a correr el cronómetro para los resultados.

El Gobierno sabe que lo conseguido es mucho, no porque se sancionara en apenas 48 horas el ambicioso conjunto de normas reunidas en un solo texto. Lo logró mediante un trámite parlamentario tan poco crispado que pareció más propio de países nórdicos o de tiempos aún más catastróficos que los que atraviesa el país, cuando todo se permite.

Para Fernández, más relevante todavía puede resultar a futuro que el tratamiento de la megaley haya dejado expuesto que en el espacio opositor no existe un liderazgo indiscutido y que abundan las diferencias, en contraposición con la homogeneidad oficialista. El Gobierno ya supo hacerlo jugar en su favor. La aquiescencia del lavagnismo y del peronismo cordobés, que responde a Juan Schiaretti se cuenta como bonus track.

Otro tanto puede decirse de la flexibilidad y del pragmatismo exhibidos por el oficialismo para modificar el proyecto original y anunciar nuevas reformas. Sobre todo, en algunos aspectos dignos de enojar a una sociedad que no parece dispuesta a digerir inocentemente bellos eufemismos.

Al menos en el discurso, el Gobierno parece haber registrado que no hay margen para que "solidaridad" termine siendo apenas el nombre de un maquillaje destinado a travestir ajustes que no sean equitativos. Ni hablar de que sirva para traficar prebendas o que preserve privilegios de quienes deberían ser servidores públicos. Las reacciones en las redes sociales fueron un aviso. Hay una opinión pública alerta y a la espera de hechos. No de palabras promisorias. Las calles del mundo dan fe. Incluidas las de países con necesidades básicas bastante más satisfechas que las de los argentinos.

La magnitud del impacto que tendrá en las cuentas públicas el conjunto de medidas aprobadas ha llevado a diferentes cálculos iniciales, aunque todos son optimistas, tanto como para que los expertos hablen de un ajuste de más de 2 puntos del PBI. La expresión puede inducir a la confusión. Todo dependerá de cuánto y a quiénes de verdad terminará apretándole el cinturón. Ahí se pondrán a prueba tanto la efectividad del Gobierno como la paciencia social.

En el actual contexto, el sincericidio del exgobernador pampeano Carlos Verna en plena campaña electoral y ante el binomio que luego ganó las elecciones presidenciales podría resultar una confesión de parte condenatoria si la solidaridad no es de todos. "Nosotros los dirigentes siempre caemos parados, siempre tenemos un cargo, el problema son los millones de argentinos que pasan hambre", dijo el 17 de octubre pasado el inefable mandatario provincial. No parecen ser tiempos para juegos dialécticos ni para el oportunismo frívolo.

La vicepresidenta Cristina Kirchner también podría tener que dar cuenta de la congruencia de sus palabras. Su pregunta sobre "¿por qué algunos viven tan bien y otros tan mal?" podría demandar más respuestas que la mera revisión de la coparticipación de los recursos públicos. La exigencia sobre la idoneidad y transparencia con la que se administra el Estado y sobre el origen y crecimiento del patrimonio personal de funcionarios y exfuncionarios es una demanda insatisfecha en casi todo el mundo. En la Argentina también. Más (y no menos) en tiempos de crisis.

Alberto Fernández, al usar la palabra solidaridad para justificar el ajuste que deberán hacer especialmente algunos sectores ante la emergencia social y económica, no habló solo en términos de justicia tributaria. También lo hizo desde el plano ético y moral.

A ese terreno circunscribió el Presidente la controvertida relación comercial que mantuvo su ahora vicepresidenta con el contratista de obra pública Lázaro Báez. Buscó, así, deslindar a Cristina Kirchner de responsabilidades penales y cuestionar el proceso que ella afronta en los estrados judiciales. La base del buen funcionamiento de un sistema radica en la consistencia, que implica coherencia interna entre las partes de un conjunto. Pequeño desafío para Alberto Fernández, que prometió mejorar la calidad de la administración de Justicia y, al mismo tiempo, otorgó a cristinistas puros y duros cargos de relevancia vinculados con la Justicia y la transparencia institucional

La solidaridad y la ejemplaridad pueden llegar a ser tan demandadas como la eficiencia. Sobre todo porque aún no se ha completado la escena en la que se desenvolverá la economía. Los cálculos hechos hasta aquí podrían pecar de provisionalidad. Falta ver, por ejemplo, el impacto que tendrá la prórroga del pacto fiscal y cómo se reestructurará la carga impositiva en cada provincia. Algunos sectores productivos del territorio bonaerense miran como pocas veces hacia La Plata (no es un juego de palabras). Los productores agropecuarios bonaerenses saben que todas las respuestas a sus incógnitas no saldrán de la reunión que tendrá hoy la dirigencia rural con Alberto Fernández. Ni mucho menos.

Axel Kicillof y Cristina Kirchner, su protectora, ya han anticipado que el estado provincial necesita más recursos, no menos. Será un problema no solo para Horacio Rodríguez Larreta. Los recursos nacionales cruzarán la General Paz más rápido que el metrobús. Sin embargo, lo que le retaceen a la administración macrista porteña no será suficiente

El impuesto inmobiliario rural suele ser un recurso atractivo para cualquier mandatario bonaerense. Las peculiaridades de Kicillof no llegarían a este rubro. Al menos, no para cambiar la tradición, sino, en todo caso, para profundizarla. La magnitud sería la novedad. Tampoco la única en tal sentido. En el gobierno nacional miran de reojo y con inquietud a los propios que ahora administran la provincia.

La mejora en las cuentas públicas no dependerá solo de la reducción del gasto proveniente del recálculo en la actualización de las jubilaciones. Gran parte del éxito está sujeta a la mejora en los ingresos. El aumento de la presión impositiva no lo asegura mejoras per se. La producción también reacciona a esos estímulos. En el caso del sector agrícola, hay que sumar las contingencias climáticas. Macri podría ser consultado al respecto. La sequía de 2018 no fue solo una excusa para ocultar la mala praxis.

Los equilibrios macroeconómicos que desvelan al ministro de Economía hablan de la necesidad de alcanzar un orden sistémico. Eso es lo que pregona Martín Guzmán. De allí la preocupación por el funcionamiento armónico de todas las variables y por el seguimiento de los efectos que tendrá cada una de las medidas. "Ahora tenemos mucho que ordenar", dijo uno de los funcionarios que más interactúan con Alberto Fernández, apenas aprobada la declaración de las múltiples emergencias.

La administración central se abocará ahora no solamente a la implementación de las muchas medidas que le permite tomar la ley ómnibus obtenida en tiempo récord. La reestructuración (o el neologismo que se encuentre) de la deuda externa es el paso siguiente, pero no será el único.

El éxito de la negociación depende de la confianza que despierte en los acreedores el Gobierno a mediano y largo plazo. El crecimiento de la economía será casi todo. El apoyo social y el político con que cuente el Presidente resultarán decisivos e inescindibles. Como la pericia técnica.

Alberto Fernández está obligado a ser, al mismo tiempo, Alfonsín, Duhalde y Néstor Kirchner. Calidad institucional, orden económico y poder político constituyen el trípode a construir para poder aspirar a un futuro sin tutelas ni amenazas urgentes. Le demandará, otra vez, celeridad, plasticidad y eficacia. Es, apenas, el comienzo.

Por Claudio Jacquelin

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