Las mafias, el enigma que debe despejar Macri
En las elecciones bonaerenses del año pasado, María Eugenia Vidal obtuvo 475.000 votos más que Mauricio Macri. Y Aníbal Fernández, 330.000 menos que Daniel Scioli. Ese corte de boletas produjo lo impensado: que Macri no llegara a la presidencia a pesar de la provincia de Buenos Aires, sino por la provincia de Buenos Aires.
Detrás de esa rareza hay una evidencia. Cambiemos está en el poder porque la mayoría del electorado vio en esa coalición al mejor agente de una regeneración institucional. En el repudio a Fernández, y en la consagración de Vidal y Macri, no hubo una carambola. Hubo un encargo: que la administración que asumiría el 10 de diciembre rompiese la cadena que ata la política al delito.
Por eso, para el Gobierno la estabilización de los precios y la superación de la crisis energética son necesidades. Pero la reparación moral es un mandato. Ésta es la razón por la cual la crisis que se desató en la Aduana con Juan José Gómez Centurión o el constante desafío que el aparato de seguridad de la provincia dirige hacia Vidal son mucho más relevantes que la aprobación de las tarifas o la derrota de la inflación. A ocho meses de haber llegado a la Casa Rosada, Macri debe despejar un interrogante estratégico: qué va a hacer frente a las mafias.
La denuncia contra Gómez Centurión espera una respuesta judicial. Sólo se sabe que las grabaciones de la denuncia anónima que presentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fueron editadas.
La voz del funcionario fue injertada en un collage de conversaciones que, por lo que indica el ruido ambiente, sucedieron en momentos diferentes. Gómez Centurión debe aclarar sus contactos con Oldemar Barreiro Laborde, a quien en Tribunales investigan por contrabando. Sobre todo un encuentro en el Buenos Aires Design. ¿Fue allí en busca de dinero o, como él jura, de información? Macri quiere resolver el enigma. Pero, como hizo el martes pasado frente al Gabinete, avala al funcionario.
Mientras se resuelve si a Gómez Centurión lo sorprendieron in fraganti o le tendieron una trampa para inhabilitarlo, queda pendiente un problema más complejo. El director de la Aduana suspendido había investigado una red de contrabando y tráfico de drogas con vinculaciones sistemáticas con los servicios de inteligencia. En el núcleo de ese negocio hay una sustancia: la efedrina. El funcionario también detectó que, entre 2012 y 2015, la adulteración de declaraciones juradas permitió desviar unos US$ 14.000 millones. Cuando se publicaron en el sitio Infobae las grabaciones que Bullrich llevó a los tribunales, Gómez Centurión acababa de formular esta denuncia.
La secuencia es importante no sólo para saber lo que pasó. También para establecer lo que sigue. Por ejemplo: mañana las autoridades de la Aduana deberían ratificar en el juzgado penal económico de Gustavo Meirovich la presentación de Centurión. Aunque esas irregularidades forman parte de otro expediente en el juzgado de Marcelo Aguinsky. El camino a seguir será una señal de si la suspensión del funcionario implica también la del plan de acción que él había diseñado.
Incógnita
La incógnita es significativa. Macri insiste en que su hombre en la Aduana será repuesto apenas se establezca su inocencia. Pero el titular de la AFIP, Alberto Abad, desplazó al equipo de Gómez Centurión. Javier Zabaljáuregui no parece ser un reemplazante interino. En la Subdirección de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, que él dejó, fue designado Hugo Gómez. A la Subdirección de Control fue Ramiro Roibas, de la Aduana de La Plata, que quedó a cargo de Juan Cubisino. Quiere decir que la turbulencia que sacude a Centurión modificó el balance interno de poder: Abad pasó a controlar también la Aduana.
Con independencia de la duración de sus funciones, Zabaljáuregui y sus colaboradores están ante un desafío. Las investigaciones de Centurión exhumaron una denuncia del último titular de la AFI durante el kirchnerismo, Oscar Parrilli: las maniobras de contrabando que realizaba un grupo de espías, encabezados por Antonio Stiuso, amparándose en el secreto de la ex Side. La documentación difundida por Parrilli se volvió verosímil porque el 18 de febrero de 2015 Stiuso fue sacado del país por un funcionario de la Aduana, Damián Sierra, que murió tres meses más tarde. Salieron en un Jeep Grand Cherokee de la empresa House to House, uno de cuyos dueños había sido detenido por narcotráfico. Parrilli acusó a House to House, donde trabajaba Sebastián Sierra, hermano del ocasional chofer de Stiuso, de realizar las importaciones clandestinas de la ex Side.
El fallecido Damián Sierra estaba casado con Silvina Tirabassi, directora de la Aduana durante el kirchnerismo. Los hijos de Sierra están vinculados con algunas de las empresas que investigaba Gómez Centurión. Germán, como director de Drivers Sea; y Juan Manuel, como director de Nakira. En esta última firma figura también Andrés Miller Tirabassi, hijo de la ex jefa de la Aduana. Una peculiaridad del negocio que atacó el funcionario suspendido: muchísimas operaciones se realizaban a través del pequeño Banco Julio.
Al investigar el contrabando, Gómez Centurión se encontró con la telaraña descubierta por Parrilli. Aparecieron pormenores curiosos. Por ejemplo: la responsable de Contraverificaciones de la AFIP lleva el apellido materno de Stiuso: se llama Liliana Scuderi. Las repeticiones son tantas que nadie piensa en casualidades. Aunque tal vez sea un error. Otro caso: Centurión quitó la licencia al depósito fiscal TCT, del ex jugador de Boca Horacio "Cholo" Palmieri. Ayer, la periodista Emilia Delfino publicó en Perfil que el abogado de Palmieri es Santiago Blanco Bermúdez, defensor de Stiuso. La coincidencia de abogados puede ser una pésima pista. Sin ir más lejos, el depósito de "Cholo" Palmieri era el preferido de los hermanos Paolantonio, denunciados también por Centurión. Y el abogado de los Paolantonio es Maximiliano Rusconi. El mismo que patrocinó a Diego Lagomarsino, el amigo que entregó la pistola con la que apareció muerto Alberto Nisman. Pero Rusconi aclaró a este diario que esas conexiones se dieron por casualidad, y que él carece de contacto con el espionaje.
Stiuso también se siente víctima de un malentendido. Por eso tuvo que salir nuevo a la superficie para lamentar, ante la revista Noticias, que se lo acuse por lo que no hizo. Quizás esté en lo cierto. Por ejemplo: los colaboradores de Macri no le atribuyen las grabaciones que sirvieron para denunciar a Gómez Centurión. Creen que las realizó 3C Consulting. Y ligan esa empresa con el ex jefe del Ejército y socio del fabricante de panchos Guillermo Moreno, el general César Milani, y al ex director de la AFI Fernando Pocino. La lupa se posó sobre el empresario Leonardo Scatturice, a quien esos funcionarios culpan por la divulgación de las escuchas.
Hay pocos indicios de cómo se registraron y editaron esas conversaciones. Pero existe un dato llamativo: un kirchnerista que milita en las redes sociales como Ezequiel Faracovi, publicó en Twitter fotos de un seguimiento a Gómez Centurión desde que se reunió con Barreiro Laborde en el Buenos Aires Design, hasta que salió de un comercio de La Horqueta. Faracovi profesa una devoción incondicional hacia Aníbal Fernández, sospechado de vinculaciones con el tráfico de efedrina, el crimen que investigaba Gómez Centurión. Faracovi también admira a Hebe de Bonafini. En esto coincide con Pocino.
Alguna razón, que podría ser el azar, quiso que este enredo sobre escuchas ilegales deba ser desentrañado por Guillermo Marijuán, el fiscal mortificado por un WhatsApp. Marijuan es víctima de cierta propensión exhibicionista: le sucedió al fotografiarse con dirigentes ligados a Sergio Massa, en medio de un jolgorio deportivo. Sin embargo, tiene más suerte que Gómez Centurión. Su mensaje es fácil de explicar, desde el punto de vista procesal no parece reprochable, y tampoco despertaría demasiado ensañamiento: el principal abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, ha sido su padrino judicial.
En Casa Rosada la inquietud por Marijuan tiene otro origen: la presunción de un vínculo con Stiuso, similar al de tantos colegas del fuero federal. Allí circula la versión de que ambos comieron hace poco. Sobre el juez del caso, Ariel Lijo, pesa también una duda: ¿es verdad que tiene o ha tenido en su juzgado a un familiar de Alberto Mazzino, el otro yo de Stiuso en la ex Side?
Justicia federal
El problema excede lo anecdótico. Los mismos servicios de inteligencia sospechosos de proteger al contrabando o al tráfico de drogas, han subyugado a la justicia federal, encargada de castigar esos delitos. Un ejemplo: cuando Centurión desplazó al responsable de la Aduana de Ezeiza recibió un llamado del fiscal Eduardo Miragaya, que trabaja en la AFI para Silvia Majdalani, tratando de impedirlo. Centurión fue suspendido por una llamada dudosa. Miragaya sigue en funciones a pesar de una llamada inequívoca.
La novedad más reciente de esta contaminación entre Poder Judicial, espionaje y narcotráfico tiene que ver con la suerte procesal de Ibar Pérez Corradi. Es el traficante de efedrina acusado por el triple crimen de General Rodríguez a quien se atribuye haber negociado con Miragaya su declaración. Se supone que ensuciaría a Aníbal Fernández como protector de su negocio. Pero acusó, de manera cada vez menos velada, como si fuera una extorsión, a Stiuso. Pérez Corradi está siendo indagado por María Servini de Cubría. Pero esta jueza montó en cólera porque una colega, Sandra Arroyo Salgado, solicitó la inmediata extradición del narcotraficante a Estados Unidos. Los kirchneristas sostienen que Pérez Corradi consiguió con sus acusaciones lo que en realidad quería. Parten de una hipótesis: que Arroyo Salgado es una autómata de Stiuso. Tiene razón para quejarse Stiuso. Le adjudican casi todo lo malo que sucede.
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