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Las tres batallas que propuso Alberto Fernández para su Gobierno
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LA NACIONSantiago Dapelo
Apenas se refirió al estado de situación en la que encontró la economía y no hubo una referencia directa sobre la herencia. El presidente Alberto Fernández ocupó solo seis de los 80 minutos que utilizó para describir como recibió el gobierno hace 81 días. Y para que no haya dudas, como un gesto de buena voluntad hacia parte de la oposición, nunca nombró a su antecesor, Mauricio Macri.
"No busco revanchas", lanzó el Presidente para reforzar el guiño hacia la oposición. "El punto de partida no puede ser otro que el reconocimiento del punto exacto en el que estamos", explicó en un discurso con tono conciliador, lejos del clima de tensión que se vivió en la Cámara de Diputados hace tan solo 72 horas. La respuesta de los legisladores opositores fue consecuente con el trato que recibieron, no hubo carteles contra el Gobierno ni silbidos.
En su discurso, que duró una hora y 20, también buscó dejar en claro las tres batallas que librará en su primer año al frente del Poder Ejecutivo: contra los "formadores de precios", los que se "beneficiaron con la fuga de capitales" y el "oligopolio de los jueces federales".
"No es posible que, con la moneda estabilizada y las tarifas congeladas, al igual que los combustibles, el precio de los alimentos siga creciendo", se quejó el Presidente. Y advirtió a los formadores de precios que "utilizará todas las herramientas legales para combatir la inflación".
"El país no resiste más a quienes priorizan su rentabilidad a costa de los pobres bobos que pagamos lo que consumimos", agregó el mandatario, que leyó su discurso custodiado por la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
En el Gobierno hay un fuerte malestar con los formadores de precios. Es que, pese a que en enero la inflación fue del 2,3 por ciento, el aumento en alimentos y bebidas fue el doble del promedio mensual, 4,7%. Esto en un contexto en el que el acceso a los dólares está prácticamente cerrado y tarifas de los servicios públicos y combustibles se encuentran congelados. En este punto, el Presidente deslizó que podría haber sanciones.
"Estamos analizando las estructuras de costos de los eslabones de la producción, para trabajar en las diferentes relaciones entre intermediarios, logística, canales de comercialización y evitar los abusos de posición dominante. Vamos a fortalecer también los mecanismos de defensa del consumidor y lealtad comercial. Los pícaros que especulan subiendo los precios no tiene cabida en esta Argentina", resaltó el mandatario.
En la presentación, el jefe del Estado expuso sus prioridades y anunció que enviará al Congreso siete leyes: la legalización del aborto, la reforma de la justicia, la ley de hidrocarburos, la creación del Consejo Económico y Social, la ley de los 1000 días, la modificación a la ley de conocimiento y un paquete de tres iniciativas sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
Deuda y fuga
Hubo un punto en el que mencionó que investigará el paso del macrismo por la gestión, en particular para el equipo económico que trabajó durante la gestión de Macri en los créditos internacionales. "Debemos saber lo que pasó, quienes permitieron que ello suceda y quienes se beneficiaron con esas prácticas", describió el Presidente.
El jefe del Estado confió que el Banco Central de la República Argentina, a cargo de su amigo Miguel Pesce, está analizando "de modo pormenorizado" la forma en que nuestro país recibió los préstamos y qué destino tuvo ese dinero. "Todos hemos visto impávidos como los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo, acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejando la carga de la deuda", aseguró el Presidente.
Según precisó, este año los vencimientos de capital por la deuda que tomó el anterior gobierno asciende a 48.968 millones de dólares, sumado a otros 14.838 millones por los intereses. "Es la especulación más dañina que puede enfrentar una sociedad: endeudarse solo para el beneficio de los especuladores y del prestamista", dijo.
La tercera pelea no es nueva, ya la había explicitado durante la campaña y en el discurso que dio el día de la asunción, el 10 de diciembre. Es contra la Justicia, en particular los magistrados que habitan en Comodoro Py y tienen la responsabilidad de investigar los delitos por corrupción. A ellos, Fernández los calificó como un "oligopolio".
Mientras el Presidente daba los detalles del proyecto que enviará al Congreso, las cámaras de la transmisión oficial tomaron al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, dos de los principales asesores del jefe del Estado. Ahí también hubo un primerísimo primer plano para el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.
"Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho", sostuvo Fernández.
En este sentido, anunció la creación de un nuevo Fuero Federal Penal, que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, se diluirá el poder de Comodoro Py.
"Los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado Nacional, dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados", dijo el Presidente. Es, en definitiva, el plan de Beliz, que se impuso sobre la postura que lideraba la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
Sin entrar en la categoría de batalla, Fernández también dejó una advertencia para el campo, al que se refirió como "un actor importante". Aunque sin hacer una mención directa, el Presidente les avisó que el aumento del 3 por ciento en las retenciones a la soja es inevitable.
"Deben hacer el esfuerzo", avisó.
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