Lázaro Báez seguía controlando desde la cárcel sus casas en Pinamar
Minuciosas anotaciones entre los papeles secuestrados en la celda indican los gastos de por lo menos dos de las cinco viviendas
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EL CALAFATE.− “Pinamar: lo controlamos nosotros”, se alcanza a leer en una de las anotaciones manuscritas de Lázaro Báez que fueron encontradas en su celda del penal de Ezeiza durante los allanamientos del martes 10 de noviembre.
La anotación forma parte de las pruebas, junto a las escuchas telefónicas y documentos incautados a su pareja, Claudia Insaurralde, que derivaron en una nueva imputación contra el empresario kirchnerista: liderar una organización dedicada al lavado de activos que él dirigiría desde la cárcel.
Hace varias semanas que en la ciudad balnearia ya había alertas en el sector inmobiliario ante inminentes operaciones millonarias sobre las viviendas ubicadas en uno de los sectores mejor cotizados de la ciudad y sobre las cuales se sospechaba que eran ilegales.
Ni la prisión impidió que Báez, quien se encuentra cumpliendo una condena unificada de 15 años por otros delitos, siguiera teniendo control sobre su múltiple y variopinto emporio disperso por todo el país.
Según la hipótesis fiscal, lo investigan como cabecilla de una organización que administraba, explotaba y ponía en circulación activos sustraídos a la ejecución de las condenas que pesan sobre él.

Para hacerlo, utilizaba como nexo operativo a un hombre imputado en una organización dedicada al tráfico de estupefacientes. Las escuchas sobre Cristian Ibáñez, investigado por narcotráfico, condujeron a los funcionarios de la Unidad Fiscal Río Gallegos a Báez. A Ibáñez, alias “Budín”, Báez le daba órdenes sobre los campos, alquileres, formas de pago y cobranzas.
Junto a los documentos que hoy son analizados en la causa judicial, las referencias a Pinamar se repiten en por lo menos dos anotaciones que llama la atención a los investigados: “Casas de Pinamar”: Austral Atlántica SA.
Báez posee cinco propiedades en una de las zonas más cotizadas del balneario, valuadas en US$1.500.000, que fueron noticia cuando, en 2018, el propio empresario denunció desde la cárcel que tres de esas viviendas habían sido usurpadas.
En tanto que, “Austral Atlántica” SA es una de las sociedades satélites de Báez creada en 2007 con el objeto principal de realizar servicios inmobiliarios por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados.
De acuerdo a la anotación manuscrita secuestrada por la justicia, a la que pudo acceder LA NACION, debajo de “Casas de Pinamar” hay una suerte de ayuda memoria: “Conseguir los libros de la sociedad. Clave fiscal. Deuda estado”, afirma y detalla “Troya: gas $15.000 - luz $3.300. Mando $30.000”. En otra anotación se agrega la consiga: “Helades: gas $ 4.200 y luz $7.200”. Al lado de cada anotación manuscrita, Báez detallaba que enviaba dinero: “Mando $30.000 - $26.500”.
Sobre la calle Troya al 700 se encuentra un chalet de ladrillos a la vista. Es una de las viviendas que estuvo usurpada. En la calle Helades al 900 está otra de las propiedades. El quinteto se completa con tres casas en Libertador al 4100, Goleta Hércules y Poseidón al 400. Todas en Pinamar.

Los gastos de luz, de gas y las transferencias para atender los gastos de Pinamar dan detalles que reafirman que, aún tras las rejas, Báez controlaba sus propiedades al mínimo detalle.
En las anotaciones mostraba urgencia por conseguir información de Austral Atlántica SA, la empresa por cuyo directorio pasaron el histórico contador de Austral Construcciones, Fernando Butti, y también el presidente de la constructora, Julio Mendoza, domiciliada en Pasaje Carabelas 241 de Capital Federal, donde se encuentran asentadas la mayoría de sociedades de Baez.
Según registros oficiales consultados por LA NACION, en 2024 en el nuevo directorio de la empresa se designó a Lorena Verónica Castro y Mirta Alicia Gamarra como presidente y directora suplente, según el acta de la asamblea ordinaria del 16/10/24.
A marzo de este año, según registros oficiales consultados por LA NACION, la sociedad contaba con una deuda de más de $800.000 con la Agencia de Recaudación de la provincias de Buenos Aires (ARBA) y de casi $2 millones en impuestos inmobiliarios.
A la par que la red dirigida por Báez intentaba poner en circulación activos sustraídos a la ejecución, los investigadores detectaron cómo las maniobras apuntaban a una suerte de circuito paralelo de finanzas sobre propiedades que están bajo inhibición judicial.
Días previos a que las maniobras quedaran expuestas por las escuchas judiciales, fuentes del sector inmobiliario de Pinamar ya habían detectado movimientos sobre las cinco propiedades de Báez. Incluso hay quienes señalan que Insaurralde −la pareja de Báez ahora detenida en Buenos Aires− estaba al frente de las mismas.
Las mismas fuentes aseguraron que las cinco propiedades eran ofrecidas y exhibidas a posibles clientes en conjunto por valores que oscilaban entre los US$500.000 y US$700.000, un precio que representa la mitad de lo que las viviendas fueron tasadas en su momento.
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