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La funcionaria bonaerense acusada de haber tirado estiércol frente a la casa de Espert ya está en su domicilio
La jueza Sandra Arroyo Salgado, tras un informe médico que advertía sobre los problemas de salud de la detenida, le otorgó la prisión domiciliaria
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LA NACION
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado dispuso este viernes la prisión domiciliaria a Alesia Abaigar, la funcionaria bonaerense que lleva nueve días detenida acusada de haber arrojado estiércol frente a la casa del diputado José Luis Espert.
Abaigar fue llevada esta noche a su domicilio por personal del Servicio Penitenciario Nacional. La esperaban sus padres.
Arroyo Salgado, que se negó a excarcelar a Abaigar y la mantenía detenida en la cárcel de Ezeiza, accedió finalmente a que sea trasladada a su domicilio -y siga con prisión preventiva ahí- porque recibió un informe médico oficial que daba cuenta de sus problemas de salud y del impacto negativo que podría tener para ella continuar en la cárcel, informaron fuentes con acceso al expediente.
La acusada ya le había informado a la jueza, en su indagatoria del jueves de la semana pasada, de la entidad de sus antecedentes médicos. Tiene una enfermedad autoinmune pulmonar y tuvo una gran operación el año pasado.
El lunes define la Cámara
En paralelo, la Cámara Federal de San Martín debe resolver si corresponde que Abaigar siga presa. La defensa apeló el rechazo de la excarcelación dispuesto por Arroyo Salgado. Fuentes de la Cámara informaron a LA NACION que decidirán el lunes, el día que vence el plazo de la fiscalía para dictaminar.
La defensa de Abaigar venía reclamando que, al menos, le dieran prisión domiciliaria y hoy había presentado un escrito quejándose de que la jueza demoraba su respuesta. Arroyo Salgado había dispuesto que primero opinara la querella -Espert- sobre si debía o no Abaigar dejar la cárcel.
“Vengo a solicitar con carácter de despacho urgente, se deje sin efecto -por inoficioso- el traslado a la querella y se ordene el inmediato traslado de mi asistida a su domicilio particular para posibilitar el tratamiento médico ordenado”, dice el escrito que presentó esta mañana la defensa de Abaigar, con la firma del abogado Daniel Llermanos.
La defensa había alegado que “el propio Cuerpo Médico Forense ha diagnosticado [a Abaigar] como portadora de una enfermedad que requiere, de forma esencial y continua, la administración de Rapamicina, sustancia que torna inviable su permanencia en contexto carcelario debido al riesgo elevado e inmediato de infecciones graves o mortales, conforme consta en la certificación del Cuerpo Médico Forense”.
La defensa sostuvo que, con estos elementos que ya estaban en la causa, no tenía sentido que se le hubiera pedido opinión a Espert. Alegó que se trataba de “una medida de salud no sujeta a controversia entre partes, sino derivada de un dictamen técnico-científico de un organismo estatal especializado, cuya finalidad es proteger la vida e integridad física de las personas bajo custodia judicial”.
La defensa afirmó: “Tal decisión de abrir un contradictorio en una cuestión de salud, urgencia médica y dignidad humana, además de resultar formalmente improcedente, constituye un acto materialmente ilegítimo y contrario a la Constitución Nacional, a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, y a la jurisprudencia consolidada tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
La defensa también le había hecho saber a la Cámara su reclamo para que Abaigar dejara la prisión.
Pedido de juicio político
En paralelo, el senador Mariano Recalde y la diputada Vanesa Siley denunciaron ante el Consejo de la Magistratura a Arroyo Salgado. La acusaron de “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”.
Recalde y Siley, que integran además el Consejo, sostuvieron que Arroyo Salgado ordenó “allanamientos violentos de madrugada”, detuvo “arbitrariamente a militantes peronistas -en su mayoría mujeres-”, a las que mantuvo indebidamente “incomunicadas”; les secuestró los celulares y elementos personales, y las trasladó a “cárceles de máxima seguridad por un hecho que, como máximo, podría representar una contravención municipal”.
La acusación
La semana pasada, cuando le tomó declaración indagatoria, Arroyo Salgado le informó a Abaigar por qué presuntos hechos la había detenido.
De acuerdo con el acta de esa audiencia, la jueza le dijo que se la acusaba de “haber participado” junto con otras personas del “hecho que habría ocurrido el día 17 de junio de 2025 entre las 18:00 y 19:30 horas aproximadamente” en el lugar en donde reside el diputado nacional José Luis Espert, junto con su pareja y los hijos de ella. “En esa oportunidad, la totalidad de los intervinientes, con sus rostros cubiertos con barbijos y prendas de vestir tales como capuchas, bufandas y cuellos, colocaron en la reja instalada en el frente del domicilio mencionado un pasacalle con la escritura que decía ‘Acá vive la mierda de Espert’; a la vez que, esparcieron estiércol sobre la vereda perteneciente al domicilio de mención, el cual transportaron en bólsas de plástico color blanco", relató Arroyo Salgado.
Y agregó: “Mientras se retiraban del lugar arrojaron, sobre esa misma vereda y en sus inmediaciones, 51 panfletos que en ambas caras llevaban la leyenda “Espert sos una mierda... Con Cristina no se jode”.
La jueza expuso además que “para llegar al domicilio antedicho y luego retirarse, los 7 individuos utilizaron dos vehículos”, un Renault Clio que pertenecería a Abaigar y una camionetą de la empresa Centro Construcciones, que cedió su uso a la Municipalidad de Quilmes el 20 de abril del año 2022″. Arroyo Salgado sostuvo que ambos vehículos “tenían intervenidas sus chapas patentes con cintas adhesivas de color negro”.
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