Levantan la feria y ordenan medidas para investigar la denuncia por contrabando contra Mauricio Macri

El juez en lo penal económico Javier López Biscayart levantó la feria judicial y ordenó las primeras medidas de prueba para investigar la denuncia del Gobierno contra el expresidente Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno por el supuesto envío de municiones a Bolivia en noviembre de 2019.

Las medidas de prueba que dispuso López Biscayart incluyen pedidos de informes a la Cancillería, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, la Dirección General de Aduanas, la Fuerza Aérea y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). Por el momento, el juez no hizo requerimientos al gobierno de Bolivia, que este lunes, en una conferencia de prensa, exhibió armamento que describió como parte del material objeto del “tráfico ilícito de municiones” provenientes de la Argentina.

A la Cancillería el juez le pidió, entre otros requerimientos, que aporte “de inmediato el original de la carta que figura como recibida en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia” en la que la Fuerza Aérea Boliviana le agradece la colaboración al gobierno argentino y detalla el material “bélico” recibido. También, que informe si quedó asentado el ingreso de esa carta a la embajada, quiénes estaban destinados allí en aquel momento y “los registros fílmicos de la mesa de recepción de documentos de la embajada”.

En cuanto al Ministerio de Seguridad, López Biscayart le pidió que le remitiera “de inmediato” el sumario administrativo realizado en relación con este caso.

El pedido para “habilitar” la feria judicial lo presentó el fiscal Claudio Navas Rial el viernes pasado, el mismo día que impulsó la investigación de este caso e imputó a Macri, dos de sus ministros (Patricia Bullrich y Oscar Aguad), el exembajador en Bolivia Normando Álvarez García y tres miembros de Gendarmería de alto rango.

En paralelo, avanza otra causa por los mismos hechos. La presentó el excamarista Eduardo Freiler y le tocó también al fiscal Navas Rial aunque con otro juez, Alejandro Catania. Los dos expedientes se van a unificar, pero no está claro todavía en qué juzgado. Junto con su requerimiento, el fiscal le pidió a López Biscayart que abordara esta cuestión y hoy el juez ordenó una “amplia certificación” sobre la otra causa (con su fecha de inicio, objeto procesal, personas imputadas y estado actual) para ver cuál absorberá a la otra.

En la misma resolución, el juez rechazó un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Poder Ejecutivo y había solicitado una copia del expediente para evaluar si se presentaba como querellante. López Biscayart afirmó que ninguno de los hechos que se investigan es atinente “a la competencia de ese organismo”, que es una unidad antilavado.

El Gobierno acusó a Macri, tres de sus ministros y otros exfuncionarios de haber enviado armamento a Bolivia, en noviembre de 2019, para consolidar la caída de Evo Morales y colaborar con las fuerzas armadas y de seguridad en la represión de las protestas. La denuncia tuvo como base una carta de agradecimiento que hizo pública la cancillería boliviana -que ahora López Biscayart le pidió a la Cancillería- que le habría enviado el exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros Lara (hoy preso) el 13 de noviembre de 2019 al entonces embajador argentino Álvarez García. Terceros Lara negó que la carta fuera auténtica y Álvarez García dijo no haberla leído, pero un agregado naval cuya firma aparece en la copia de la carta que tiene la FAB reconoció que esa rúbrica era suya; es decir, que él la había recibido.

En el macrismo sostienen que la denuncia no tiene fundamento y que ellos, por el contrario, colaboraron con Evo Morales y le dieron incluso asilo en la embajada argentina a dos funcionarios de su gestión; uno de ellos, un hombre clave de su entorno: el exministro de Gobierno de Bolivia Carlos Romero.

La información ratificada tanto por el gobierno actual como por el anterior es que Bullrich envió a Bolivia a un grupo de gendarmes, del escuadrón especial Alacrán, que tenía como objetivo custodiar la embajada. Salieron de El Palomar el 12 de noviembre, el mismo día que asumió Jeanine Añez en Bolivia. En un primer momento, estaba previsto que viajar con 3600 municiones 12-70 (balas de goma), pero luego Yavorski, el entonces director de Logística de Gendarmería -uno de los imputados de hoy- amplió el pedido de autorización para sacar otras 70.000. La solicitud la hizo ante la Anmac.

Esas municiones no regresaron a la Argentina y en julio del año pasado -durante el gobierno de Fernández- Gendarmería informó que las habían gastado en Bolivia, en “ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro”. Quien hizo esa declaración oficial fue Carlos Miguel Recalde, exdirector de Operaciones de Gendarmería y uno de los imputados por Navas Rial.

Según el Poder Ejecutivo, es imposible que se hayan usado tantas balas de goma en prácticas. El Gobierno denunció que esas municiones las envió la gestión de Macri, con su conocimiento, “con el objetivo de poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez”.

Bullrich respondió en cambio que el gobierno de Macri nada tuvo que ver con el destino de las balas de goma y que son las nuevas autoridades las que, en todo caso, deben responder por lo que pasó.

Mientras tanto, la semana pasada Bolivia informó que encontró parte de esas municiones en un depósito de la policía boliviana. Este lunes por la mañana, en una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno de ese país, Carlos Eduardo Del Castillo, exhibió armamento que, según su relato, “ingresó desde la Argentina de manera ilegal, sin registros” el 13 de noviembre de 2019. Entre lo encontrado, detalló, hay “26.900 balas antitumulto”.

Según Del Castillo, el material pasó por la embajada argentina en Bolivia, donde “personal uniformado de Argentina” lo entregó “a la policía boliviana”.

“Estos efectivos recibieron sin ningún tipo de documentación cajas de municiones, de proyectiles, de granadas para la policía boliviana. Gran parte también fue entregada a la fuerza aérea de Bolivia y hay un faltante que aún se encuentra en investigación”, dijo Del Castillo en una conferencia de prensa de la que también participaron el jefe de la Policía boliviana, Johnny Aguilera, y el embajador argentino, Ariel Basteiro.

LA NACION

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