Levantaron el pedido de captura de Bonafini, que será indagada en la sede de Madres

Hebe de Bonafini ya no corre riesgo de quedar presa, al menos en lo inmediato, por el fraude con las viviendas sociales del programa Sueños Compartidos. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi levantó el pedido de captura en su contra por no acudir a su citación judicial luego de que aceptó un pedido de sus abogados en el que la dirigente se compromete, bajo juramento, a ser indagada cuando sea requerida.

Técnicamente Bonafini fue eximida de prisión bajo caución juratoria y será indagada la semana próxima o la siguiente en la Asociación Madres de Plaza de Mayo dado su edad avanzada, según explicó el juez luego de firmar la resolución.

Al mediodía, cuando los abogados de Bonafini se habían retirado de los tribunales luego de pedir su eximición de prisión, y cuando el juez acababa de firmar su resolución, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo se fue en micro a Mar del Plata, donde participó de una actividad política.

"Celebro la presentación de los abogados y la muestra de racionalidad de haberse sometido al proceso", dijo Martínez de Giorgi a los periodistas al explicar el alcance de su decisión.

Martínez de Giorgi, a la hora de eximir de prisión a Bonafini, tuvo en cuenta la conmoción pública que generó intentar su detención y que esta situación de inestabilidad social podía prolongarse de mantenerse la rebeldía de la dirigente de derechos humanos.

La situación de tensión política anteayer creció peligrosamente cuando Bonafini no acudió a los tribunales a ser indagada por el fraude que involucra a los Schoklender y a los ex funcionarios Julio de Vido, José López y Abel Fatala, entre otros.

Martínez de Giorgi libró una orden de captura en su contra antes de que Bonafini hiciera la tradicional ronda de las Madres en Plaza de Mayo. Una manifestación de un millar de personas la acompañó desde la Plaza hasta la sede de Madres, en Congreso, caminando por la calle y protegiéndola de un arresto.

Una vez en la puerta del edificio, con miles de militantes y dirigentes kirchneristas, incluidos diputados como Andrés Larroque y Axel Kicillof, la policía, que tenía una orden de allanamiento, decidió con la venia del juez no entrar al lugar para no agravar la situación. Mientras la discusión política en torno del tema subía de tono, con declaraciones del kirchnerismo y del macrismo.

Ayer la policía tenía orden de detener a Bonafini apenas pudiera, pero la tensión se aflojó al mediodía, cuando el abogado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eduardo Fachal, y el letrado de Bonafini, Juan Manuel Morente, de La Plata, se entrevistaron con Martínez de Giorgi en el juzgado. Los letrados presentaron un pedido que contenía dos solicitudes:

-Que Bonafini declarara ayer mismo en la Asociación Madres de Plaza de Mayo, dada su edad avanzada.

-Que sea eximida de prisión. Es decir que se compromete a presentarse ante la Justicia, sin riesgo de quedar detenida, y que como garantía de ese compromiso pone su palabra.

Martínez de Giorgi, que la semana pasada tenía una posición más dialoguista, pero que anteayer se endureció y dictó la captura de Bonafini, ayer volvió a estar dispuesto a reducir la tensión.

Eximió de prisión a Bonafini y dijo que analizará tomarle declaración en la Asociación la semana próxima o la otra, en la medida en que los abogados justifiquen adecuadamente esas razones de salud o de edad ante el juzgado.

Bonafini debe responder ante la Justicia por la firma de dos convenios con el Ministerio de Trabajo para la construcción de viviendas. Estos convenios preveían que los trabajadores iban a cobrar 600 pesos por capacitarse para construir sus casas. El monto total involucrado es de unos 58 millones de pesos. Pero la Justicia estableció que las Madres eran las que se quedaban con esos 600 pesos por trabajador, por lo que Bonafini enfrenta acusaciones de fraude.

El juez no consideró acusarla por lavado de dinero, que es el cargo más grave que enfrenta el resto de los acusados.

Paralelamente a esta causa, la resistencia de Bonafini a presentarse a declarar, y la protección militante que le permitió eludir a la Justicia durante 24 horas, ahora también son materia de una investigación judicial.

Es que el juez le encargó a la Policía Federal que realice un informe donde expliquen por qué no pudieron detener a Bonafini ni allanar la Asociación. Que les digan quiénes eran los dirigentes que estaban en el lugar y que le impidieron cumplir la orden judicial.

En tanto, el juez seguirá el próximo lunes con la ronda de indagatorias en esta causa por Sueños Compartidos. Ese día será el turno del diputado nacional Julio de Vido, ex ministro de Planificación, el lugar de donde salieron los fondos.