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Ley Malvinas: el Gobierno cedió ante EE.UU. y logró dictaminar, pero siguen las dudas por el capítulo sobre libertad de expresión
El proyecto morigera las sanciones a empresas que operan en las islas; con esos cambios, el bloque de diputados de LLA consiguió avanzar con la iniciativa en comisión y prevé llevarla al recinto el 12 de noviembre
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LA NACIONDelfina Galarza
El Gobierno tomó nota. Para algunos aliados, a medias. En busca de avanzar con una de sus banderas políticas más recientes, el oficialismo introdujo significativas modificaciones en lo que refiere a las sanciones a las empresas extranjeras, después de la exigencia de Washington a la Casa Rosada, blanqueada por los dos funcionarios norteamericanos -Christopher Landau y Juan Pablo Segura- que estuvieron en el país la semana pasada.
Pese a la firma del dictamen en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, aún persisten las dudas sobre el capítulo que hace alusión a las campañas de desinformación, que algunos aliados y opositores advierten que puede atentar contra la libertad de expresión.
En ese marco, el bloque libertario logró avanzar con el dictamen de su proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, más conocido como “Ley Malvinas”, con 60 firmas y con la ayuda de sus aliados de Pro y la UCR. Entre los firmantes del partido amarillo se destacaron Cristian Ritondo, Javier Sánchez Wrba y Martín Yeza. También hicieron lo suyo legisladores de Provincias Unidas y Argentina Federal, quienes acompañaron en disidencia.
La discusión en el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores quedó fragmentada. Así quedó reflejado en los otros cuatro dictámenes remitidos por los distintos espacios.
Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 38 firmas, en el que volvió a explicitar su rechazo a todos los apartados ajenos a la causa Malvinas, es decir, los siete restantes. Aun así, desde la bancada que conduce Germán Martínez cuestionaron en duros términos las concesiones realizadas en el título I, que delimitan el alcance de las sanciones contra las empresas extranjeras.
A la hora de tomar la palabra Martínez fue uno de los más críticos con la administración mileista y apuntó directamente contra el asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los ideólogos del texto a través de su alfil en el área de Legal y Técnica, María Ibárzabal Murphy. Durante su discurso no solo lo insultó sino también consideró los ultimos cambios como un “capricho” de Caputo.
En concreto, las modificaciones incorporadas por la administración libertaria sobre esta cuestión limitan el alcance de las sanciones a proveedores y accionistas que sean personas humanas, según resumen a grandes rasgos fuentes oficialistas. Se trata de algunas de las concesiones que llevó adelante en esta oportunidad la diputada Silvana Giudici.
Desde hace dos semanas, Giudici viene intercambiando borradores con los aliados e incorporando sucesivos retoques al proyecto, considerado prioritario por la Casa Rosada. Sin embargo, fue también la ex-Pro, bajo la atenta mirada de Martín Menem, quien actuó como nexo entre el Ejecutivo y el Congreso para encauzar y plasmar en el texto las demandas de Washington.
Todo ello, después de que Landau blanqueara durante su visita al país la preocupación de Washington por la “laxitud” de las sanciones previstas contra las petroleras que operan en las islas. Así fue como el viernes pasado Giudici encabezó una reunión con Caputo e Ibarzábal Murphy, en la que terminaron de pasar en limpio los ajustes destinados a atender los reclamos norteamericanos.
En el caso de Provincias Unidas, el espacio que conduce Gisela Scaglia volvió a dejar en evidencia sus diferencias internas y terminó dividido en tres posturas. Sergio Capozzi respaldó la iniciativa oficialista, mientras que José Núñez y Pablo Farías lo hicieron en disidencia. En cambio, Carlos Gutiérrez, Pablo Juliano y Esteban Paulón optaron por presentar un dictamen de minoría
Los distintos espacios cuestionaron la falta de precisiones en el título XII, referido a la injerencia extranjera, que en su versión original establecía penas de hasta 12 años de prisión para quienes, “actuando por cuenta de un agente extranjero, procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación masivas”.
Si bien el apartado fue sujeto a varios ajustes y dejó afuera los términos más ambiguos del artículo 111, mencionado en el antiguo capítulo VI, en particular, en lo referido a las “campañas de desinformación”, hay quienes dentro de los bloques piden mayores precisiones para asegurar la libertad de expresión.
En concreto, exigen cambios al actual titulo XII de fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones. Una vez más, desde las huestes libertarias admitieron que “así como está no sale en el recinto”. Y es por eso que aclaran que sumarán modificaciones hasta último momento para asegurarse el aval del capítulo.
Según anticiparon a LA NACION fuentes parlamentarias, el objetivo es llevar el debate al recinto el próximo 12 de noviembre, un día después de la partida del papa León XIV, junto con el proyecto de modificación de la carta orgánica del Banco Central, que ya cuenta con media sanción en el Senado.
Entre otros cambios significativos a la iniciativa original, que Milei había presentado con bombos y platillos en cadena nacional, figura la incorporación del Ministerio de Seguridad al Consejo de Seguridad Nacional.
Además, tal como anticipó la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, durante su exposición ante los diputados semanas atrás, se ratificó la comisión bicameral encargada de fiscalizar su funcionamiento.
Por Delfina Galarza
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