Lograr un arreglo, objetivo prioritario en la lucha contra la pobreza

Vencido anteayer el plazo de gracia de 30 días desde el vencimiento de 500 millones de dólares de intereses, los bonos emitidos bajo legislación extranjera se agregaron a la lista de deuda soberana en cesación de pagos. Si bien el país se encuentra en situación de "default selectivo" desde que el gobierno anterior dispusiera el "reperfilamiento" de los vencimientos de corto plazo, el incumplimiento de la deuda emitida baja legislación extranjera acarrearía mayores consecuencias.

Como único dato alentador se podría destacar el hecho de que, luego del pobre interés que despertó la propuesta de reestructuración presentada por el Gobierno, finalmente se decidió recurrir al diálogo con los acreedores para intentar un acuerdo. De no lograrse el mismo, los impactos habría que separarlos entre los de corto y los de mediano y largo plazo.

En el corto plazo la cesación de pagos tendría un impacto marginal en una economía que se encuentra sufriendo las consecuencias de la implosión económica que provoca el aislamiento social -única "vacuna" conocida contra la pandemia que azota al mundo-. Al mismo tiempo, el default no haría más que reconfirmar la imposibilidad de acceder al mercado de capitales, situación que enfrenta el país desde hace dos años.

Ahora bien, si las negociaciones se traban y el país permanece en situación de default, el daño de mediano y largo plazo sería muy severo, siendo el principal costo la profundización del deterioro social que experimenta el país desde hace décadas.

La experiencia de 2001

Reducir la pobreza a un dígito desde el punto de vista económico demanda duplicar el nivel de ingreso por habitante del país. Para lograr este objetivo, la Argentina debería crecer de manera sostenida durante 20 años a un ritmo del 4,5 por ciento anual, algo inédito en la historia del país.

El crecimiento de largo plazo de una nación se determina por lo que ocurre con el empleo, la inversión y la productividad total de los factores. Mientras que el empleo está determinado fundamentalmente por la evolución de la población, los otros dos determinantes son función de la inversión. Un default de deuda soberana restringe el acceso al financiamiento privado, limitando la inversión y, por ende, el crecimiento.

Sirve como ejemplo la experiencia argentina posdefault del año 2001 para ver cómo es desplazado un país en cesación de pagos entre los destinos de inversiones. Mientras que durante la última década del siglo pasado la Argentina recibió casi el 10 por ciento del total de la inversión extranjera directa destinada a América Latina, en los catorce años posteriores al default del año 2001 la participación argentina cayó por debajo del 3 por ciento.

Si bien podría argumentarse que durante los primeros años del siglo XXI el país creció aun estando en default, se debe tener presente que este proceso estuvo caracterizado por la recuperación económica sobre la base de la capacidad productiva ociosa, a la vez que la burbuja experimentada en el precio de las materias primas permitió financiar esa expansión. No parecería ser este escenario el más probable en los próximos años.

El acceso al mercado de capitales, más que deseable, es necesario, al igual que el desarrollo de un mercado de capitales doméstico que permita el financiamiento de la inversión y la mejora de la productividad. Ambos objetivos son incompatibles con una economía en default. El logro de un acuerdo por la deuda en el corto plazo debe ser un objetivo prioritario en la lucha contra la pobreza.

El autor es socio y economista jefe de Arriazu-Macroanalistas