Los bancos deberán informar operaciones sospechosas del Estado

Durante años, Sergio Schoklender retiraba millones de fondos públicos en una ventanilla bancaria, firmaba cheques a su favor que provenían de esas mismas arcas, y ninguna entidad financiera se sintió con la obligación de informarlo. En forma paralela, el Estado pagaba decenas de millones a una fundación privada en Santa Cruz que debían ir a parar a obras en el Yacimiento Río Turbio y no había bancos que enviaran una alerta. Como pasó con la Fundación Madres de Plaza de Mayo y con cientos de casos más, desde plata municipal hasta nacional, un gran agujero negro facilitó los movimientos irregulares con plata pública sin que el sistema financiero lo informara a las autoridades. Un vacío legal liberaba a las entidades financieras de reportar operaciones sospechosas cuando se realizaban a través de cuentas públicas.

La necesidad de cubrir ese agujero es desde hace meses materia de discusión reservada entre autoridades financieras, bancos y organismos encargados de controlar los movimientos sospechosos de dinero. Y terminaron por dar luz a una nueva regulación, a la cual tuvo acceso LA NACION, que obligará a las entidades a informar operaciones anormales de fondos públicos, como hasta ahora ocurría con el sector privado.

Hubo quejas, resquemores frente a las reacciones que podían generarse en el ámbito político, pero finalmente la resolución 30/2017 de la Unidad de Información Financiera (UIF) entrará mañana en vigor. La nueva norma cambia también el sistema para considerar sospechosa una operación. Se pasará a un "enfoque basado en riesgos", donde cada entidad deberá evaluar anualmente a sus clientes. La inclusión expresa como "clientes" de los sectores públicos nacionales, provinciales y municipales en el artículo 25 de la resolución los obligará ahora a informar sus movimientos.

Los cobros de dinero en efectivo que provenían de fondos públicos fue un mecanismo repetido en los casos de corrupción. La maniobra puede encontrarse, por ejemplo, en la triangulación entre la Universidad Tecnológica Nacional, la Fundación Facultad Regional Santa Cruz y los Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que provocó el lunes que el ex ministro Julio De Vido fuera citado a declaración indagatoria y se le prohibiera salir del país. Pero también hubo retiros millonarios de efectivo por ventanilla en los fondos que usaba la agrupación Tupac Amaru en Jujuy. Y se investigan cientos de cobros en la provincia de Buenos Aires con destino incierto. Sin embargo, las alertas que eran obligatorias en transacciones privadas estaban exceptuadas cuando se trataba de fondos públicos. Incluso cuando resultaban a todas luces anormales.

Los eslabones del sistema financiero fueron muchas veces parte del problema. "Veían y no reportaban", reconoció un funcionario. La resolución de la UIF se discutió con el Banco Central y las entidades de bancos. Su implementación será progresiva. "Ya tenemos en producción las reformas del sistema de valores, seguros, fideicomisos, tarjetas de crédito y cooperativas, que esperamos tener listas antes de fin de año. El año que viene vamos a abordar las reformas a los reglamentos de los actores no financieros, escribanos, contadores, auditores, casinos, comerciantes de piedras y metales preciosos, concesionarias de automóviles y otro tipo de actividades", precisó Mariano Federici, titular de la UIF. Recién el año próximo, la nueva resolución se aplicará a pleno.

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