Los gobernadores electos de Juntos por el Cambio surfean la transición, entre el desconcierto y la inquietud por las herencias
Pullaro, Frigerio, Zdero, Torres, Poggi y Orrego enfrentan distintas dificultades en sus distritos; denuncias por designaciones masivas, falta de cooperación o desmanejos financieros; irán a la Justicia por la poda de recursos coparticipables
LA NACION
Los gobernadores electos de Juntos por el Cambio se preparan para gestionar en un contexto inédito. A la profunda crisis económica y social por la espiral inflacionaria se suman el desconcierto y la incertidumbre por la transfiguración general del tablero político. Atentos a la creciente disgregación de la oposición y la falta de liderazgos nítidos en Pro o la UCR, los referentes provinciales que desbancaron al peronismo en bastiones clave aspiran a tener protagonismo en el rearmado opositor. Tras la dura derrota de Patricia Bullrich en los comicios presidenciales, un derrumbe que relegó a JxC al tercer puesto, procuran hacer valer su peso territorial y asumir un papel ejecutivo en la toma de decisiones de la futura conducción del espacio y, sobre todo, en las negociaciones para sacar leyes en el Congreso, donde el futuro presidente se topará con un escenario fragmentado. Dispuestos a consolidarse como un nuevo polo de poder, la liga de gobernadores de JxC piensa sentarse en la mesa con Javier Milei o Sergio Massa para pactar la gobernabilidad discutiendo el reparto de recursos.
Con el propósito de conservar el capital político en sus distritos, evitaron quedar absorbidos por la grieta interna que provocó entre los jefes de JxC el alineamiento con vistas al balotaje entre Massa y Milei del 19 de noviembre, y mostraron autonomía a la hora de fijar su postura neutral. Se alistan para moverse como cuentapropistas en el mapa de poder.
Cuando falta menos de mes para asumir, los gobernadores electos en Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, San Luis, Chaco y Chubut centran su atención e inquietudes en los procesos de transición en sus provincias. Tanto Claudio Poggi (San Luis) como Leandro Zdero (Chaco) o Marcelo Orrego (San Juan) enfrentan los escenarios más hostiles. No solo denuncian falta de colaboración de los caciques peronistas Alberto Rodríguez Saá y Jorge Capitanich para articular el traspaso de mando, sino que alertan sobre un compulsivo pase a planta permanente de empleados públicos contratados o la creación de cargos políticos para ubicar a funcionarios salientes. También advierten sobre el stock de deuda en moneda extranjera y local o maniobras tendientes a desfinanciar sus provincias.
Dado que por ahora reciben gestos de cooperación de los gobernadores salientes en sus distritos, a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) o Ignacio Torres (Chubut) los desvela el impacto que tendrá en las cuentas de sus distritos el fuerte recorte en los recursos coparticipables por la puesta en marcha de la aplicación del programa “Compra sin IVA” y la eliminación del impuesto a las Ganancias, dos medidas que implementó Massa en plena campaña electoral.
La pelea con Rodríguez Saá en San Luis
“No ha existido transición de ningún tipo, más bien, hubo acciones tendientes a dejar un caos”. Quien habla es uno de los dirigentes más cercanos a Poggi. El mandatario electo de Santa Luis se alista para asumir casi a ciegas. Acusa a Rodríguez Saá de haber roto los puentes de diálogo para coordinar el recambio. Es más, denuncia que el actual mandatario creó 53 cargos políticos en la Cámara de Diputados y en el Senado provincial para garantizarles puestos de poder a sus funcionarios o legisladores cuyos mandatos vencerán a fin de año. El equipo de Poggi rechazó en los últimos días la decisión del gobernador de sumar a más de 5000 personas al plantel fijo de la provincia y conceder aumentos de hasta 100% en los salarios.
A su vez, se quejan de que Rodríguez Saá avanzó con licitaciones para la realización de obras públicas por unos 70.000 millones de pesos que excederían el período fiscal de su gestión, con la intención de entregar un anticipo de 21.000 millones de pesos antes de terminar el mandato. Esa maniobra se judicializó.
Además, despotrican por una suba desproporcionado en los montos de los planes sociales: de 50 mil a 150 mil pesos. En el campamento de Poggi estiman que enfrentarán serias dificultades financieras para pagar sueldos y cubrir la asistencia social apenas asuman, dado el estado de las cuentas públicas de la provincia y el impacto de la reforma de ganancias en los recursos coparticipables. “Tiene que haber una compensación por esa baja. Si no, iremos con un recurso ante la Corte cuando asumamos”, aseguran.
Clima hostil en Chaco
El radical Zdero también se dispone a lidiar con un mar de urgencias. Sus allegados acusan a Capitanich de haberse negado a colaborar con la transición y haber abandonado las obligaciones del sistema estatal, minado recursos o haber generado más gastos tras la derrota en las urnas. Advierten sobre la herencia económica y suponen que heredarán una bomba. Los colaboradores del mandatario electo calculan que recibirán una administración con una deuda flotante de 60 mil millones de pesos, vinculada a los impagos a proveedores de la salud -insumos o prestaciones- o de la educación. Estiman, además, que Capitanich dejará una deuda externa de casi 140 millones de dólares, con vencimientos en el mes de febrero. También denuncian el pase a planta permanente de dirigentes “amigos del poder” en Chaco en distintas áreas del Estado provincial, como empresas públicas de energía y agua, la lotería, obras sociales y organismos oficiales. La Unión del Personal Civil Provincial activó protestas en las calles y amenaza con una medida de fuerza en reclamo por la regularización laboral de trabajadores contratados y becados.
“Están generando una situación en la cual será muy difícil pagar los sueldos de diciembre, más aún con la caída de los ingresos coparticipables”, argumentan cerca de Zdero. Frente a ese cuadro financiero y económico, esperan un clima social adverso, sobre todo, por el poder que conservan las organizaciones sociales ligadas al oficialismo. Alineado con Gustavo Valdés, Zdero anticipó que votará positivamente a favor del “cambio” y recordó que nunca estará del lado del kirchnerismo. Un guiño a Milei.
Avances y retrocesos en San Juan
Marcelo Orrego (San Juan) hace equilibrio para no dinamitar el proceso de transición con Sergio Uñac. Hubo reuniones entre los equipos para articular el traspaso. A los aliados de Orrego les preocupa el ingreso al Estado de casi tres mil personas, según las estimaciones de la oposición, y la falta de consenso con el peronismo en la legislatura provincial para la conformación de los organismos de control, la designación de jueces o la adjudicación de obras. Lo que más moviliza a Orrego es el estado de las cuentas públicas. Deberá pagar aumentos de sueldo que están atados a la inflación, ya que los convenios incluyen una cláusula gatillo. “Es una bola de nieve”, avisan cerca del gobernador electo. Calculan que dejarán de percibir unos 65 mil millones de pesos por la reforma de ganancias, que beneficia a unos diez mil sanjuaninos.
Frigerio y Torres, inquietos por las cajas
Frigerio atraviesa la etapa de transición con Gustavo Bordet sin sufrir mayores sobresaltos. Hay canales de diálogo y contactos entre los equipos técnicos y los funcionarios salientes. En el entorno del exministro del Interior siguen con atención las cifras de las designaciones “antedatadas” en planta permanente en el Estado, pero hacen hincapié en que su principal inquietud es el coletazo de la eliminación de ganancias y del IVA en las arcas de Entre Ríos. Por eso, Frigerio decidió que apenas asuma se sumará al reclamo por la poda que aplicó la Nación -que ya presentaron Corrientes y Mendoza- con una demanda contra el gobierno nacional en la Corte Suprema. Está claro que esa maniobra compromete a los gobernadores, que deberán diseñar una ingeniera financiera para pagar sueldos y aguinaldos. Frigerio, a su vez, lidiará desde febrero con vencimientos de una deuda por 66 millones de dólares.
Torres (Chubut) deberá hacer malabares financieros para pagar sueldos tras la caída de ingresos coparticipables por la reforma de ganancias y el stock de deuda en moneda extranjera que heredará de Mariona Arcioni. Se trata de 700 millones de dólares. Y en los primeros tres meses de gestión Torres debería sortear un pago por unos cien millones. Por eso, el gobernador electo buscó acordar con el oficialismo un proyecto de ley para refinanciar ese vencimiento. Esos se cayeron ya que el poder de Arcioni en la legislatura se desgaja. El senador de Pro también denuncia ingresos “a mansalva” en plan permanente. Estima que deberá desplazar a unas mil personas y pagar el costo político. Una ley provincial le permite retrotraer esas designaciones de los últimos seis meses del gobierno saliente.
Transición “ordenada” entre Perotti y Pullaro
Pullaro (Santa Fe) es un caso aparte. En un gesto inusual para la política argentina, el gobernador electo y Omar Perotti consensuaron una transición “ordenada”. A través de una mesa política, los representantes de cada sector intercambian información sobre el estado de la administración. Como muestra de cooperación, Gisela Scaglia, vicegobernadora electa de Pullaro, acompañó a Perotti a la gira por Medio Oriente para buscar nuevos créditos para la segunda etapa del acueducto biprovincial Santa Fe- Córdoba.
Según el senador radical Felipe Michlig, futuro ministro de gobierno de Pullaro, la administración de Perotti terminará su gestión en diciembre de 2023 con un déficit de 200 mil millones de pesos. Además, asegura que se sumaron ocho mil empleados públicos a la plantilla de personal permanente en el Estado provincial desde que Perotti asumió en 2019. El oficialismo aduce que la mayoría de esas designaciones corresponden a las áreas de salud, educación y seguridad. Cerca de Pullaro denuncian pases a planta permanente de personas vinculadas al PJ. De hecho, impugnaron decretos con nombramientos que revisarán apenas asuman. El equipo entrante pidió además cesar las licitaciones y adjudicaciones después del triunfo en las urnas, con excepción de las obras hídricas. A Pullaro también lo afecta la poda en recursos por la reforma de ganancias. Estiman que dejarán de percibir unos 150 mil millones de pesos. “Esto es una medida unilateral del gobierno nacional o de un candidato que quiere mejorar su performance electoral. Vamos a exigir que nos compensen por esta pérdida imprevista”, puntualizó Michlig.
En paralelo, Pullaro avanza con el armado de su Gabinete. Hace varias semanas definió que Pablo Cococcioni, exjefe del Servicio Penitenciario de Santa Fe, asumirá la cartera de Seguridad, el área más sensible en una provincia atravesada por la problemática del narcotráfico. Uno de los primeros proyectos que enviará en diciembre a la Legislatura, donde Pullaro contará con un colchón sustancial de apoyos, será la adhesión a la ley nacional de narcomenudeo para “desbaratar los búnkeres de droga” en las zonas más calientes, como Rosario. Si bien no hubo contactos con los equipos de Milei o Massa, aspiran a consensuar políticas con el futuro gobierno nacional para coordinar el accionar de las fuerzas federales y reforzar los recursos de la Justicia.
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