Los gobernadores peronistas promueven su propio proyecto para reformar la Corte Suprema

EL CALAFATE.- Un bloque de 16 gobernadores peronistas decidió elaborar su propio proyecto para la nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia para promover una Corte mas “moderna, eficaz y acorde a las mejores experiencias internacionales”. En el mismo documento anunciaron que convocaran a expertos y juristas para la redacción del mismo.

De este modo, los gobernadores juegan fuerte en la disputa que el gobierno de Alberto Fernández mantiene hoy con la Corte Suprema, capítulo que se vio acentuado a partir de la disputa por la coparticipación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires y que tuvo otro episodio días pasados a partir de la nueva conformación del Consejo de la Magistratura.

“Los abajo firmantes, gobernadores y gobernadoras de las provincias hemos decidido elaborar un proyecto para una nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que contemple los proyectos ya presentados, muchos de los cuales han tomado estado público y parlamentario”, enuncia el documento que lleva las firmas del gobernador Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán); Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Uñac (San Juan); Sergio Ziliotto (La Pampa); Gustavo Sáenz (Salta); Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Mariano Arcioni (Chubut) y el vicegobernador Eugenio Quiroga (Santa Cruz).

“Asumimos el compromiso de continuar generando consensos entre todas las provincias para instar a un debate legislativo bajo una mirada federal”, aseguró el gobernador bonaerense, al compartir en sus redes sociales los documentos.

Según explican los gobernadores que anoche estuvieron reunidos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para unificar posiciones, “el objetivo es que la Corte Suprema de Justicia sea más moderna, eficaz, acorde a las mejores experiencias internacionales, y principalmente que tenga un verdadero carácter federal. Convocaremos a efectos de la redacción del proyecto de ley respectivo a especialistas y juristas notables de cada una de las provincias”.

Los gobernadores se expresaron a través de dos documentos uno de los cuales lo titularon “Por una Corte Suprema de Justicia Federal” y el otro referido a la preocupación por el transporte público de pasajeros. En ambos documentos se comprometen “a buscar con todas las demás provincias un consenso, para instar a un debate legislativo bajo una mirada federal”, en tanto que reafirman su “absoluto compromiso con la Constitución Argentina, con nuestro pueblo y con el federalismo”.

Por su parte el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil expresó a través de sus redes sociales que los documentos refieren a temáticas que afectan y preocupan a las provincias y aseguró que asumieron el compromiso de “buscar consenso con todas las provincias para instar a un debate legislativo bajo una mirada federal”.

El gobernador de Santiago del Estero, fue otro de los que difundió los documentos a través de sus redes sociales.

Sobre el tema del transporte, los gobernadores de las provincias de La Rioja, Catamarca, San Luis, Formosa, Buenos Aires, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Cruz, Entre Ríos, Tierra del Fuego San Juan, La Pampa, Salta, Chaco, Misiones y Chubut expresaron profunda preocupación “por el transporte público de pasajeros que afecta a la totalidad de los trabajadores no solo de un sector específico, sino a quienes usan el medio de transporte para llegar a sus lugares de trabajo, a los educandos, educadores y en general a toda la sociedad argentina”.

El conflicto de los transporte está latente en varias provincias, hace una semana el gobernador formoseño Gildo Insfrán compartió en redes sociales los dichos de su par santiagueño Gerardo Zamora donde calificaba de “pornográfico centralismo” a los subsidios del transporte donde especificaba que el AMBA recibe el 82% de los fondos destinado de transporte, mientras que el 18% restante se distribuía entre el resto de las provincias.