Los gobernadores radicales justifican la firma del Consenso Fiscal para negociar sus deudas

“No les prometimos nada. Además, firmar el pacto les sirve más a ellos que a nosotros”, se atajaron desde el Ministerio del Interior que encabeza Eduardo de Pedro, en relación al apoyo que tres gobernadores radicales darán hoy al Consenso Fiscal en Casa Rosada.

Mientras miran de reojo al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien avisó varios días antes que no concurriría a la cita, los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suarez (Mendoza) creen que “lo mejor” que pueden hacer es estampar su firma para mejorar sus respectivas situaciones económicas y la capacidad de negociar sus deudas con la Nación.

Aunque los mandatarios aseguran que no utilizarán la nueva herramienta para crear o aumentar impuestos, creen que el eventual faltazo solo les traerá más problemas. “Firmamos porque tenemos deuda que renegociar con Nación, como todas las provincias, y no queremos que tengan como excusa que no firmamos”, afirmaron cerca del gobernador de Mendoza. Uno de los principales escollos que afrontan la mayoría de las provincias son los millonarios fondos a devolver al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses (FGS).

El argumento de las necesidades económicas, también reconocido por Valdés en declaraciones radiales, fue repetido en las últimas horas por los mandatarios radicales a sus pares en la cúpula de Juntos por el Cambio (JxC), con resultados diversos. “Solicito a los gobernadores de JxC que reflexionen. La sociedad confió en nosotros para no aumentar impuestos. Es nuestro contrato electoral”, escribió el diputado nacional Gerardo Milman, cercano a la titular de Pro, Patricia Bullrich, antes del cónclave opositor. Los gobernadores insisten en que no firmarán ningún aumento de impuestos, sólo los “topes” de cada alícuota, y que tampoco se crearán otros, al menos en este acuerdo.

“Voy a ir a la firma del Consenso Fiscal para asegurarme bien de lo que esté escrito. Este consenso tiene condiciones generales donde las provincias y la nación se comprometen a distintas acciones”, había dicho Valdés ayer. Su declaración a radio 10 fue aplaudida en distintos despachos de la Casa Rosada. Cerca de Morales refuerzan el argumento de “firmar para estar adentro y así poder corregir el consenso original”, promovido por Cambiemos en 2017 y que no firmaron San Luis y La Pampa.

“No tenemos ningún mérito adicional, es prácticamente el mismo acuerdo que el del año pasado”, agregaron cerca de De Pedro, mientras negaron que se hubiera prometido alguna “ayuda adicional” a los mandatarios de la UCR. Desde el Gobierno agregaron que estas tratativas, encarnadas en el terreno por la secretaria de Provincias Silvina Batakis con cada ministro de Economía provincial, “duraron como mínimo tres meses”, y que el artículo que autoriza comenzar a discutir el polémico impuesto a la riqueza “la pidieron muchas provincias”, sin dar mayores detalles. Batakis definió el espíritu del pacto en la “armonización tributaria”, que fijará topes máximos para impuestos como Ingresos Brutos, Sellos, Automotores e inmobiliario.

En lo que el Gobierno y los gobernadores de la UCR parecen coincidir, aunque con matices, es en sus críticas a Rodríguez Larreta. “El creó impuestos como los Ingresos Brutos para las operaciones financieras y ahora dice que nosotros los creamos, cosa que no es cierto”, se quejó una fuente oficial. Cerca de uno de los tres mandatarios provinciales, en tanto, sugieren que “Larreta está en campaña”, y recuerdan que “mientras estábamos todos encerrados era él quien se sacaba fotos con el Presidente y (Axel) Kicillof”.

Desde la Ciudad reiteraron que “no pueden firmar” el pacto porque sostienen ante la Corte Suprema su reclamo por la coparticipación que dejó de percibir. “Las provincias arrastran una deuda con la Nación por lo que necesitan el consenso. Es diferente la relación de la Ciudad”, dijo Larreta en declaraciones radiales, con tono diplomático. En el nuevo articulado las provincias se comprometen a no iniciar más juicios o suspender los que están en trámites relacionados, justamente, con el reparto de los fondos coparticipables.

Por Jaime Rosemberg

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