Quieren cerrar la Fundación del cura Juan Carlos Molina, diputado electo por el kirchnerismo

El diputado nacional electo por Santa Cruz el cura Juan Carlos Molina quedó envuelto en una nueva denuncia en Chaco por irregularidades en el manejo de fondos públicos en la sede que tiene la Fundación Valdocco en esa provincia. Se trata de un caso espejo a lo expuesto por el gobierno de Santa Cruz sobre la misma fundación que dirige el sacerdote kirchnerista con base en la provincia patagónica.

Ambas provincias detectaron la duplicación de sueldos en más de 70 docentes, incluido Molina como director. Para el cura se trata de “persecución política” y afirma que las provincias actúan “en tándem”.

Molina, un hombre cercano a Cristina y Máximo Kirchner, fue el candidato sorpresa por el que apostó el kirchnerismo en Santa Cruz para encabezar la lista de diputados. Esa lista logró imponerse por menos de un punto al candidato local de La Libertad Avanza.

A poco de conocer el resultado electoral, la expresidenta fue de las primeras en felicitarlo.

En Cañadón Seco, al norte de Santa Cruz, Molina creó hace más de dos décadas la Fundación Valdocco, un centro de recuperación terapéutica y con fines educativos para jóvenes en contexto de riesgo y marginalidad.

Con fuerte financiamiento estatal y donaciones, la fundación fue creciendo hasta fundar sedes en El Calafate, Chaco e incluso en Haití.

Sin embargo, el año pasado, tras el cambio de color político en Santa Cruz, el Gobierno provincial lo denunció por supuestas irregularidades en el manejo de fondos. Ahora se sumó una denuncia de la provincia de Chaco.

La ministra de Educación de Chaco, Sofía Naidenoff, y el coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, informaron que la sede de la Fundación Valdocco había sido clausurada luego que se detectaran irregularidades en el manejo de los 124 millones de pesos mensuales que la provincia les destinaba para el pago de sueldos a docentes. Según la provincia, constataron que 78 docentes cobraban simultáneamente en Santa Cruz y en Chaco. Tras la decisión, la justicia dio lugar a una medida cautelar presentada por la Fundación y ordenó al Gobierno chaqueño que siga pagando los sueldos.

“Esta medida cautelar obliga al ministerio a seguir pagando, por lo tanto el Chaco va apelar para que no se le aplique astreintes, plata que tiene que pagar la provincia si no cumple, que es dinero de todos los chaqueños con una situación totalmente irregular”, afirmó la ministra de Educación. Naldenoff confirmó que el Gobierno apelará la medida cautelar dictada por el Juzgado Civil y Comercial N° 21 de Chaco.

Consultado por LA NACION, el cura Juan Carlos Molina afirmó: “Por ahora no tenemos nada para decir, ya está dicho todo”. Y agregó: “Hay dos cautelares vigentes y estamos por detrás del amparo. Lo que dijeron (en Chaco) es más de lo mismo que decían también en Santa Cruz, están trabajando en tándem, así que no diré más que eso, porque cualquier cosa que diga terminan sufriendo las familias y los niños”.

Sobre la situación, Molina agregó: “Hay que dejarlos que digan lo que quieran (por los funcionarios), que actúe la justicia como está actuando es lo más importante”, añadió en referencia a la última cautelar de la justicia chaqueña que obliga al Gobierno de Chaco mantener los fondos a la Fundación.

Anoche el Foro de Intendentes Radicales del Chaco, encabezado por Glenda Seifert, repudió la medida judicial que obliga al Estado provincial por seguir pagando los sueldos de docentes de la Fundación Valdocco — institución clausurada por graves irregularidades — y respaldó la apelación presentada por el Gobierno. Los jefes comunales atribuyeron estas irregularidades a la gestión de Jorge Capitanich, pidieron celeridad judicial y reclamaron transparencia y rendición de cuentas por los presuntos hechos de corrupción que afectan al erario público.

En Chaco, la Fundación Valdocco se instaló en el 2010 y creó una Unidad Educativa Privada con albergue estudiantil en General Vedia y en Comandancia Frías. Según la investigación del Gobierno chaqueño, muchos de los supuestos trabajadores de la fundación vivían en localidades como Caleta Olivia, El Calafate, Ingeniero Juárez o la ciudad de Buenos Aires, sin prestar servicios en territorio chaqueño.

“No podemos pagar cerca de 130 millones de pesos mensuales a personas que no están en la provincia”, advirtió el secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, por su parte la ministra de Educación remarcó que la clausura de la sede en Chaco se produjo luego de múltiples pedidos de documentación que la institución nunca respondió, y de constatar que no había alumnos en la sede de Comandancia Frías, en tanto aclaró que en General Vedia se encontraron 25 chicos en situación de albergue, bajo un supuesto tratamiento terapéutico, pero sin vinculación familiar ni encuadre pedagógico adecuado.

La conexión con Santa Cruz

El Gobierno chaqueño fue alertado por su par de Santa Cruz, luego que en noviembre pasado se iniciara un cruce de información entre las dos provincias que arrojó el doble cobro de sueldos simultáneos de personal de la Fundación Valdocco en ambas jurisdicciones. A su vez, la administración del gobernador Claudio Vidal cuestionó que los montos de las partidas para alimentos que se enviaban no coincidían con el número de beneficiados y puso bajo examen los $500 millones mensuales que destinaban a la Fundación.

Molina denunció ser víctima de una “persecución política” en su contra y aseguró contar con el apoyo del entonces papa Francisco, en tanto que presentó un amparo para evitar la suspensión de fondos, que en primera instancia el juez Marcelo Bersanelli, falló a su favor. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones rechazó el amparo y estableció que la Fundación debía informar el número real de beneficiarios.

Mientras tanto, el estado sigue enviando fondos a la escuela de Valdocco en El Calafate -nivel primario y secundario- por más de $250 millones por mes, según confirmaron fuentes del Gobierno santacruceño a LA NACION.

En los tribunales de Santa Cruz hay dos denuncias iniciadas por el Gobierno provincial contra la Fundación, una penal por el manejo de los fondos, hoy en el juzgado de Instrucción 2 de Río Gallegos, y otra presentada en octubre en la justicia federal de Caleta Olivia, donde además se pide que investigue el posible delito de trata de personas sobre niños de la comunidad wichi que fueron llevados al sur.

Por Mariela Arias y Eduardo Ledesma

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