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Los métodos ilegales del Presidente y la vice
Fernández denunció por cadena nacional a jueces y fiscales basándose en una operación de espionaje, lo mismo que Cristina, cuando protestó contra su condena por hechos de corrupción
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LA NACIONJoaquín Morales Solá
Es una lástima, pero Cristina Kirchner convirtió a La Cámpora en una cantera de jóvenes (y no tan jóvenes) acostumbrados al dinero fácil y a las operaciones ilegales en los basurales de la política. La Justicia solo accedió por ahora al 5 por ciento de la información que existe en todos los teléfonos del exsargento de la Policía Federal Ariel Zanchetta, que cumplió también funciones de agente inorgánico de los servicios de inteligencia. Su jefe inmediato, según se desprende de sus chats, es el diputado Rodolfo Tailhade, que fue un importante jefe de la actual AFI (ex-SIDE) en tiempos de Cristina Kirchner. Un experto en el espionaje kirchnerista. Los intercambios telefónicos de Zanchetta se conocen por un dictamen de 169 páginas del fiscal Gerardo Pollicita, quien pidió la declaración indagatoria del exsargento. El fiscal Pollicita y el juez Marcelo Martínez de Giorgi investigan a Zanchetta, preso en Marcos Paz, por el acceso ilegítimo del exsargento a bancos de datos personales, la toma de control de cuentas telefónicas y el requerimiento de sumas de dinero en nombre de magistrados.
Tailhade es también un miembro prominente (para no llamarlo el cerebro junto con Leopoldo Moreau) de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde se tramita el grotesco juicio a los jueces de la Corte Suprema. Ayer, después de que se conocieron los afectuosos intercambios telefónicos entre Zanchetta y Tailhade, la Comisión de Juicio Político decidió no deliberar para no darle a la oposición la oportunidad de hablar de las correrías de Tailhade.
El peronismo tiene una estrechísima mayoría de 16 diputados sobre 15 de la oposición en esa comisión de 31 legisladores. Si Sergio Massa retirara a los dos diputados que le responden, esa caricatura de juicio se caería en 24 horas. Pero el ministro de Economía y candidato presidencial le respondió el domingo último al periodista Luis Majul que él no tenía una opinión sobre ese juicio político porque no había leído los argumentos. ¿Cómo? ¿Quien se postula para ser presidente de la Nación en nombre de la coalición gobernante no leyó los argumentos de un juicio político al máximo tribunal de Justicia del país que inició el oficialismo que él mismo representa? O es muy descuidado o está demasiado condicionado por la familia Kirchner, que es la que realmente impulsa el juicio a los jueces supremos.
Con Massa o sin Massa, lo cierto es que Zanchetta le informó a Tailhade (con quien se mandaba “abrazotes” y se llamaban “compañero”) de los chats entre jueces que sirvieron de sustento para la causa por el viaje de magistrados del fuero penal a Lago Escondido, cerca de Bariloche, el año pasado. Una cámara fotográfica de la Policía Aeroportuaria (PSA) captó el momento en que esos jueces se saludaban con dos ejecutivos del Grupo Clarín. La foto fue difundida por todos los medios cercanos al kirchnerismo, que armaron un escándalo de órdago sin ninguna otra prueba que la inferencia.
Según se desprende de esos chats, fue el servicio de inteligencia de la PSA el que aportó la foto tomada en el Aeropuerto de Bariloche. El jefe de la PSA es desde 2020 el también camporista –cuándo no– José Alejandro Glinski. También se comprueba en esos intercambios que Zanchetta cobraba sus servicios a través de la pauta oficial del gobierno bonaerense que distribuía (¿distribuye?) el camporista Fabián “Conu” Rodríguez, porque aquel trabajaba para un portal de noticias llamado Realpolitik.
Rodríguez y Zanchetta hurgaron también en los viajes al exterior del juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz; elaboraron un preciso y largo historial con la información de la Dirección de Migraciones. En uno solo de los varios teléfonos que tenía Zanchetta, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que es la oficina judicial que interviene los teléfonos por órdenes de un juez o analiza el contenido de las conversaciones telefónicas y de los chats, indagó en 452 chats, 53 videos, 1919 imágenes, 1629 contactos y 1632 audios.
Zanchetta tenía una relación laboral directa con Conu Rodríguez, a quien ayer le allanaron sus oficinas como actual subdirector de la AFIP; él no estaba y, por lo tanto, la Justicia no pudo secuestrarle el teléfono celular. En un momento, el camporista Rodríguez le aclaró a Zanchetta que, aunque él fue destinado a la AFIP (¿sabrá algo del sistema impositivo o fue trasladado para seguir persiguiendo?), no perdió el control de la pauta publicitaria bonaerense porque “todo mi equipo quedó ahí”. En un informe del servicio de inteligencia nacional, se destaca que existió una oficina de inteligencia especial en la provincia de Buenos Aires cuando la gobernaba Daniel Scioli. Hay una larga lista de supuestos seguidos o perseguidos por esa oficina, que incluye a Sergio Berni, a Andrés “Cuervo” Larroque, a Sergio Massa, al secretario de Massa, a Mauricio Macri, a Facundo Moyano, a Graciela Camaño, al arzobispo Héctor Aguer (lo llaman cardenal, distinción a la que Aguer nunca accedió), a Héctor Magnetto (CEO del Grupo Clarín), al empresario Alfredo Coto y a este periodista, entre varios más.
No está claro en el informe si esa oficina fue una creación de Scioli o del camporista Conu Rodríguez, que era el que alimentaba las persecuciones pagándolas con pautas publicitarias. Zanchetta tiene también una relación frecuente con Tailhade, a quien llama “Rodolfo querido” y para quien hizo un relevamiento de todas las causas iniciadas por Elisa Carrió. “Están, le dice, los juzgados y los jueces que le son afines a la Gorda”. Tailhade le contesta con “gracias Ariel”. Y Zanchetta le responde con el ofrecimiento de mucha información sobre la vida del senador cordobés Luis Juez. Después de intercambiar abrazos, abrazotes y de llamarse mutuamente “compañero”, Zanchetta le anticipa a Tailhade que “habrá que ponerse el casco y el FAL al hombro”. ¿Una guerrilla con chismes de los servicios de inteligencia? Sería otra novedad del kirchnerismo en los manuales de resistencia política.
De los archivos en poder del juzgado, surge también que los jueces de la Corte Suprema Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti ingresaron a la Casa de Gobierno en distintos momentos de 2018. Son jueces del máximo tribunal, que tiene una relación institucional con el Poder Ejecutivo. ¿Dónde está el pecado? También se encontraron documentos que hacen referencia a actividades de los jueces y fiscales Juan Carlos Maqueda, Martín Irurzun, Ariel Lijo, Julián Ercolini, María Eugenia Capuchetti, Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia, Sandra Arroyo Salgado (exesposa del fiscal asesinado Alberto Nisman), Carlos Stornelli y Franco Picardi, entre otros. No quedó nadie afuera cuando el kirchnerismo salió en “excursión de pesca”, como llaman en la jerga judicial a las operaciones destinadas a encontrar algo, aunque nadie sabe nada.
El juzgado del magistrado Martínez de Giorgi pidió también asistencia a la Dajudeco para establecer quién o quiénes realizaron maniobras de “SIM swapping”, un método de hackeo de los celulares y de robo de identidad, contra los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Rara casualidad: Giménez Uriburu y Basso integraron el tribunal del juicio oral y público que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos por los manejos corruptos del dinero de Vialidad. Más casualidades: Borinsky y Hornos integran la sala de Casación que debe revisar ese juicio y la condena. Ahora hay explicación para muchas cosas. ¿Cómo La Cámpora no estaría en medio de semejante lodazal si lo que la Justicia investiga es, precisamente, la supuesta corrupción de su jefa política, Cristina Kirchner?
Tamaña cantidad de información reservada sobre la vida de las personas fue calificada por el diputado Juan Manuel López, de Juntos por el Cambio, como “una agencia de inteligencia a cielo abierto”. Martínez de Giorgi debería secuestrar de manera urgente los teléfonos celulares de Tailhade, aunque seguramente toda la información incriminatoria ya fue borrada. No obstante, los peritos forenses pueden establecer que existió esa maniobra en los teléfonos. Sería suficiente. Y también sería necesario establecer cuáles son los contactos que Tailhade tiene con el inasible mundo de los servicios de inteligencia.
Solo con lo que ya existe, puede concluirse fácilmente que gracias a la inteligencia ilegal que aportaba Zanchetta, pagada con fondos públicos mediante las pautas publicitarias que maneja el camporista Conu Rodríguez, Alberto Fernández denunció por cadena nacional a jueces y fiscales que viajaron a Lago Escondido. Del mismo modo, Cristina Kirchner también utilizó esa “inteligencia” prohibida por la ley para denunciar su condena por hechos de corrupción. Las dos máximas figuras del Estado, el Presidente y la vicepresidenta, demostraron que estaban estrechamente vinculadas con las personas que consumaron una actividad claramente ilícita.
Tailhade pretextará seguramente que él cuenta con fueros parlamentarios porque es diputado nacional. Los fueros protegen al legisladores para que puedan ejercer libremente su función, no al teléfono del legislador. El kirchnerismo se cansó de pedir que el diputado Gerardo Milman entregara su teléfono para que fuera analizado en la investigación por el fallido intento de asesinato de Cristina Kirchner. No había ninguna prueba seria contra Milman, pero la Cámara de Diputados autorizó en un trámite muy rápido a la jueza Capuchetti a secuestrar el teléfono del diputado de Juntos por el Cambio. ¿Por qué esa rapidez no podría suceder también con el caso de Tailhade?
Las maniobras de este diputado podrían estar también en el origen de una denuncia del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien aseguró que se pidieron falsamente teléfonos a su nombre. Un funcionario de la oficina de Rosatti, Silvio Robles, fue víctima de la pinchadura ilegal de sus teléfonos. Las conversaciones de Robles sirvieron para que el kirchnerismo recusara en el acto a Rosatti como juez del máximo tribunal en el caso de la arbitraria quita de recursos de la coparticipación a la Capital Federal. Esa recusación fue rechazada “in limine” por los tres jueces restantes de la Corte: Maqueda, Rosenkrantz y Lorenzetti. Sabían que estaban en medio de una operación política que, con recursos ilegales extraídos de la cloacas de la política, intentaba liberar a la lideresa del cristinismo de jueces, empresarios y políticos a quienes ella simplemente no quiere. Ocurrió en las últimas horas que muchas cosas que sucedieron recientemente tienen una explicación, vergonzosa pero explicación al fin.
Tipo de trabajo:análisis
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